La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Yapacaní cuenta desde ahora con una camioneta destinada a reforzar el trabajo operativo y ampliar la cobertura de atención a víctimas de violencia en comunidades de difícil acceso.
El motorizado permanecía fuera de servicio luego de resultar dañado durante los hechos vandálicos registrados contra instalaciones policiales en Mairana. Su recuperación fue posible gracias a una inversión conjunta entre la Dirección Departamental de la Felcv y el Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní.
El comandante provincial de Ichilo, coronel Carlos Veizaga, explicó que el vehículo permitirá llegar con mayor rapidez a sectores como Campo Víbora y otras comunidades alejadas, donde la distancia y la falta de transporte dificultan que las víctimas presenten denuncias.
"Con este vehículo podremos mejorar la atención en zonas alejadas como Campo Víbora y otras comunidades que, por la distancia, muchas veces no logran formalizar sus denuncias", señaló la autoridad policial.
En lo que va del año, esta instancia atendió cerca de 350 casos en la provincia, de los cuales aproximadamente el 30% corresponde a denuncias presentadas por víctimas del municipio de Yapacaní.
Durante el acto de entrega, el director de la Felcv de Ichilo, Ramiro Mendoza, recordó que la normativa obliga a los gobiernos municipales a fortalecer las unidades especializadas de atención a víctimas. Asimismo, cuestionó que en anteriores gestiones del municipio de Yapacaní se hubieran utilizado recursos destinados a la protección de víctimas para cubrir gastos de funcionamiento, como el pago de servicios básicos de la Felcv y la Fiscalía.
Mendoza informó que se solicitaron informes a las actuales autoridades municipales de Yapacaní y también a los gobiernos de San Juan, San Carlos y Buenavista para conocer el destino de los recursos asignados al fortalecimiento de estas unidades.
Finalmente, el Gobierno Municipal anunció que impulsará brigadas móviles de atención junto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para acercar los servicios a comunidades donde las víctimas enfrentan dificultades económicas y de transporte para denunciar hechos de violencia.