Violencia hacia la mujer reportada desde los centros de salud: la mayoría es por violación sexual; conozca qué pasa en la Emergencia
Según reportes del Servicio Nacional de Vigilancia Epidemiológica compilados por el Instituto Cruceño de Estadística, 26% llega como víctima de violencia sexual en otros contextos (fuera de casa) y 23% por violencia sexual familiar
Los centros de salud son uno de los espacios a donde una mujer puede llegar en busca de atención por una enfermedad, un accidente, para dar a luz, pero también es uno de los primeros lugares donde puede recurrir luego de haber sido víctima de violencia física o sexual.
La maternidad Percy Boland es un sitio de referencia, pero en realidad, una niña, adolescente, joven o mujer adulta puede ir a cualquier centro de salud, desde una posta sanitaria de barrio (Primer nivel), pasando por el Segundo y Tercer nivel (hospitales con especialidades). Todos están obligados por ley a brindar atención de emergencia.
Acaba de pasar la hora del almuerzo, una ambulancia llega a la maternidad con una jovencita acompañada por su mamá. Aparecen también dos policías (una mujer y un varón). Lo que sucede adentro es parte de un protocolo que la mayoría desconoce, con excepción de aquellas que han sufrido la desgracia de convertirse en una de las 37.649 víctimas de violencia que este año 2024 ha reportado la Fiscalía General del Estado (1 de enero al 2 de octubre).
Lamentablemente fue necesaria su hospitalización, fue llevada a un espacio que debe garantizar la confidencialidad y privacidad de ella, solo doctores, enfermeras, la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía pueden tener acceso a la víctima.
Pero no todas llegan a los centros de salud, algunas no han pisado ninguno, otras asoman días o un mes después, cuando han sentido algún dolor o molestia, en especial las que sufrieron agresión sexual, dice Eliana Montaño, responsable departamental del Programa Género y Violencia del Servicio Departamental de Salud. Y si muchas de estas no llegaron es porque desconocían que esa atención es gratuita y prioritaria.
Líneas abajo se explica paso a paso lo que ocurre adentro de la emergencia. Una vez llega la víctima se activa un protocolo que no es de conocimiento general, ni de ella, ni -incluso- de todos los miembros de la cadena que atiende los hechos de violencia (a veces Policía, Fiscalía).
Hay más casos de violencia contra la mujer registrados en la Fiscalía, que desde los centros de salud. Así se puede comprobar en el Boletín Estadístico Semestral I/2024 de Hechos de Violencia hacia la Mujer reportados en Establecimientos de Salud, que fue elaborado por el Instituto Cruceño de Estadística (ICE), tras una recopilación de los reportes publicados por el Ministerio de Salud, a través del Servicio Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
En Bolivia, la Ley 348 es la que "garantiza a las mujeres una vida libre de violencia". El Gobierno boliviano ha impulsado normativas como la Ley 1173, que establece medidas de protección y busca agilizar los procesos judiciales, y el Decreto Supremo 4399, que refuerza los mecanismos de prevención y protección para mujeres en situación de violencia.
A pesar de estas políticas, aún existen grandes desafíos, como el alto nivel de impunidad y la sobrecarga de los sistemas judiciales, que impiden una aplicación efectiva de las leyes. Esta situación se agrava por una cultura que sigue siendo patriarcal que, según organizaciones de derechos humanos, continua naturalizando la violencia contra las mujeres, convirtiéndola en un problema estructural y cultural de largo alcance.
Los casos de violencia reportados desde establecimientos de salud
En el departamento de Santa Cruz se reportaron desde los centros de salud 414 casos de violencia en lo que va del año y la mayoría se concentran en el municipio de Santa Cruz de la Sierra (308 casos). Los tipos de violencia más denunciados son violencia sexual en otros contextos (26%) y violencia sexual familiar (23%).
El rango de edad más afectado es el de 20 a 39 años, con un total de 153 casos, lo que indica que las mujeres jóvenes y adultas tempranas son las más vulnerables a la violencia. Le sigue muy de cerca el rango de 15 a 19 años, con 117 casos, lo que también levanta la alarma por la prevalencia de la violencia en mujeres adolescentes.
