Marlene Nancy Ramos Rojas tenía siete años cuando encontró la muerte por su inocente curiosidad. El 20 de septiembre de 2003 fue a la ventana de su casa, en Warisata, en el departamento de La Paz, para ver el helicóptero militar que había llegado a la zona para buscar a dirigentes campesinos.

Una bala ‘perdida’ impacto en su pecho. Su padre la encontró sin vida en el suelo. Ese sábado iniciaba la denominada guerra del gas y era el principio del desenlace del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy, tras 14 años, poco se avanzó en el clamor de justicia de los afectados en Bolivia, aunque en Estados Unidos hay más progreso en el juicio civil contra el expresidente Sánchez de Lozada y de su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.       

Eloy es el padre de Marlene. Él la llamaba de cariño “Marleni”. Eloy tardó en recuperarse de la irreparable pérdida y hoy relata parte de los hechos. Recuerda la llegada de los militares a Warisata, ese sábado 20 de septiembre, y ante la mirada de “muchos inocentes” dice que empezaron a disparar bajo la excusa de buscar a los dirigentes campesinos que habían bloqueado la ruta a la localidad turística de Sorata e impidieron el paso de varios extranjeros que querían retornar a La Paz. Ese día también fallecieron en Warisata Juan Cosme y Simael Quispe; además de una persona en Ilabaya y otra en Sorata. 

Felipe Quispe, el Mallku, en su condición de ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), lideraba la movilización. Hoy se declaró en la clandestinidad por los conflictos que encabezó recientemente en Achacachi, y que concluyeron hace dos semanas. 

El Mallku, en su libro La caída de Goni, revela que esos días de septiembre se diseñó un plan para emboscar al entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, quien llegó a Warisata para comandar el operativo de desbloqueo. Esa idea no tuvo frutos, ya que la exautoridad decidió regresar a La Paz en helicóptero; sin embargo, hubo un policía muerto producto de la emboscada. 

El sector campesino inició sus protestas el 2 de septiembre de 2003. Realizó una marcha desde Caracollo (Oruro) hasta La Paz con demandas totalmente diferentes a las que su sumaron en octubre de ese año. Luego hicieron una huelga de hambre en instalaciones de radio San Gabriel, en El Alto, para exigir la liberación del dirigente Edwin Huampo.   

Inicio del conflicto
El grueso del conflicto se inició ese 20 de septiembre y poco a poco se extendió desde Warisata hasta El Alto. Cuatro días antes se había oficializado el rechazo a la exportación de gas a México y a Estados Unidos por puertos chilenos. 

Y es el 23 de septiembre cuando las fuerzas sindicales unen brazos. Los campesinos bloquean la carretera La Paz-Oruro, que conecta también a Cochabamba y Santa Cruz; así como la ruta a Desaguadero, que conduce a Perú. Los cocaleros de Yungas de La Paz bloquean caminos en esa región. El 9 de octubre, en El Alto se instaló un paro indefinido y se suman tres víctimas. La demanda ahora se centraba en la industrialización del gas y en la renuncia de Sánchez de Lozada. 

El Gobierno no hace caso y militariza la ciudad alteña. Roberto de la Cruz, exlíder de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, recuerda esos días. Relató que hasta el 12 de octubre sumaban 60 muertos y que varias zonas alteñas se organizaron para enfrentar a las fuerzas militares. 

El 13 de octubre el vicepresidente Carlos Mesa renunció a su cargo y también el ministro Jorge Torres. Ambos no estaban de acuerdo con las muertes y la forma de llevar adelante los operativos militares. El Gobierno llamó al diálogo con la agenda de Asamblea Constituyente, referéndum para la exportación de gas y modificación a la Ley de Hidrocarburos. Ese llamado fue rechazado. De la Cruz recuerda que en ese momento solo se quería la renuncia de Sánchez de Lozada. El presidente se negaba a dar un paso al costado. “No voy a renunciar, no me voy a ningún lado”, esa frase enardeció más al pueblo.  

