Magistrados sienten presión por el recurso sobre la reelección

Sus vidas están llenas de estrés y parecen desapercibidas. Hoy tienen en manos, quizá, la decisión más importante en sus seis años de mandato, aunque no lo reconozcan. Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sienten la presión social por el fallo que emitirán en diciembre y que decidirá si Evo Morales y Álvaro García están habilitados o no para una cuarta reelección consecutiva.    

Zenón Bacarreza sale de las instalaciones del TCP con las manos en sus bolsillos. Mira al piso y espera en el patio colateral del edificio al vehículo oficial que lo transporta. Sabe que hasta final del año tendrá una rutina agitada y de movilizaciones, pero señala que está acostumbrado a sobrellevar la presión externa. 
“Vinieron bastantes presiones de todos lados, pero la supimos controlar, entonces, al presidente de ahora (del TCP) le dijimos que tiene que saber controlar, tiene que escuchar a la gente”, enfatiza Bacarreza. 

El magistrado es oriundo de La Paz y está feliz y agradecido con Sucre, sede del TCP. Vive en la capital del Estado con su familia y trata de compartir con los suyos los fines de semana y también aprovecha para viajar a la sede de Gobierno. “El trabajo acá es muy pesado, yo trabajo hasta las 10 de la noche para cumplir los plazos (...) La presión hay que saberla manejar, se debe convocar a los sectores que protestan, pero trabajamos bajo una brújula, que es la Constitución Política del Estado”, considera Bacarreza.

El TCP está en una zona relativamente tranquila de Sucre. Cerca del centro y en inmediaciones hay mucho movimiento vehicular. Sus pasillos están con la cotidianidad y no hay, al menos por ahora, movilizaciones de sectores sociales ni políticos. 

La entidad que garantiza la supremacía de la Constitución tiene siete magistrados. Su presidente es Macario Cortez y tiene tres salas. La primera, que es la especializada, está conformada por Oswaldo Valencia y Efrén Choque; la segunda, por Mirtha Camacho y Bacarreza; y la última, por Neldy Andrade y Rudy Flores. 

La posición del MAS
El Movimiento Al Socialismo (MAS), con el respaldo de dos diputados disidentes de la oposición, presentó el 18 de septiembre ante el TCP un recurso abstracto de inconstitucionalidad a todos los artículos de la Ley Electoral 026 y a cuatro de la Constitución Política del Estado, que ponen límite a la reelección de autoridades. 
De aprobarse, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera quedarían habilitados para buscar en 2019 un cuarto mandato consecutivo, pese a que en el referéndum del 21 de febrero de 2016 se rechazó la repostulación. Además, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores y concejales se verían beneficiados con la posibilidad de ampliar sus mandatos cuantas veces los respalden las urnas.

Cortez asumió la dirección del TCP esta gestión. Admite que la presión se sintió ni bien se presentó el recurso, pero garantiza que se estudiará el proceso y que el tribunal emitirá un fallo de acuerdo a los procedimientos constitucionales. No quiere hablar más del tema y prefiere relatar su estilo de vida en la capital. 
Él es de La Paz y trabajó en la Gobernación de La Paz cuando César Cocarico, actual ministro de Evo Morales, era la autoridad departamental. Vive con su familia en Sucre y trata de ir a la sede de Gobierno los fines de semana. Dice que su jornada laboral 

comienza a las 8:00 y puede terminar a las 22:00. Intenta almorzar con los suyos, pero a veces el trabajo no lo permite, remarca. 

No tiene escolta policial, pero sí una persona a su lado, que es su asistente. Utiliza el vehículo oficial y tiene un contrato de alquiler vigente por el inmueble donde radica. “Sucre es una ciudad muy linda, tranquila para realizar un buen trabajo”, dice. 

Ni bien el MAS presentó el recurso ante el TCP, a la capital llegaron movimientos ciudadanos y políticos para intentar frenar la intención del oficialismo. No lo lograron y se instalaron piquetes de huelga de hambre y había protestas en inmediaciones del edificio del Tribunal Constitucional. 

Bacarreza muestra que en el edificio del TCP no hay protestas y destaca que los funcionarios trabajan normalmente. “No hay ninguna manifestación y eso lo pudimos controlar”, señala. 

Mirtha Camacho abandona el vehículo oficial en el parqueo que colinda al TCP. Camina hacia la puerta trasera, pero acepta dialogar. Siente la presión, pero no quiere que la población cree convulsiones sociales. “No tenemos por qué convulsionar al país o instar a los ciudadanos a que se levanten y entorpecer este proceso democrático”, enfatiza.      

