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Antes de su misteriosa muerte, Dominga Fernández, la alcaldesa de Cuatro Cañadas, fue varias veces a la Casa de la Mujer. Ahí la ayudaron a encaminar un proceso por acoso político y más de una vez, pese a que en público su fortaleza era evidente, encontró consuelo en sus lágrimas. “Hay obras. Audítenme. Yo soy una víctima. Han quemado mi casa. Me han amenazado de muerte. Mis hijos sufren un trauma sicológico”, repetía ante los medios de comunicación. 

Dominga sufrió acoso político. El suyo es uno de los 572 casos de todo el país que registró la Asociación de Concejalas de Bolivia en 10 años de trabajo. En Cuatro Cañadas le repetían a la alcaldesa que vaya a cuidar a sus hijos, que cocine para su marido. Al marido le dijeron que ella tenía amantes. 

Los pobladores, azuzados por un par de personas que la misma alcaldesa se encargó de identificar, quemaron su casa. Jamás pudo volver a entrar a Cuatro Cañadas. Tuvo que refugiarse en la comunidad 26 de Agosto. Un día encontraron su cuerpo y a nadie se convenció de la idea de un suicidio por envenenamiento. Ni a los de la Casa de la Mujer, que vieron de cerca su valentía, ni a gente como Juan Carlos Solares, que trabajó cerca de ella y que la consideraba una persona llena de empuje y voluntad. 

Ley contra el acoso
Desde julio de 2013 existe en Bolivia una ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Su aprobación fue apurada por el crimen del que fue víctima Juana Quispe, concejala de Ancoraimes, conocida por su celo fiscalizador. Pese a las agresiones físicas y amenazas, y a dos amparos ganados, fue encontrada muerta, con señales de ahorcamiento, el 12 de marzo de 2012 en La Paz. Había decidido asistir a una marcha en apoyo al acullico, el 11 de marzo. 

La ley, lamentablemente, no se cumple, según dice la sicóloga Greta Vargas, que diariamente atiende en la oficina cruceña de Mujeres Creando a mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia. “Es una ley declarativa o enunciativa. No hay ningún caso, o hay muy pocos, con resultados en la esfera judicial. Se acosa a las concejalas o incluso a las madres de las juntas de colegio que ejercen el control social”, asegura.

Esa ley fue una manera de tapar, a la rápida, un problema mediático, según Vargas. Por eso no responden a un proceso serio de despatriarcalización, que es un mandato constitucional. Miriam Suárez, directora de la Casa de la Mujer, dice que la ley se trabajó durante 12 años en los que hubo intensos debates. La aprobación fue posible gracias a un primer momento de apertura que hubo al comienzo de la gestión de Evo Morales, pero aún falta hacer que la ley ‘baje’ a las estructuras de la administración pública. Para Suárez, el acoso político es un problema tan profundo y estructural como la violencia, porque ambos tienen en común la discriminación que el hombre hace a las mujeres. 
“En el caso del campo político, la discriminación tiene que ver con la disputa del espacio y del poder. El hombre no va a perder espacio; considera que la mujer que ingresa al ámbito político está ingresando a un área que era de exclusividad propia de los hombres. Ellos eran los que debatían, discutían y pensaban”. 

María Galindo, de Mujeres Creando, considera peligroso que en el proyecto del nuevo Código Penal en discusión, que ella tacha de masista, se dice que ninguna autoridad podrá presentarse cuando tenga una sentencia ejecutoriada por violencia machista. “Hemos demostrado que, de todos los casos denunciados, ninguno tiene sentencia ejecutoriada. Lograr una sentencia por acoso político o machista es un proceso largo. Además, las autoridades originarias socaparon estos casos de violencia”, dice. 

El problema de las pruebas
Uno de los problemas que tienen las dirigentes es probar que son víctimas de acoso político. Cuando se trata de conseguir las actas donde se registran palabras ofensivas en las sesiones, se exige requerimiento fiscal y hubo casos en los que se ha vertido tinta sobre los párrafos comprometedores para retrasar el proceso. Por eso, la Asociación de Concejalas de Bolivia pide la instalación de cámaras. Según la abogada de Acobol, Sandra Silva,  las víctimas deben contar con patrocinio gratuito de un abogado.  

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