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La detención de nueve bolivianos (dos militares y nueve funcionarios de la Aduana) en la frontera con Chile se convirtió en un tema de estado. Ellos, presos desde el 19 de marzo, se convirtieron en el pretexto de una guerra verbal en escalada entre políticos de ambas naciones. De las agresiones se pasó a la retención de periodistas bolivianos en Chile y la negativa en la otorgación de visas a varias autoridades nacionales que intentaron visitar el penal de Alto Hospicio.  ¿Fue una buena estrategia? La consulta la pasamos a políticos y analistas.

Especialistas, diplomáticos y opositores concluyen que la agresividad de las autoridades chilenas contagió a integrates del Gobierno nacional. Para el 20 de junio está fijada la audiencia decisiva del caso, así que el conflicto se prolongará por más de 100 jornadas desde el 19 de marzo.

Desde el Gobierno del presidente Evo Morales se sospecha que existe otra intencionalidad detrás del lío, dirigida a afectar el principal argumento de la demanda marítima: el diálogo de buena fe. Si bien el escenario no fue analizado en profundidad, se cree que la intención de la administración de Michelle Bachelet busca reflejar “inestabilidad” en las relaciones entre ambos países, para que se considere “inviable” un acercamiento que dé solución al compromiso de otorgar a Bolivia una salida al océano Pacífico.

“El conflicto se ha prolongado porque es parte de un patrón de conducta, no es un incidente diplomático ni fronterizo. Acá hay claramente la decisión política de Chile de usar la situación para presionar y humillar a Bolivia”, explica el excanciller Gustavo Fernández.

Considera que el Gobierno respondió “débil, mal y ambivalente” a la posición chilena, que se  sustenta en el análisis netamente jurídico del caso. Lejos de lo  legal o diplomático, cree que el tema debió tratarse como un conflicto  fronterizo y político. 

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, admite que se considera la hipótesis de una intención de Chile de demostrar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que hay un “diálogo imposible”, pero afirma que eso “está saliendo al revés”, porque la administración de Bachelet queda contraria a los principios jurídicos de La Haya. “El tribunal toma muy en cuenta el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a mecanismos del Derecho Internacional, y la posición que ha tomado Chile no le favorece”, comenta la autoridad. 

En cambio, el opositor Samuel Doria Medina observa una estrategia errática  y tilda de equivocadas las medidas asumidas hasta ahora. “Al principio atacaron, ahora ruegan; es una pena que la diplomacia del país esté siendo llevada tan mal (...) Hemos sido funcionales a la estrategia de Chile”, asevera el opositor.

El discurso gubernamental usó varios términos para referirse al caso. Primero acusó a Chile de “secuestrar” a los nueve bolivianos, pidiendo su inmediata devolución; ahora apela a la “hermandad” para repatriarlos lo “antes posible”, a tiempo de asegurar que “no están solos”.
Ferreira aseveró que algo que puede ser sometido a litigio es el lugar de los hechos. “Hay un margen de razonabilidad, de falibilidad, es un terreno que no tiene límites naturales ni precisos. En el hipotético caso de que hubieran cruzado la frontera, entrado o salido, no se los puede acusar de robo o contrabando, son delitos imposibles”, agrega. 

Recuento de daños
Los familiares de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana observan que existe un “excesivo manejo político” del tema, en lugar de asegurar una pronta solución. El martes se cumplirán 70 días desde que sus seres queridos fueron capturados en la zona fronteriza.
“Estamos acongojados con todo este problema (...) Desde el principio ha sido muy político, desde el principio ha existido condena de las autoridades chilenas”, manifiesta Sara Rada, madre de  Luis Guachalla.

Delina, pareja de Ediberto Mamani, también observa alta dilatación. “Me hace mucha falta”, atina a decir. 

Como presidentes de las comisiones de Política Internacional de Diputados y Senadores, Carmen Domínguez y Víctor Hugo Zamora, respectivamente, resaltan que el Gobierno hace todo lo posible por repatriar a los nueve detenidos. “El presidente ha sido cauto, ha llevado sus intervenciones como deben ser. No buscó beneficiarse del dolor ajeno para salir fortalecido”, asegura la oficialista.
Mientras que el opositor lamentó que la coordinación para resolver el tema “quedara corta”, aunque sostuvo que ese análisis  vendrá después y que, por ahora, el respaldo a la causa debe mantenerse unánime.

El analista Andrés Guzmán sostiene que se echó fuego al conflicto desde Bolivia y que ahora, si se accede al proceso abreviado, se corre el riesgo de quedar muy mal a escala internacional. Recordó que en 2013 se dispuso la suspensión condicional del proceso contra los tres soldados que fueron capturados en territorio chileno. 

Marcelo Ostria, exvicecanciller, conluye que “la insistencia del Gobierno en sostener que no hubo culpabilidad, si hay proceso abreviado, afectará negativamente su credibilidad”. 

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