El boletín estadístico está organizado por Región Metropolitana, Chiquitania, los Valles, municipios y otras regiones.
Los datos más reveladores son que en el Norte Integrado las cifras más altas (29%) son por lesiones autoinfligidas (cuando una persona realiza violencia sobre sí misma es porque puede estar pasando por situaciones altamente estresantes) y lesiones colectivas (una mujer es atacada por varias personas) que sigue de cerca con un porcentaje de 22,6%.
Los municipios con mayor cantidad de reportes son Montero y Pailón. La violencia familiar incide en un 19,6% en esta región.
En cuanto a la Chiquitania, la violencia que más se ha reportado desde centros de salud es la física familiar (44,7%), seguida por lesiones autoinfligidas (28,9%). El municipio con mayor cantidad de reportes es San Ignacio de Velasco. En esta región las más afectadas son mujeres de 20 a 39 años.
Mientras que en los Valles, más de la mitad de los casos son por violencia física familiar (54,5%) y también lesiones autoinfligidas (27,3%). El municipio con más casos es el de Mairana.
El protocolo que se activa con una víctima (lo que tiene que saber)
Desde finales de 2015 se ejecuta un protocolo con las víctimas de violencia física y sexual que llegan al sistema de salud. Se trata del abc de manejo clínico de las mujeres víctimas.
Primero que nada el funcionario de salud debe denunciar cualquier caso de violencia que llega a su servicio, además de constituirse en parte denunciante a través de la notificación que como personal de salud hace.
Hay víctimas que no van a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv), pero sí acuden al centro de salud; aunque también se da el caso al revés.
Sea como fuere, toda institución (Policía, Defensoría, centro de salud) que es el primer contacto de la víctima está obligada a activar el protocolo nacional (denuncia, atención y protección a la víctima).
La víctima que llega al servicio de salud es atendida en el departamento de Emergencia porque es considerada una emergencia médica para el sistema de salud público, indistintamente si es el hospital San Juan de Dios, la maternidad, el hospital Japonés, un centro de salud de Primer nivel o de Segundo, por lo que no se le exige la hoja de referencia médica para la atención.
No se le puede negar la atención, por ejemplo, si la víctima está asegurada en la Seguridad Social, pero llega al centro de salud más cercano a su casa, la atienden ahí mismo por la Emergencia, ya después la pueden referir a su Caja. Tampoco se deja de atenderla si no tiene su adscripción al Sistema Único de Salud (SUS) o si no porta su carnet de identidad (hay las que llegan en estado de inconciencia).
Primero es la atención de emergencia y luego se ven los temas legales y administrativos con las entidades llamadas a dar la protección, como por ejemplo, si la víctima es menor de edad se busca la protección de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y si son mayores, se busca los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).
¿A quién notifica el médico de turno que recibe a una mujer víctima de violencia física o sexual? A la Felcv, tienen los números de referencia de los encargados en las diferentes EPIs (Estación Policial Integral).
¿Qué trabajo hace el médico con la paciente víctima de violencia? Se le brinda la atención de emergencia, primero que nada, previniendo enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA y embarazo no deseado. Esto cuando el hecho no ha pasado de 72 horas. Toda esta atención es gratuita.
Y si se trata de una víctima de violencia física (no sexual), igualmente se hace la notificación desde el centro de salud y se da la atención, por ejemplo de tomografía, ecografía, rayos x, incluso operaciones por fractura.
Pero también hay casos en que la víctima no acudió al centro de salud ni se la llevó. Pero aparece porque luego refiere alguna molestia o dolor. En estos casos, igualmente se le hace la atención con lo que se requiera, como por ejemplo, laboratorios para buscar alguna Infección de Transmisión Sexual (ITS) en casos de violación sexual. La atención y los servicios siguen siendo gratuitos.
Y si una víctima llega primero a la Felcv o a la Defensoría, estas instituciones deben llamar a un contacto directo de turno en el hospital o centro más cercano, este es un paso más que se está socializando porque se quiere que toda víctima acuda sí o sí a un establecimiento de salud.