Jaime Solares era ese entonces el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). El exdirigente mencionó que el 16 de octubre llegó a La Paz una multitudinaria marcha y los mineros se habían sumado a las movilizaciones. “La única consigna era la renuncia de Goni, para ese entonces ya no servía el diálogo, cómo dialogar con más de 60 muertos, no pues. Goni mató al pueblo y lo único que se quería era su salida”, relató.    

Goni decide renunciar
La división entre los socios del Gobierno de entonces (MNR, MIR y NFR) era evidente. Se alejaron sus aliados, Manfred Reyes Villa y Jaime Paz Zamora. Los ministros presentaban sus renuncias y los únicos que acompañaron a Goni hasta el final fueron Sánchez Berzaín, ministro de Defensa; Yerko Kukoc, ministro de Gobierno, y  José Guillermo Justiniano, ministro de la Presidencia.  

El entonces jefe de Estado redactaba su carta de renuncia el 17 de octubre en la residencia presidencial, en la zona de San Jorge de La Paz. A las 9:00 de ese día comunicaba su decisión a su entorno. Y es que en las calles de la sede de Gobierno ya no había presencia militar ni policial. Solo había un resguardo en la casa presidencial.

De a poco el helicóptero Lama llevaba a políticos del MNR a la base militar de El Alto; Goni y su esposa era el periplo del contingente. Luego toma el avión presidencial hacia Viru Viru, en Santa Cruz, y a las 22:00 subió a una aeronave comercial del LAB hacia Estados Unidos. Para eso, todo el protocolo de sucesión presidencial se había resuelto. 

Mesa sabía de la decisión y tuvo algunos reparos con la embajada de Washington, pero al final logró el aval. En ese lapso ya se había logrado una cierta calma y los dirigentes Felipe Quispe, Roberto de la Cruz, Jaime Solares y Evo Morales, que apareció en la última etapa de la lucha, estaban de acuerdo con la decisión que había asumido Goni. 

La carta que dejó Sánchez de Lozada fue leída en el Congreso mientras Goni viajaba a Miami. Y de inmediato Mesa prometía convocar a la Asamblea Constituyente, realizar un referéndum sobre la exportación del gas, modificar la Ley de Hidrocarburos y revisar el proyecto de capitalización. Tenía cierto apoyo de la clase sindical. 

El conflicto se había cobrado la vida de 67 personas, que con el transcurso del tiempo, según datos extraoficiales, ascendieron a más de 80. La última persona en fallecer fue Luis Villca Gavincha, que vivió 14 años con una bala incrustada en la cabeza. Murió este martes en El Alto.

Sánchez Berzaín culpa a Mesa y a Evo de orquestar un golpe de Estado contra Goni, a pesar de que Morales se ausentó en el inicio del conflicto para realizar una gira a Libia, Suiza y Venezuela. Además, según el libro del periodista y escritor Ricardo Sanjinés, Sánchez de Lozada creía que Mesa y Ana María Romero de Campero, exdefensora del pueblo, se unieron para realizar una conspiración. Eso lo negó Mesa y señaló que llegó al poder solo porque había que respetar la sucesión presidencial establecida en la Constitución.    

Evo, al final
De Evo Morales en la lucha de septiembre y octubre de 2003 se sabe muy poco. Quispe dice que el actual presidente se agarró al final del conflicto para lograr un rédito político. Lo mismo piensa De la Cruz, quien relata que Morales no estuvo en las calles de la ciudad de El Alto cuando los contingentes militares se enfrentaban con la población alteña.    

De la Cruz reveló que Morales se introdujo en el conflicto recién el 14 de octubre, tres días antes de la huida de Sánchez de Lozada. El exdirigente cuenta que Evo lo llamó por teléfono para decirle que había llegado a Bolivia y que de ser necesario tomaría una avioneta particular para llegar a El Alto. “Molesta que los medios, en ese entonces, le dieron (a Morales) protagonismo como líder de la rebelión de octubre”, reclamó.

