Las huellas que deja el caso de los nueve detenidos en la comunidad internacional
Se vislumbran tres escenarios para denunciar los supuestos abusos que cometieron los chilenos en contra de los funcionarios bolivianos. En Chile aseguran que Bolivia sufrió un revés en este caso. Se mantiene la tensión entre los dos países
Las huellas son muchas, y profundas. El caso de los nueve bolivianos detenidos en Chile tuvo repercusiones a escala internacional y el Gobierno se encarga de llevarlo a todos los foros ante la resistencia de La Moneda. Por el momento hay tres escenarios que reciben las quejas.
Si bien el proceso de los nueve funcionarios terminó en el juzgado de Pozo Almonte, que ejecutó la sentencia, el caso sigue vigente en otros ámbitos, y es el Gobierno de Bolivia que lo ventila en todos los foros internacionales que pisa.
La queja se instalará ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA); ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y también se recurrirá al Pacto de Bogotá, instrumento creado para la solución pacífica de controversias.
“Existe la decisión tomada de llevar este caso a otros escenarios internacionales. Es que se trata de un antecedente nefasto que todo el mundo debe conocer, que todo el mundo debe saber que en Chile se impuso una instrucción política en una decisión judicial”, detalló el ministro de la Presidencia, René Martínez.
Hugo Siles, que es experto en análisis internacional y viceministro del Gobierno de Evo Morales, recalca que es un ‘despropósito’ la condena que recibieron los nueve funcionarios en Chile.
“Ellos estuvieron 93 días detenidos, no se les reconoció su inmunidad de jurisdicción por el estatus del funcionario, que incluso ha sido reconocido ahí en el juicio, justo antes de ser condenados por contrabando. Eso no es aceptable”, consideró Siles.
El juzgado de Pozo Almonte condenó a los nueve connacionales a una pena de tres años de presidio, pero a la vez aplicó una medida sustitutiva que implica la expulsión de Chile en un plazo de 30 días que corre a partir del 21 de junio. Ambas partes decidieron no llevar más recursos y así se ejecutó la sentencia.
Otros escenarios
Antes, el caso se había llevado ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también de la OEA. Además, existe otra demanda ante Chile en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el primer ámbito se presentó la demanda por la prohibición que ejecutó La Moneda para que periodistas bolivianos puedan trabajar en su territorio. Esa denuncia fue respaldada por el defensor del pueblo, David Tezanos.
Sin embargo, antes de conocer la sentencia no se sabía el resultado de estas gestiones que buscaba la liberación de los nueve detenidos. Según el senador chileno Hernán Larraín, estas estrategias fueron un “fracaso” y “derrota” para La Paz.
“Al no existir un pronunciamiento después de mucho tiempo, y peor aún cuando ya se conoce la condena, se puede catalogar esas denuncias como un gran fracaso y una derrota del Gobierno de Evo Morales”, dijo Larraín.
Los nueve funcionarios regresarán a Bolivia y ya se anuncian los homenajes para ellos. El caso terminó, pero las heridas quedan y para cerrarlas el Gobierno decidió recurrir al periplo internacional, para sentar la denuncia contra la administración de Michelle Bachelet.