Después de la atención de emergencia viene la toma de evidencia (indicios médico-legal), según explica Eliana Montaño. En este segundo momento la paciente solo puede ser llevada a los centros de Segundo nivel, o también al hospital Japonés y la maternidad (donde hay el especialista para hacer este procedimiento).
Como se entenderá, aquí puede haber un traslado de la víctima, del centro al que fue y le practicaron la emergencia, a un segundo lugar donde harán la toma de evidencia. Ese traslado tiene que ser coordinado y en ambulancia.
En los centros de salud colectan los indicios, que luego son recogidos de los hospitales de referencia por la autoridad competente, en el marco del Protocolo de la Cadena de Custodia. La muestra se lleva el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses).
Todo el Protocolo de atención a Víctimas de Violencia Sexual es monitoreado, supervisado y evaluado por el Servicio Departamental de Salud, a través del Programa Género y Violencia, gestionando también ante instancias como los Gobiernos Autónomos Municipales el asegurar medicamentos e insumos.
Toda esta cadena la supervisan los responsables del fortalecimiento de la estrategia del Modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual (del Sedes), incluyendo el velar porque no falten los medicamentos de la profilaxis que se hace en la Emergencia, en el primer contacto con la víctima sexual (prevención VIH-SIDA, embarazo no deseado, ITS).
Ya luego las instituciones protectoras (Defensoría de la Niñez y Adolescencia o los Servicios Legales Integrales Municipales, según sea el caso) activarán sus propios protocolos dirigidos a la contención y al acompañamiento en el tema judicial.
Datos Fiscalía
Según datos del Ecosistema Justicia Libre, del 1 de enero al 2 de octubre de 2024 ingresaron 37.649 casos. Afortunadamente se ha ido danto una disminución en los últimos años, pero tampoco es significativa y las cifras siguen siendo altas.
En 2023 los casos a escala nacional fueron 51.770; en 2022, 51.911; y en 2021, 47.213.
Según el reporte de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género, la mayor incidencia de casos este 2024 está en el departamento de Santa Cruz, con 13.073; seguido de La Paz, con 9.342; Cochabamba, 5.803; Tarija, 2.519; Potosí, 2.230; Chuquisaca, 2.052; Beni, 1.258; Oruro, 972; y Pando, 400.
El delito con mayor incidencia es la violencia familiar o doméstica, con 28.262 casos; seguido de abuso sexual, 2.753; violación, 2.317; violación niña, niño o adolescente, 1.996 y estupro, 1.376, entre otros.
Con relación a los casos reportados por los Fiscales Especializados en el delito de Tentativa de Feminicidio se tiene a la fecha 92 casos, con lo que se advierte una reducción de hechos a comparación del 2023 cuando se tuvo 113 casos. Los departamentos que concentran la mayor cantidad de casos son: La Paz, con 32 casos, le sigue Cochabamba, con 24 y Santa Cruz con 20.
Sobre los casos de violencia autoinfligida
No hay un reporte específico en Bolivia sobre lesiones autoinfligidas en mujeres como una categoría aparte dentro de las estadísticas oficiales. Sin embargo, la violencia estructural y el maltrato que enfrentan muchas mujeres en el país sí están relacionados con altos índices de afectación psicológica, una situación que ha llevado a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones a proponer evaluaciones y programas de apoyo psicológico para víctimas de violencia de género.
Se sabe que el impacto de la violencia doméstica y de género en la salud mental es profundo y que el estrés prolongado puede llevar a comportamientos autodestructivos en ciertos casos. La Ley 348 en Bolivia incluye servicios de apoyo psicológico, aunque la aplicación y alcance de estos servicios sigue siendo insuficiente para atender la demanda existente. Las organizaciones de derechos de la mujer han enfatizado la necesidad de políticas públicas más amplias que incluyan un enfoque de salud mental y bienestar para mitigar los efectos de la violencia persistente en las víctimas.
