Ejecución extrajudicial con fines políticos
El caso de la ejecución extrajudicial de Eduardo Rozsa, Arpad Magyorosi y Michael Martín Dwyer en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009 quedará en la historia como un proceso indigno y vengativo donde se vulneraron los derechos fundamentales de los acusados y fueron extorsionados por el exfiscal Marcelo Sosa y sus inmediatos colaboradores y también se instrumentalizó para perseguir a los opositores políticos.
Esta ejecución violenta estuvo precedida, en realidad, de una sistemática acusación a la dirigencia cruceña de separatista-terrorista, la persistente victimización del presidente Evo Morales, la toma militar de Pando y las instituciones cruceñas, el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, la aprobación en un cuartel de Oruro de la nueva Constitución, la reelección y posesión en enero de 2009 del mismo Gobierno, y así tenían abonado el terreno para terminar de liquidar a la oposición, concentrada en la ‘media luna’.
El MAS en 2009 tenía el Gobierno pero no tenía el poder absoluto, al estilo de Hugo Chávez en Venezuela o los Castro en Cuba y, por tanto, la pugna era evidente entre los gobernadores de la ‘media luna’, que buscaban la conformación de gobiernos departamentales autónomos, y el Gobierno de Evo Morales, que buscaba imponer un régimen hegemónico y autoritario.
Este complot funcionó a la perfección porque logró el sometimiento de la dirigencia cívica empresarial cruceña y el masismo avanzó en Santa Cruz. A partir de estos hechos se resquebrajó la institucionalidad cruceña (los empresarios quedaron prohibidos de hacer política y de ayudar económicamente a las movilizaciones regionales), y el presidente bajó el tono y dejó de llegar clandestinamente.
A ocho años de la masacre en el hotel Las Américas, se puede asegurar que fue un complot contra Santa Cruz y la media luna, por cuanto: 1) Eduardo Rozsa y sus acompañantes no eran un grupo terrorista o “mercenarios de extrema derecha”, pues por su trayectoria tenía más afinidad ideológica con el MAS, que con la causa de la autonomía de la media luna.
- El atentado a la casa del cardenal no fue ejecutado por Rózsa y su grupo, ya que el vehículo Toyota Starlet color plomo, con placa 037-ZGC, presentado por la Policía como el utilizado en el atentado al cardenal, es diferente del vehículo de Rózsa, marca Hiunday de color plomo que estuvo parqueado en el hotel.
- Existe la denuncia del 30 de marzo de 2009, con cargo de la Fiscalía del Distrito de La Paz del 14 de abril de 2009 (antes del fatídico 16 de abril de 2009), donde el Ministerio de Gobierno pide al Ministerio Público investigar si existe la posibilidad de que estos hechos se produzcan, con lo cual se evidencia que no hubo ningún hecho delictivo y que el atentado a la casa del Cardenal fue el pretexto para la ejecución extrajudicial.
- Pese a la planificación, realizaron el operativo sin orden judicial ni presencia del fiscal Marcelo Soza, con lo cual todos los elementos de convicción recolectados constituyen prueba ilícita que deberá ser expulsada del proceso, cuando se tenga un tribunal independiente.
- Tampoco se inspeccionó ni reconstruyó la masacre en el lugar de los hechos, diligencias imprescindibles para el esclarecimiento de lo que ocurrió en el hotel Las Américas.
- Y como ya había denuncia, fiscal y un juez instructor esperando órdenes en La Paz, no cabe ninguna duda de que el caso terrorismo fue armado por el Gobierno y tenía la finalidad política de hegemonizar todo el poder y doblegar a la dirigencia cruceña.
- El grupo Rózsa no ejecutó algún hecho delictivo que ponga “en peligro la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella…”
-Se puede concluir entonces que los acusados son inocentes, habida cuenta que se les atribuye un hecho penal ‘inexistente’ o atípico y, por tanto, este juicio -lejos de garantizar los derechos fundamentales-, se ha convertido en un verdadero proceso del terror, puesto que los imputados no saben por qué se los acusa y otros han tenido que reconocer algo que no existió.
- Este proceso no solo se ha encargado de vulnerar los derechos de los imputados, y minar la legitimidad, la independencia, e imparcialidad del Órgano Judicial, sino fundamentalmente cómo se instrumenta la justicia y se abusa del poder a plena luz del día y hasta por escrito.
