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Los avasallamientos en diferentes zonas de la Chiquitania continúan y este martes, alrededor de mil personas más ingresaron hasta la faja de aterrizaje del aeropuerto Cochamanidis de San Ignacio de Velasco para repartirse terrenos y armar sus chozas. Estos terrenos están en manos de avasalladores desde enero, pero este martes ingresaron muchas más personas. Un grupo de efectivos policiales llegaron al lugar, pero no impidieron los asentamientos, debido a que son superados por la multitud.

Los supuestos avasalladores pertenecen al barrio San José Obrero e ingresaron a los bordes del aeropuerto local a principios de enero, donde construyeron varias chozas. Debido a esta situación la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) decidió suspender en abril todos los vuelos hacia este lugar, por el riesgo que corren los nuevos vivientes, que ya construyeron hasta casas de material.

Los pobladores de San Ignacio reclaman a las autoridades por estos asentamientos porque no existen vuelos comerciales o de emergencia hacia la capital cruceña, pues el aeropuerto Internacional del municipio no ha sido habilitado aún.

A esta hora de la tarde, los presuntos avasalladores ya habían medido los terrenos y se lo repartieron entre ellos con estacas. Un grupo de efectivos de la Policía llegaron a la zona, pero solo verificaron que no hayan enfrentamientos, pues no pudieron hacer más nada porque se vieron superados en números por los más de mil asentados.


Por su parte, desde el Comité Cívico pro Santa Cruz, el presidente en ejercicio Fernando Larach, repudió los asentamientos ilegales y solicitó al Instituto Nacional De Reforma Agraria (INRA) “cumplir con su trabajo” para evitar que la Chiquitania continúe siendo afectada por los avasalladores.

“Los avasallamientos de los campesinos en propiedades privadas, no hace más que confirmar que gente a fin al Movimiento al Socialismo (MAS) busca perjudicar el aparato productivo cruceño y que además se ampara en resoluciones arbitrarias y alejadas de la norma que estaría otorgado el INRA”, señaló.

Larach dijo que ya se envió dos cartas a la Gobernación, y que además se mantuvo una reunión con las autoridades departamentales, para que se organice la Comisión Agraria, para inspeccionar las zonas afectadas y brindar apoyo legal a los afectados, entre ellos empresarios, ganaderos y productores menonitas.

Mas asentamientos

La propiedad agraria Río Grande de Pailón, compuesta por 17 hectáreas, que pertenecen a Hugo Ramón Gutiérrez es otra de las afectadas por los avasallamientos, debido a que un grupo de 70 personas rompieron los alambrados para asentar sus carpas en el terreno.

El abogado, Gonzalo Pedraza, indicó que ya se presentó una denuncia formal en la Fiscalía y espera que las autoridades sancionen a los responsables, que ingresaron de manera ilegal a la propiedad que es destinada para la producción agrícola.

Pedraza dijo que se reunió con la comisión de Desarrollo Productivo Económico y Medio Ambiente de la Brigada Parlamentaria cruceña y obtuvo una respuesta positiva, para ayudar a todos los afectados por los asentamientos en la zona de la Chiquitania.



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