El Sufrimiento De Los Exiliados

El exilio como expulsión de personas de su país de origen, como alejamiento o destierro forzoso de la patria y de la familia es tan antiguo como la humanidad.
Desde la literatura se abordó el problema con testimonios e impactos emocionales de esa penuria. Desde la política, como un mecanismo utilizado por las dictaduras y otros gobernantes para acallar, acosar y perseguir a los opositores a su régimen.

Muchos siglos antes de que aparecieran los Estados nacionales configurados legalmente como hoy, se utilizaba esta figura para eliminar cualquier riesgo o amenaza al poder. Solo a mediados del siglo XX se asoció el exilio con la violación de los derechos humanos y empezó a recibir mayor atención, luego del surgimiento de los gobiernos dictatoriales en el cono sur y sus cruentos golpes de estado con muertos, presos, desaparecidos torturados y exiliados.

En la década de los 70, las dictaduras militares en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay provocaron también exilios masivos, que obligó a Naciones Unidas, a través de El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a tratar el tema con más decisión.

En el año 1980, Bolivia sufrió el golpe militar más cruento de su historia, con secuelas de exilio masivo. Los países más solidarios fueron los que ostentaban democracias consolidadas, como Venezuela y Ecuador, que incluso permitieron que se conformara un Gobierno de Unidad en el exilio, para lograr el aislamiento de la dictadura y el retorno a la democracia. 
Quien escribe este artículo fue exiliado por ese régimen, junto a otros compatriotas. Paraguay del dictador Alfredo Stroessner nos acogió, porque ese país ha tenido una tradición de acoger refugiados. También fuimos protegidos por Acnur.

Luego de aquel golpe, en 1980, hasta comienzos del siglo XXI, Bolivia vivió una época democrática, quizá la única en la revoltosa historia de nuestro país. Entre el 10 de octubre de 1982 y el 17 de octubre de 2003 Bolivia no tuvo ciudadanos exiliados, presos políticos ni perseguidos. A pesar de los logros habidos, no se alcanzó una suficiente fortaleza institucional para impedir la aparición de un Gobierno populista con un liderato autoritario. Se inició así la desinstitucionalización del Estado de Derecho, con el jefe de Estado y su partido que están por encima de la Constitución, la ley y de los elementos esenciales de la democracia. 

Así se inicia la famosa ‘Agenda de octubre del 2003’, uno de cuyos puntos era el enjuiciamiento de los miembros del Gobierno constitucional que estuvo en el mandato desde agosto de 2002 hasta octubre de 2003. Para ello necesitaban no solo ganar las elecciones del año 2005, sino copar la totalidad de los poderes del Estado. No en vano el presidente Evo Morales inicio su mandato diciendo: “Hemos ganado el Gobierno y ahora tenemos que tomar el poder”. En otras palabras, un esquema de poder totalitario.

Hoy, el Poder Ejecutivo define quienes deben ser acusados políticamente. El poder legislativo, subordinado al Ejecutivo, aprueba leyes con carácter retroactivo para acusar a todo exfuncionario público que hubiera ejercido cargos en gobiernos anteriores, así como a empresarios y dirigentes de la sociedad civil que hagan oposición al Gobierno. El Ministerio Público opera como una organización parapolicial que inicia procesos de investigación con conclusiones predefinidas y empieza la retahíla de descalificación, muerte civil y una cadena de chantaje y extorsión solapadas por el Gobierno sin margen alguno para un debido proceso ni aplicación imparcial de la ley.

 
A raíz de ello, más de un millar de bolivianos estamos obligados a vivir en el exilio acusados de delitos que tienen impacto en la opinión pública internacional, como genocidio, terrorismo, enriquecimiento ilícito, masacre sangrienta, corrupción, y otras imputaciones sin asideros legales. También hay persecución política extraterritorial en nombre de una justicia inexistente.
Actualmente, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España, Paraguay, Perú, Uruguay y otros países tienen refugiados bolivianos. Sus sistemas jurídicos de concesión de asilo los obliga a hacer una investigación del estado de la democracia en Bolivia, la situación de las libertades y el debido proceso. Al otorgar el asilo, esos países están admitiendo la inexistencia de garantías jurídicas en nuestro país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene varias denuncias pendientes de violación de derechos humanos.

El exilio en Bolivia debería ser un tema de discusión pública, de agenda política y de preocupación ciudadana porque no ha terminado. En la medida que se pueda construir alternativas políticas que pasen de la resistencia a la disputa del poder el exilio puede tender a masificarse y abarcar al conjunto de la sociedad principalmente a intelectuales, empresarios, clases medias y dirigentes sociales, como ocurrió en Cuba y pasa ahora en Venezuela donde han sido obligados a salir casi medio millón de personas.

Nunca es tarde para luchar por la justicia, y como parte de ella, luchar por el retorno de quienes sufren la dureza del exilio político.