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Con la práctica de las autonomías que se impulsó en todo Bolivia a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE) en 2009, diversos son los avances que se han dado en este marco en las distintas regiones del país. Aunque hay quienes critican y consideran que existe un retroceso en este aspecto. Apuntan principalmente al Gobierno central de no dar paso a una real autonomía que permita su consolidación con la entrega de recursos y competencias a las gobernaciones y municipios.

Hay que recalcar que diversas instituciones cruceñas como la Gobernación y el Comité Cívico consideran que este proceso arranca, oficialmente en el departamento, una vez realizado el Referéndum Departamental del 4 de mayo de 2008, en cumplimiento del Art. 4 de la Constitución Política del Estado vigente en esa fecha, La Ley Marco de Referéndum y la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana. 

Esta primera manifestación popular realizada en Santa Cruz y en la que se aprobó la ejecución de un estatuto autonómico, luego es replicada en Tarija, Beni y Pando, posibilitando mediante referéndums el inicio de la autonomía en el país. "Hay que reconocer que la CPE recoge de ese estatuto aprobado por el pueblo cruceño, la 'institucionalidad autonómica' que aprueba la institución de una gobernación y de una Asamblea legislativa departamental ", dice el abogado cruceño Juan Carlos Urenda, uno de los redactores del estatuto autonómico de Santa Cruz.

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Aunque Urenda también critica que dentro de esa misma CPE existe un "germen de la propia destrucción de las autonomías", que si bien las instituciones están bien estructuradas las competencias son muy centralistas lo que "hace imposible" de que haya una autonomía de verdad. "No tenemos una autonomía en los hechos. El Estado está mas centralizado que nunca. No hay una voluntad política y también ha fallado una estrategia de lucha y defensa por el proceso autonómico por parte de los Gobiernos departamentales.

"No hay nada que festejar, solo reflexionar sobre lo que ocurrió con esa manifestación popular que votó por este proceso", resaltó. (Te invitamos a escuchar la entrevista con el abogado cruceño).

Por su parte, el actual viceministro de Autonomías y anterior ministro de esta cartera de Estado, Hugo Siles, considera que el proyecto de Estatuto autonómico que tenía Santa Cruz en 2008, era un documento que no había considerado una visión "integradora y unitaria del país", por lo que en un principio se incorporó un sinúmero de competencias que iban más allá, incluso, de la realidad que tienen otros países federados como EEUU y Brasil, que incluían recursos naturales y tierras y otros. "Medir el estatuto de ese entonces (2008) con la realidad del país no hay duda de que no corresponde".

"El proceso autonómico que instala el Estado Plurinacional a partir de la nueva constitución es una visión que tiene una unidad de integración, se incorporan otras autonomías como la de los Pueblos Indígenas y otras que también están en la vigencia de los Gobiernos en las cuatro autonomías que existen", dijo.

Siles considera que las 36 competencias que tienen las Gobernaciones departamentales en términos de alcance de definición, uso de recursos públicos y cualidad legislativa son muy distintos a como se manejaban antes las prefecturas. "Ahora es muy distinto. Antes, no habían competencias como legislación ni leyes departamentales que corresponden a políticas sobre economía y desarrollo social y políticas dirigidas a la niñez y a la adolescencia", apuntó.

(Te invitamos a escuchar la entrevista con el viceministro de Autonomías)

Posición parlamentaria

Para la diputada de Unidad Demócrata, Eliane Capobianco, las autonomías en el país están en el camino correcto a "pesar de las muchas piedras" que el Estado le ha puesto; "es un proceso que no tiene marcha atrás", dijo en PAT.

Capobianco remarcó que esta es una lucha de manera permanente y que en la aprobación del estatuto autonómico que presentó Santa Cruz, se tiene un 75% de avance, algo que "es relevante porque es un pilar importante para la consolidación de este proceso".

Por su lado, Édgar Romero, diputado del MAS, defiende la postura gubernamental al afirmar que se está buscando una autonomía real como lo manda la nueva CPE en donde se determina que el Estado reconoce los tipos de autonomía tanto departamentales como regionales e indígenas. 

 

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