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Hace 130 días el país se conmocionó con la noticia de que dos activistas cívicos, Marcelo Terrazas (49) y Mario Salvatierra (54), murieron baleados en Montero durante las protestas en contra del fraude en las elecciones del 20 de octubre del año pasado. Los autores de los disparos fueron seguidores del MAS, que defendían la reelección de Evo Morales. Ahora los familiares de las víctimas mantienen otra lucha para exigir justicia. Atribuyen la demora al poder que mantiene el MAS en el Órgano Judicial. Esta versión es descartada por el juez que sigue la causa y por la dirigencia del partido.

Eduarda Salvatierra (53), esposa de Mario Salvatierra, trabaja como cocinera en una guardería de Montero, y ahora ella está a cargo del sustento de la familia compuesta por sus tres hijos y una nieta de año y medio que está enferma. A esto se suma que mensualmente tiene que pagar una cuota de Bs 400 por el nicho en el que se encuentra enterrado su marido.

Recordar lo sucedido la noche del 30 de octubre del año pasado quiebra en llanto a Eduarda Salvatierra. Ella siente que sus fuerzas flaquean cuando saca cuentas y la plata no le alcanza para cubrir los gastos del día a día. Se ha visto obligada a pedir ayuda, porque le cortaron hasta la energía eléctrica, por no poder pagar las facturas pendientes.

En medio de todo el drama hace seguimiento al proceso judicial que está abierto en contra de algunos militantes y dirigentes del MAS acusados de ser los autores materiales e intelectuales del hecho, pero eso, según manifiesta, “avanza muy lento”.

Sigue el legado de su padre

Marcelo Endhir Terrazas (29), hijo del fallecido Marcelo Terrazas, ahora intenta seguir las huellas de su progenitor. Señala que a las primera campañas política acudió a los tres años y en este momento es candidato de Creemos, de Luis Fernando Camacho, que lo postula como octavo en la lista de candidatos a diputado plurinacional.

Cuestiona la candidatura de Deisy Choque, dirigente del MAS y candidata por la C-52, involucrada en el proceso y que está con detención preventiva en Palmasola. “No es lo correcto que participe, porque se supone que vamos a elegir a personas limpias que no tengan ningún tipo de procesos, menos por homicidio y sedición”.

A su parecer, “el juez está muy parcializado con el MAS. Eso lo hemos denunciado e introducimos un memorial para que lo cambien. También cambiaron a los fiscales y eso es otro atraso”.

Respecto a su participación en la política, considera que es una “herencia que su padre le dejó. Es un legado que debo continuar”

A igual que la familia Salvatierra todavía no han recibido la ayuda humanitaria que aprobó el Gobierno para los familiares de las víctimas de los conflictos que terminaron con la renuncia del expresidente Evo Morales.

La defensa de los familiares dice que “el masismo sigue operando y en este proceso enfrentan muchos obstáculos”.

El abogado Carlos Hugo Vaca señala que entre las irregularidades se toman declaraciones sin que las víctimas sean notificadas. “Vemos una parcialidad, una violación constante a los derechos ciudadanos. Estamos haciendo una representación ante el fiscal departamental denunciando ese hecho ilegal”.

Desconfianza

Tomás Monasterio, diputado y candidato a senador por la alianza Juntos, que postula a la presidenta Jeanine Áñez, es muy crítico en el manejo del proceso en la justicia.

Ve con “mucha indignación” lo que pasa, porque hay una conducta muy parcializada de parte de la justicia. Sostiene que es vox pópuli que algunos operadores tienen cercanía y afinidad con el MAS, “permitiendo que se campee la impunidad”.

Monasterio considera que gracias a la protección masista el juez Róger Salvatierra, que atiende este proceso, continúa en el cargo, siendo que tiene muchas denuncias en su contra. “Estos antecedentes hacen ver que, lamentablemente, estos procesos no prosperan, no se están viabilizando con la celeridad de la importancia del caso”.

Manifiesta que se puso en marcha un plan sedicioso, del cual también fueron parte miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que han generado un ambiente violento de confrontación en el país.





En Montero, los familiares de Mario Salvatierra también despidieron a su ser querido. Ahora su esposa trabaja hasta para pagar el nicho donde sepultó a su esposo


El juez

En respuesta a las críticas, el juez Salvatierra explica que el proceso que se denomina Cofadena se encuentra en etapa investigativa.

