La justicia determinó este lunes la libertad de tres de los cinco imputados por la violenta desatada por parte de los bloqueadores en contra de los policías que acudieron al desbloqueo de la carretera en San Julián. Mientras los otros dos fueron enviados con detención preventiva por 180 días al penal de Palmasola, decisión que será apelada por la defensa.
La resolución fue emitida al concluir la audiencia de medidas cautelares instalada en el Palacio de Justicia, donde el Ministerio Público acusó a los procesados por una serie de delitos vinculados a los hechos violentos ocurridos el pasado 6 de junio durante la intervención policial en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni.
El abogado defensor Jacobo Rodríguez informó que la autoridad jurisdiccional realizó una valoración integral de los antecedentes del caso y dispuso la libertad de tres de los imputados, mientras que dos quedaron bajo detención preventiva.
“Se ha ordenado la libertad de tres personas. Solamente dos personas, por motivos de tiempo, no han podido rendir sus documentos. Sin embargo, se va a agotar la vía de la apelación y posteriormente, en caso de que continúe la detención, vamos a solicitar una cesación a la detención preventiva”, afirmó el jurista al término de la audiencia.
Según explicó, la medida cautelar impuesta a los dos imputados establece un plazo de 180 días de reclusión preventiva mientras continúan las investigaciones.
La Fiscalía presentó una imputación por siete delitos, entre ellos terrorismo, tentativa de homicidio, asociación delictuosa, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, atentado contra la libertad de trabajo y lesiones graves y leves.
Sin embargo, Rodríguez cuestionó la acusación fiscal y sostuvo que varios de los tipos penales atribuidos a sus defendidos no guardan relación con los hechos investigados.
“El Ministerio Público ha realizado una labor totalmente fuera del contexto legal, imputando una pluralidad de delitos como terrorismo, daño calificado, atentados contra la libertad de trabajo y asociación delictuosa, tipos penales que no corresponden porque en ningún momento existieron hechos de esa naturaleza”, manifestó.
El abogado también aseguró que la Fiscalía sustentó la imputación principalmente en un informe de patrullaje cibernético elaborado por la Policía respecto a publicaciones y contenidos relacionados con el bloqueo instalado en San Julián.
“Solamente se ha presentado un informe referente a un patrullaje cibernético que realizó la Policía sobre el bloqueo que se llevaba adelante en San Julián, y eso habría servido para sustentar la autoría. No compartimos esa valoración respecto a las dos personas que fueron detenidas”, indicó.
La defensa sostiene además que los imputados no participaban de las movilizaciones cuando fueron aprehendidos. Según Rodríguez, algunos de ellos se encontraban realizando actividades laborales en la zona.
“Estas personas no estaban participando del bloqueo. Había una persona que se dirigía a su trabajo y otra que se encontraba desarrollando labores de granja, alimentando a su ganado cuando ocurrieron los hechos”, afirmó.
Los cinco procesados fueron investigados tras los enfrentamientos registrados durante el operativo policial ejecutado para despejar la ruta bloqueada en San Julián desde hacía más de dos semanas. De acuerdo con reportes oficiales, la intervención derivó en choques entre uniformados y manifestantes, dejando al menos seis personas heridas, entre ellas cinco efectivos policiales.
Mientras el Ministerio Público sostiene que existen elementos para vincular a los imputados con los hechos de violencia, la defensa insiste en que no existen pruebas suficientes para justificar las detenciones y espera que el Tribunal de Alzada revoque la medida impuesta a los dos acusados que permanecen privados de libertad.