El exdirigente continúa con su reclamo y reconoce que junto a Solares, Álvaro García Linera y Mirko Orgáz diseñaron el modelo de nacionalización. El documento fue entregado por De la Cruz a Morales, quien lo hojeó y no le tomó importancia, según el exlíder de la COR de El Alto. 

De la Cruz se adueña de la movilización de ese entonces. Dijo que el 2 de septiembre de 2003 convocó a la marcha desde Caracollo a La Paz y que Quispe se integró a las demandas tres días después. De Evo Morales afirma que simplemente no quiso participar. 

Sin embargo, en el Congreso de ese entonces la principal fuerza opositora la tenía el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Morales era el jefe de bancada. Antonio Peredo y Filemón Escobar eran los dos asesores del actual mandatario y ellos, ambos fallecidos, le tenían al tanto a Morales sobre lo que ocurría en El Alto. 
Según la dirigente cocalera Leonilda Zurita, el actual mandatario estaba en plena coordinación con De la Cruz, Solares y Quispe, a pesar de que emprendió su gira por Libia, Ginebra y Venezuela. Además, la allegada a Evo revela que el sector cocalero que representaba Morales ayudó en los bloqueos de vías de ese entonces. 

“Nadie debe adueñarse de esa movilización que cambió la historia de nuestro país. El compañero Evo Morales puso su granito de arena y luego fue él quien terminó transformando el país”, considera Zurita, ahora asambleístas departamental en Cochabamba por el MAS. 

El concepto de Quispe va en contra de Morales. El exdirigente cree que Evo se adueñó de la movilización al final del conflicto para ganar terreno político. “Quienes están ahora en el poder son ajenos a lucha de octubre de 2003. Evo, Álvaro y sus ministros no apoyaron, no estuvieron en las calles. Evo se aprovechó de la lucha campesina”, decía Quispe en la pasada gestión, cuando recordaba el conflicto de 2003.  

Sin avances en la justicia
Cada año que se recordaba el día de la huida de Goni también se desarrollaban actos de reivindicación. Lo hizo Mesa y también lo realizó Morales, ya cuando asumió el poder en 2006. Pero esos eventos se convirtieron en desagravio debido al poco  avance en lo jurídico, ya que no se concretó la principal demanda: la extradición de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín, que viven en Estados Unidos. A eso se suma que las víctimas claman al Estado por un resarcimiento de daños, algo que nunca llegó.  

Se creó la Asociación de Heridos-Afectados de Septiembre y Octubre de 2003 por la Defensa del Gas y los Recursos Naturales (Ahasoc-RN) y poco pudo lograr en su lucha. El abogado de la institución, Freddy Ávalos, señaló que lo justo es que las víctimas reciban un resarcimiento por los daños que sufrieron en la lucha de esa época. Según el jurista, hay personas que perdieron la vista o algunas extremidades y ahora les resulta difícil seguir con una vida laboral para mantener a sus familiares. 

“Las víctimas no piden días de la dignidad ni reconocimientos. Los hechos de septiembre y octubre de 2003 destrozaron familias y esas personas necesitan vivir y mantener a sus familias. Por eso se pide un resarcimiento al Estado, aunque eso se ve muy lejano”, relata uno de los abogados de las víctimas de octubre de 2003, Freddy Ávalos.

Por ahora solo se destinó un resarcimiento a las víctimas. Los exmiembros del Alto Mando Militar de 2003, Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Juan Veliz, Luis Alberto Aranda Granados y José Oswaldo Quiroga Mendoza, fueron los encargados de pagar los gastos de reparación, que hasta 2016 llegó a Bs 1.139.986, según lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia. 