Explicó que en el caso de Alpacino Mojica, por su relación con Martín Serna Ponce, miembro de la organización terrorista MRTA, es investigado por una presunta participación en los enfrentamientos.

Justificó que concedió la libertad de Alpacino Mojica porque venció el plazo de la detención preventiva. Explicó que el 13 de diciembre de 2019 el excandidato a diputado por el MAS fue cautelado y se señaló la audiencia para determinar su situación jurídica, donde se dispuso un plazo de 60 días. “Se señala audiencia para el martes 11 de febrero, y pese a estar notificados, solo se presentó el imputado, lo que obligó a hacer una prórroga para el día siguiente”.

Al respecto, el abogado de la defensa, Carlos Hugo Vaca, cuestionó que el juez haya llevado adelante la audiencia, siendo que había de por medio una apelación pendiente respecto a los días de la detención preventiva, porque “pedíamos 120 días”.

Además, Salvatierra dijo que su función en este caso es el de ser juez instructor que vela por que se garanticen los derechos. Afirmó que si los familiares consideran que hay una vulneración, y que no tienen acceso a la justicia, pueden seguir el formalismo y hacer conocer esta situación.

Descartó enfáticamente tener protección u obedecer al MAS. “Realmente refuto eso, porque está fuera de contexto, porque mi persona es un juez de carrera”.

Respecto a los procesos en su contra, incluyendo uno por violencia familiar, dijo que toda persona goza del principio de inocencia y hasta que no tenga una sentencia ejecutoriada no se puede tildar que ha cometido el hecho que se le acusa.





Los familiares de Marcelo Terrazas, cuando le dieron el último adiós. Mucha gente los acompañó en el dolor y los enalteció como héroes de la democracia por morir en la lucha

Desconfianza

El jefe departamental del MAS en Santa Cruz, Juan Guzmán, considera que la justicia está parcializada, pero al lado contrario, porque ahora no pueden ni siquiera hacer campaña. “Hacemos alguna actividad política y ya nos detienen a un compañero, la oposición (ahora Gobierno) está trabajando de una forma muy radical, está abusando de su poder”, puntualizó.

Respecto a la detención preventiva de la candidata Deisy Choque, cree que es injusta porque por el hecho de ser dirigente del MAS está implicada en este caso, porque en ningún momento estuvo en el lugar de los hechos.

Guzmán reconoce que algunos militantes se adelantaron e intentaron desbloquear la movilización ciudadana que exigía la renuncia del expresidente. “Por el hecho de hablar por teléfono de algunos dirigentes que han estado en el momento de la confrontación, por eso presentaron una querella injusta, es una persecución política”, apunta.

El dirigente del MAS recuerda que el más joven, haciendo referencia a Marcelo Terrazas, era parte del equipo de campaña de Choque, pero cuando falleció lo identifican con el otro lado (cívico). “Nosotros tenemos las fotografías (de Terrazas en campaña)”, advirtió.

El dirigente responde a los ataques y señala que la justicia nunca estuvo en manos del MAS, porque “siempre estuvo manejada por la logia antigua. Si vemos algunas autoridades llevan trabajando más de 25 años dentro del Poder Judicial, entonces no pueden decir que es gente nueva”.

Considera que todo lo que se dice actualmente es simplemente para poner sombras al MAS y descalificar a Deisy Choque, para bajar su candidatura.

En alerta

La dirigencia vecinal está en alerta y está contemplando salir a manifestarse en esta semana, para exigir celeridad en el proceso. La movilización será una respuesta a lo que consideran una provocación que los candidatos del MAS organicen una proclamación el jueves, en un territorio donde todavía hay luto por las muertes.

El ejecutivo nacional de Conflictos del Comité Nacional de Juntas Vecinales, Carlos Corrales, que es testigo en el caso, dice que desde un principio ha visto parcialidad en el juez. “La única forma es hacer otra manifestación, otro bloqueo si es necesario, porque no le dan celeridad a las investigaciones”.

Indica que hay mucha gente que salió a atacar a los que estaban bloqueando, y todos están libres, cuestiona.

Demetrio Salvatierra, sobrino del fallecido en Montero, dice que la familia está “decepcionada de todo el proceso en el ámbito judicial y en la investigación, porque todo lo que es enero y febrero no se ha aumentado ni una sola hoja al cuaderno de investigaciones”, cuestiona. “Los jueces favorecen a estas personas implicadas, no por bonitos o simpáticos, sino porque hay intereses y poder de por medio”, protestó.

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