Los otros dos pelean con más de 30 procesos abiertos cada uno. La próxima en ir a prisión puede ser Savina Cuéllar. La oposición ve persecución y el oficialismo, diligencias judiciales personalísimas. Aseguran que hay más presos del MAS

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19 de marzo de 2017, 5:00 AM
19 de marzo de 2017, 5:00 AM

El grupo de prefectos que entre 2007 y 2008 acorraló a Evo Morales y lideró la oposición regional a su Gobierno, hoy es un grupo de personas que debe atender múltiples procesos en su contra. Los miembros del Consejo Nacional de la Democracia (Conalde) acumulan sentencias en su contra y los que no están presos, condenados o refugiados en otros países, tienen decenas de procesos judiciales que penden sobre sus cabezas. 


En 2005, junto con Evo Morales, llegaron a las prefecturas Rubén Costas (Santa Cruz), Leopoldo Fernández (Pando), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija), Manfred Reyes Villa (Cochabamba) y José Luis Paredes (La Paz). En 2008, tras ganar las elecciones en Chuquisaca, después de la renuncia del masista Daniel Sánchez por las muertes de La Calancha, Savina Cuéllar. 


Hoy, cuatro de los siete prefectos tienen al menos una sentencia en su contra (Cuéllar, Fernández, Reyes Villa y Cossío), tres tienen algún tipo de detención (Fernández y Cuéllar con detención domiciliaria, y Suárez con prisión preventiva), tres tienen refugio político en otros países (Reyes Villa en EEUU, Cossío en Paraguay y Paredes en España), mientras que los tres que no tienen condenas aún enfrentan decenas de juicios en su contra (Costas y Suárez, más de 30, y Paredes, al menos una decena).

Situaciones y enredos
Leonardo Ávalos, hijo de Savina Cuéllar y exchofer de Evo Morales, asegura que la situación de su madre es de espera. Lleva seis años con detención domiciliaria y si sale de su casa es para atender las audiencias de algunos de los siete otros juicios que tiene en su contra. Cuéllar ya tiene sentencia en dos. Uno de ellos está con recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia y Ávalos cree que la sentencia saldrá en un par de semanas. “Viendo lo que pasó con Leopoldo Fernández, no tenemos muchas esperanzas”, dice Ávalos.


Vladimir Peña, secretario de Gobierno de Santa Cruz, habla de judicialización de la política. Asegura que el Ejecutivo nacional maneja los tiempos de la justicia a su conveniencia, que los juicios se detienen en periodo electoral, pero que luego vuelven con mayor fuerza. 


Añade que en pocas semanas el Movimiento Demócrata y Social ha logrado que cese la detención del exgobernador de Beni Carmelo Lens, pero solo para reemplazarlo por el vicepresidente de su partido, Ernesto Suárez. También está en la cárcel el alcalde de Concepción. Cuando afrontamos el referendo del 21-F, éramos conscientes de que la derrota del MAS la íbamos a sufrir en carne propia”, auguró. 

Personalísimos
Para el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, cada caso es muy particular y no es bueno meter a todos en la misma bolsa. Advierte de que, en administración pública, los actos tienen repercusiones posteriores y que, por ejemplo, en Beni, se han visto obras de poca calidad y carreteras que no se han construido. A Siles no le gusta el término judicialización de la política. Reclama por qué no se hace un conteo de las autoridades masistas presas. Asegura que hay muchos alcaldes, exministros y exparlamentarios presos por indicios de corrupción, sin que nadie diga que eso es judicialización de la política. “La diferencia es que los del MAS se quedaron para afrontar sus juicios, no buscaron refugio en otros países o se declararon perseguidos”, dijo.


Para el sociólogo y analista político Franz Flores, la sentencia a Fernández y el encarcelamiento a Suárez son aún resabios de la polarización política que tuvo en jaque al país entre 2006 y 2008, que es producto de la mano dura, sin que esto signifique que Leopoldo Fernández o Suárez sean santos. Cree que se puede dar un proceso similar al vivido en Ecuador, donde la virulencia judicial y política recrudeció en la misma magnitud en que Correa perdió popularidad. 


Mañana, otro exprefecto puede ir preso. Se trata de Costas, que deberá enfrentar una audiencia de medidas cautelares por una denuncia que le siguen avasalladores de predios del parque industrial liviano, que fueron desalojados hace un par de años