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No lo podía creer. Jorge Miranda, director de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Oruro, escuchó en enero que la Asamblea Plurinacional invitó a las universidades bolivianas para calificar a los candidatos a magistrados. El sistema universitario boliviano revisará la hoja de vida y asignará 40 puntos por su formación académica. El entusiasmo es compartido por varios académicos; sin embargo, al observar de cerca la forma en que se calificará a los postulantes, empiezan a surgir algunas dudas. 
Ser abogado vale cuatro puntos, y algunos académicos lo consideran demasiado. En cambio, están de acuerdo en que tener un doctorado valga diez y una maestría, cinco puntos. Una segunda maestría añade un punto a esta calificación, y se pueden acumular hasta siete puntos. 

Si el abogado tiene una especialidad, se le asignan tres puntos y dos puntos si tiene un diplomado en Derecho.  “No puedo creer que los políticos quieran perder el control hegemónico de la justicia. Eso incluso traería procesos en contra de ellos”, dice, porque el sistema también tomaría en cuenta la experiencia profesional, la experiencia en docencia y la experiencia en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Agroambiental, en el Tribunal Constitucional Plurinacional y en el Consejo de la Magistratura (que es como el control interno del sistema judicial). 

Examen para postulantes
Además de estos 40 puntos, el sistema universitario se hará cargo de otros 30. Los postulantes deben responder 60 preguntas. Según Emilio Barea, director de carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, se hará una base de 6.000 preguntas dirigidas a evaluar las competencias para cada instancia a la que se presente el postulante. Cada una de las 13 universidades que tienen carreras de Derecho se encargará de redactar estas preguntas. “Las universidades entregarán las respuestas al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) en un sobre cerrado. Se hará el sorteo el mismo día, así que la posibilidad de filtración es nula”, dice Barea, que también es delegado de la Católica ante el CEUB. 

Jefes de carrera de Derecho, vicedecanos y algunos rectores- se mostraron preocupados. El sistema universitario boliviano, formado por 15 universidades, puede ser utilizado por el poder político para validar la elección de candidatos a magistrados de los bolivianos. “Pongamos límites académicos a nuestra participación. Si no se cumplen esos límites, abandonamos”, propuso Fátima Tardío, directora de Derecho de la San Francisco Xavier. 

Elegir a los postulantes de 52 cargos es una responsabilidad tan grande que Tardío no quiere que la población crea que los abogados se corrieron, y el rector de la Universidad Mayor de San Simón, Juan Ríos del Prado, advierte que son los políticos los que asumirán la responsabilidad de la elección final y que, finalmente, “es preferible participar y cometer errores que no participar”. El vicedecano de Derecho de la Uagrm, Roque Méndez, dice que en algún lado puede estar la trampa. Ya ha sucedido. La sombra de la elección de magistrados, realizada en 2011, fue un fracaso, según dijo en 2015 el vicepresidente Álvaro García Linera. La Asamblea se inclinó por jueces afines al partido de Gobierno. 

Como hace notar Adrián Montoya, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Tomás Frías,  los 30 puntos finales que asignará la Asamblea Plurinacional en una entrevista al postulante pueden ser determinantes. Lo apoya el decano Silvestre Íñiguez: “Ese 30% genera dudas. Es demasiado”. 
El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, considera que el filtro que puede usar la Asamblea está en la entrevista y en los 30 puntos. “En ninguna parte del proceso la universidad participa de manera autónoma. Siempre comparte con las comisiones mixtas. Si eso es manejar un 70%, no lo comparto”. 

Todo esto hizo que, hasta último momento, el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, condicionara su participación como comisionado para elegir al grupo de los ocho docentes que evaluarán las horas de vida de los postulantes. Su condición: un pacto entre oposición y Gobierno, para que no interfieran en el proceso de calificación. A mediados de esta semana, la secretaria de desarrollo institucional del CEUB, Sandra Villafani, dijo que Albarracín participará de esta comisión, que está también integrada por Oswaldo Ulloa (Uagrm), Humberto Trigo (UMSS), Fátima Tardío (SFX) y la misma Villafani. 

Paridad de género 
Arrázola observa la necesidad de incorporar un 50% de mujeres y al menos una persona de origen indígena originario campesino en los tres tribunales y en el Consejo de la Magistratura. Así lo estipula el reglamento para la preselección de postulantes. Si no se cumple este artículo, la convocatoria puede declararse desierta. Si falta un representante indígena o no se llegue al cupo de igualdad de género, se habilita el postulante que tenga la siguiente mejor calificación, sea indígena o mujer, según corresponda. “Eso ya no es meritocrático, porque el sistema clasifica en razón de sexo y clase”. 
Una observación de Adrián Montoya (Tomás Frías) es la asignación del puntaje a la producción intelectual. “Se asignan solo cinco puntos  y pertenecer a un pueblo indígena, dos puntos. Es prácticamente la mitad de la producción intelectual”. 

Arrázola considera un avance que las universidades realicen el banco de preguntas, pero el abogado William Herrera cree que se puede repetir el desastre de la elección de 2011, porque será la Asamblea Legislativa la que decidirá quién entra en carrera. El exrector Silverio Márquez no cree que la universidad haga un buen trabajo. Sugiere que se elija a notables para ocupar los cargos.  

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