Según los expertos, esto impide crear más juzgados, mejorar la infraestructura e implementar tecnología que haga más eficiente al sistema judicial boliviano. Los juristas reclaman porque otros países destinan más condiciones económicas

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6 de agosto de 2017, 8:00 AM
6 de agosto de 2017, 8:00 AM

Los recursos destinados al Órgano Judicial boliviano es uno de los más bajos de los países de Latinoamérica. Está por debajo del 1% del Presupuesto General de la Nación.   

En países vecinos, como Perú,  en  los últimos cinco años la participación del Poder Judicial en el presupuesto general ha representado en promedio 1,37%. Eso permite contar con 35,7 jueces por cada 100.000 habitantes.

Otros países, como Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay están entre el 2 y 6%.
El presupuesto del Órgano Judicial boliviano en los últimos cuatro años no ha variado, el Ministerio de Economía y Finanzas asigna un 0,59% del total de Tesoro General de la Nación (TGN). 

Sumados los recursos propios y los del Estado, el Órgano Judicial mueve anualmente Bs 800 millones. Empero, por la gratuidad de la justicia decretada por el Gobierno tuvieron pérdidas de Bs 59 millones, mientras que por la transferencia del Notariado al Ministerio de Justicia dejaron de recibir otros Bs 35 millones. 
En los últimos años, con sus recursos propios el Órgano Judicial creó alrededor de 1.472 ítems para jueces, tribunales de sentencia y personal de apoyo jurisdiccional. 

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Fidel Tordoya dijo que la incidencia del presupuesto para la justicia se refleja en la falta de creación de nuevos juzgados en el país porque el Órgano Judicial no goza de autonomía económica y cualquier proyección de incremento salarial o de personal depende directamente del Órgano Ejecutivo.

Queda mucho por hacer
La falta de recursos impide equipar adecuadamente los juzgados; la infraestructura es deficiente y no cuentan con tecnología de punta. 

El constitucionalista José Antonio Rivera compara la realidad boliviana con los casos de Honduras y de Guatemala, dos países centroamericanos que en la década de los 80 fueron devastados por guerras civiles y que destinan encima del 4% del presupuesto a la justicia. 

Para el exfiscal William Herrera, este mínimo porcentaje limita la capacitación de los recursos humanos, impide que haya infraestructura y perjudica en la introducción der tecnología en el Órgano Judicial. Resaltó que faltan recursos humanos, combatir la corrupción y la retardación de justicia para devolver la credibilidad en el sistema judicial.