José Quispe es uno de los dirigentes de las víctimas de 2003. Camina de un lado a otro pidiendo justicia. Por el momento no tiene respuesta y centra su esperanza en el juicio civil contra Goni y Sánchez Berzaín que se desarrolla en Estados Unidos. Este proceso busca indemnizar a las víctimas, pero también sería un puntapié para lograr la anhelada extradición de ambos.  

Avances en EEUU
El abogado de las víctimas de 2003, Rogelio Mayta, explica que el proceso civil radicado en Estados Unidos tiene avances significativos. Estima que a mediados de 2018 termine el proceso, ya que en dos meses inicia la fase oral del caso. Ahora se desarrolla la etapa de descubrimiento, que es la presentación de declaraciones y de alegatos de los acusados, acusadores y de testigos. 

El 16 y 17 de agosto declaró Sánchez Berzaín en Miami, en un bufete de abogados. Según Mayta, decidió responder las interrogantes en inglés y mantuvo su posición de inocencia, culpando a Evo Morales y a Felipe Quispe de ‘orquestar’ un golpe de Estado con financiamiento de los gobiernos de Cuba y Venezuela. 
Sánchez Berzaín explicó a EL DEBER que este caso avanza en la justicia estadounidense y que existe la última opción de objetar la deficiencia de pruebas, algo que está seguro en este caso. Por ahora, dijo que este proceso es llevado por sus abogados. 

Sánchez de Lozada ya había comparecido ante la justicia de Estados Unidos los días 14 y 15 de mayo de 2015. Lo hizo durante siete horas, en dos días, y en su declaración llegó a culpar a los militares de los hechos y liberó de responsabilidades a Sánchez Berzaín, su ministro de Defensa. 

“En 2017 hubo un trabajo intenso del equipo jurídico que ayuda a llevar adelante esta demanda civil en Estados Unidos. Antes de ingresar plenamente al juicio oral hay un proceso que se denomina Etapa de Descubrimiento. Esta etapa finalizó en agosto con la presentación de las pruebas de uno y otro lado”, explicó Mayta. 

El caso se denomina Mamani v. Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín y en 2015 los demandados quisieron desechar el proceso; sin embargo, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos decidió que el caso continúe. 

Los demandantes en este caso son Eloy Rojas Mamani, Etelvina Ramos Mamani, Sonia Espejo Villalobos, Hernán Apaza Cutipa, Juan  Quispe Mamani, Teófilo Baltazar Cerro, Juana Valencia de Carvajal, Hermógenes Bernabé Calisaya, Gonzalo Mamani Aguilar, y Felicidad Huanca Quispe. 

Este proceso es financiado por organizaciones no gubernamentales (ONG) y es liderado por el bufete de abogados internacional Akin Gump, con sede en Miami.  
Mientras ese caso avanza, la solicitud de extradición se estancó en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Mayta emitía un comentario duro hace cuatro años, cuando acusó a EEUU de impedir las extradiciones de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín. 

“Los procesos de extradición continúan estancados en el ámbito de la diplomacia. Por el momento no hay una respuesta ni afirmativa ni negativa, pero es algo que de alguna manera habíamos esperado desde hace bastante tiempo. Dijimos que Estados Unidos estaban protegiendo y seguirán protegiendo a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín. Y mire, el tiempo nos da la razón”, reclamó Mayta. 

La Fiscalía General del Estado contrató al bufete de abogados Rabinowitz Boudin para asesoría en este caso de extradición. Desde esa oficina se informó que reunieron todos los alegatos y que la documentación está instalada en el Departamento de Estado de Washington. La Fiscalía espera alguna notificación desde EEUU. 

Juicio estancado en Bolivia
En el proceso instalado en Bolivia, el juicio de responsabilidades contra Goni fue instaurado en 2004 y en 2011 fue emitida la primera sentencia condenando a siete responsables de la masacre, entre ellos cinco militares. Sánchez de Lozada fue declarado rebelde y se iniciaron trámites de extradición, sin éxitos hasta ahora. 

