Vigilia en las puertas de la Gobernación suma a pobladores de otros municipios; piden carretera y respeto a su derecho propietario

La demanda de los pobladores de Porongo, que hacen vigilia en las puertas de la Gobernación cruceña, va más allá de la construcción de la carretera Buena Vista-Las Cruces, insisten ellos. Dos habitantes y el alcalde Neptaly Mendoza señalaron que buscan la abrogación de la Ley 208 porque afecta su “derecho a trabajar y progresar”.

Los manifestantes están decididos a quedarse en el lugar hasta conseguir su objetivo.

Aumentan las personas en vigilia en las puertas de la Gobernación / Foto: Jorge Gutiérrez

“No es posible que la Ley 208 trate de violar las competencias del Gobierno municipal para perjudicar (porque) limita la actividad de nuestros comunarios (…) Que no vengan con el cuento de querer echarnos la culpa a los porongueños (de) que estamos queriendo poner en peligro el agua”, manifestó el alcalde de ese municipio.

Los vecinos Fernando Vásquez y David Landívar, por separado, coincidieron en que debido a la Ley 208 no podrán hacer mejoras en sus terrenos porque estos se encuentran en la denominada Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó.

Hacen referencia al artículo 11 de la mencionada ley que establece:

“Se respetarán los derechos legalmente adquiridos con anterioridad a la declaratoria de Patrimonio Natural “Guendá - Urubó”, debiendo adecuar sus actividades al cumplimiento de las condiciones y normas de operación, uso y zonificación establecidas en el Plan de Manejo. Queda prohibido, a partir de la fecha, y dentro de los límites señalados en la superficie total de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Guendá Urubó, la concesión de nuevas áreas de colonización, dotación y adjudicación de tierras, autorizaciones de caza o pesca comercial que atente y/o impacte directamente contra los recursos naturales del área, como también queda prohibida la implementación de nuevas urbanizaciones, debiendo las existentes adecuarse a las nuevas disposiciones establecidas en la presente Ley, el Plan de Manejo de la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural y la Ley Departamental 98, ‘Ley de Conservación del Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz’. Se deberán así mismo contemplar las restricciones establecidas en las diferentes zonificaciones establecidas en el Plan de Manejo de la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural”.

Tanto ellos como el alcalde de Porongo señalan que el 70% de ese municipio se encuentra dentro de la UCPN Güendá-Urubó, lo que afecta a 23 comunidades y más de 3 mil familias.

Vásquez, que además es representante del Comité Impulsor de la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista, manifiesta que esa medida busca despoblar Porongo, puesto que al no poder hacer mejoras ni producir en la zona, o vender a un precio comercial, sus habitantes escogerán irse.

Landívar lamenta que haya zonas en las que las tierras correspondan tanto al área urbana como al área rural, por lo que deben hacer trámites tanto en el municipio como en el INRA, lo que califica como un perjuicio para familias que no tienen papeles, pese a que viven en el lugar desde hace varias generaciones.

“Hicieron un mal cálculo, pensaron que, por ser viernes, la gente se iba a ir; pero la vigilia se está incrementando”, señala Vásquez, ya que se suman pobladores de La Guardia, El Torno y Buena Vista, que también se ven afectados por la ley.

Vigilia en las puertas de la Gobernación, la noche del viernes 7 / Foto: Jorge Gutiérrez

Asimismo, indica que ellos propusieron trabajar en una nueva norma, que sea socializada adecuadamente, que se enmarque en el respeto a la propiedad y a las leyes y en la que participen los habitantes.

Sobre la carretera, Landívar recordó que el pasado 27 de abril, en Santa Fe del Amboró, el gobernador cruceño firmó un convenio intergubernativo que viabilizaba la construcción de esa vía, y que ahora existe una negativa para su ejecución.

Mendoza, Landívar y Vásquez manifestaron, por separado, que existe un favorecimiento hacia las “grandes urbanizaciones” que están asentadas en ese municipio, ya sea porque -según observan- la Gobernación se hace ‘de la vista gorda’ con ellas, porque -supuestamente- busca beneficiarlas con una carretera que pase más cerca de ellas, o porque, con la Ley 208, la autorización de nuevas urbanizaciones ya no será tuición del municipio, sino del Gobierno departamental.

"La Ley (208) no trasgrede sus derechos propietarios" afirmó la mañana de este viernes Efraín Suárez, asesor de la Gobernación, si bien aclaró: "existen algunas restricciones que regulan la producción". Suárez invitó a los sectores movilizados a reunirse en mesas técnicas para buscar una salida consensuada.