A 14 años de los luctuosos hechos, el conjunto no ve avances ni en lo jurídico ni en lo político. De la Cruz señala que no se cumplió la agenda de 2003 y que el Estado sigue siendo ‘extractivista’ y el Gobierno tiene de socios a las transnacionales petroleras. 

El ministro de Justicia, Héctor Arce, prepara un informe sobre los hechos de 2003. No quiso adelantarlo, aunque se anticipa que será favorable al MAS mostrando los resultados de la nacionalización de los hidrocarburos y los ingresos económicos.

Evo, objetado por sus exaliados

Jaime Solares, Roberto de la Cruz y Felipe Quispe caminaban juntos en octubre de 2003. Evo Morales llegó tarde al conflicto. Los exdirigentes dicen que no se cumplió la agenda. Carlos Romero pide ver la industrialización  

Estaban unidos en 2003 en su causa. Hoy, 14 años después, están distanciados y contra de una sola persona: Evo Morales. Roberto de la Cruz, Jaime Solares y Felipe Quispe lideraron la movilización de septiembre y octubre de 2003. El actual presidente llegó a la última fase de la protesta y hoy es cuestionado por no cumplir la agenda que dictó esa manifestación. 

La agenda de octubre prohibió la venta de gas a Chile y Estados Unidos, pidió la nacionalización e industrialización del gas, exigió la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la derogación de las leyes INRA y 1008, la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y la anulación de la ley de seguridad ciudadana que perseguía a los dirigentes, entre otras demandas. 

De la Cruz no ve cumplimiento. El exdirigente asegura que Bolivia “sigue siendo un Estado extractivista, así como Goni vendía antes recursos primarios, actualmente se sigue vendiendo así, en materia prima”. 

Jaime Solares señaló que las petroleras que trabajaban en la gestión de Goni siguen operando en Bolivia. “Las petroleras de ayer que trabajaron con Goni hoy trabajan como socios con Evo. ¿Dónde está la verdadera nacionalización? No hay”, reclamó. 

Quispe se declaró en la clandestinidad, pero hace un año también objetaba el trabajo de Evo Morales. 
Mientras, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reprocha esas afirmaciones y señala que la industrialización de hidrocarburos está en plena ejecución y que los ingresos económicos se incrementaron producto de la nacionalización. Además, recuerda que se promulgó una nueva Constitución.  

Misas y protestas, los actos que buscan respuestas

Las víctimas dicen que festejarán el día en que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín sean encarcelados en Bolivia. Por ahora reclaman la atención del Estado con actos y misas 

Las víctimas de septiembre y octubre de 2003 iniciaron sus actos exigiendo respuestas del poder y de la justicia. Se desarrolló el jueves con una misa en predios de la Alcaldía quemada de El Alto. Ahí, solo escucharon pedidos de justicia y de resarcimiento económico. 

El dirigente de las víctimas, José Quispe, hizo una promesa ante el altar: no descansará hasta que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín sean extraditados y enjuiciados en Bolivia. 

“Estamos en un momento de reflexión. Pasaron 14 años y hay pocos avances en la justicia boliviana, solo vemos logros en la justicia de Estados Unidos. Pero al final debemos tener paciencia para lograr que los asesinos retornen y paguen sus penas en Chonchocoro”, dijo Quispe. 

Litzi Callante perdió a su padre el 13 de septiembre en El Alto. Recuerda que ese día su progenitor salió a comprar comida y no retornó. Lo encontró desvanecido en el piso con un impacto de bala en la cabeza. 

Litzi agarra la imagen de su padre y camina con ella pidiendo justicia. “Nosotros festejaremos cuando nuestros victimizadores estén presos. Ahora solo hacemos actos de reclamos ante la ausencia de apoyo estatal”, señaló. 

Quispe solicitó una reunión con el ministro de Justicia, Héctor Arce, para modificar las estrategias en este caso. “Ojalá tengamos atención”, exclamó.