Un recurso más

El oficialismo pretende apartar del ordenamiento jurídico algunos incisos de los artículos 52, 64, 65, 71 y 72 de la Ley de Régimen Electoral; y los artículos 156, 168, 255 y 258 de la Constitución. Todos ellos limitan la reelección de autoridades electas a dos mandatos consecutivos. 

Camacho no quiere ingresar al fondo del debate, pero sabe que la presión crecerá, por lo que reitera su pedido a calmar los ánimos de la militancia de ambos frentes. Además, la magistrada no catapulta este recurso como el más importante de este mandato. “Es un recurso más, igual que los otros que revisamos”, dice. 

Eso no lo camparte el senador opositor Edwin Rodríguez, que fue parte del piquete de huelga de hambre que se instaló en el TCP. El asambleísta buscaba que se elimine la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por el MAS para hacer viable la reelección indefinida de Morales. 

El opositor está seguro de que se desarrollarán más actos de protesta contra la intención del MAS. Desde el 13 de octubre corren los 45 días para que el TCP emita el fallo sobre este caso. Rodríguez anuncia que se hará presión al tribunal para que emita un dictamen contrario a los intereses del oficialismo. 
“Seguro habrá movilizaciones en defensa del voto del pueblo y eso deben entender los magistrados. La gente dijo No a la reelección de Evo Morales y de Álvaro García. ¿Qué argumento más válido se puede presentar?”, cuestiona Rodríguez.

No piensa lo mismo la senadora Nélida Sifuentes, del MAS. La legisladora pide a la oposición dejar de crear escenarios de presión para que el TCP emita su fallo. “La oposición creó sus denominados colectivos ciudadanos y con esos grupos crean protestas que contaminan la decisión que pueda emitir el tribunal”, considera.  

Acostumbrados a la presión

Efrén Choque dice que el TCP está acostumbrado a sentir medidas de presión. Recuerda que en 2014 hubo movilizaciones en contra del fallo que emitió el ente sobre el aborto. Esa época se presentó la acción de inconstitucionalidad abstracta y se resolvió rechazar la vía libre para ejecutar abortos. 
“Estamos acostumbrados a los mecanismos de presión, hubo varias protestas en este tiempo y siempre se actuó de acuerdo a la supremacía de la Constitución. Ahora no será la excepción”, detalla el magistrado. 

Choque nació en Oruro y trasladó a sus seres queridos a Sucre, pero aprovecha los fines de semana para ir a su comunidad. No niega tener contacto con sectores sociales y dice que eso es parte de su trabajo. “Escuchamos a todos, pero siempre la actuación está dentro del marco de la ley”, dice. 

El magistrado aborda al mediodía el vehículo oficial y afirma que va a su casa alquilada para compartir con su familia la hora de almuerzo. No siempre logra esos momentos por su trabajo. “Nuestro trabajo es muy estresante, es de mucha presión y lo hacemos durante todo el día. Hay ocasiones que terminamos nuestra jornada laboral a la medianoche, es difícil”, relata Choque. 

El senador oficialista Milton Barón explica que con la presentación del recurso se busca que el Estado boliviano aplique el Pacto de San José de Costa Rica, que se ratificó en 1993, por lo que el Tribunal Constitucional se debe pronunciar sobre un control de convencionalidad. Acota que la Constitución Política del
Estado establece que si los tratados internacionales reconocidos por el Estado tienen derechos más favorables para el ciudadano, se deben aplicar estos en lugar de los que están en el texto.

Camacho ve a esas declaraciones como posiciones de políticos que no contaminan el trabajo de los magistrados. Y eso, dice, puede ser calificada como un mecanismo de presión que se aplica en esta coyuntura. 

Autoridades subnacionales no buscan la repostulación
Luis Revilla y Rubén Costas quieren posicionar a sus organizaciones en el ámbito político nacional. Adrián Oliva y Félix Patzi no se deciden. Mientras que en el MAS dicen que dependen de los sectores sociales. 

Ya lo adelantaron Luis Revilla y Rubén Costas. Al menos las dos autoridades opositoras no están interesadas en buscar la reelección. El alcalde de La Paz negó ser candidato en las elecciones regionales de marzo de 2020. Lo mismo dijo el gobernador de Santa Cruz, quien trabaja en ampliar su figura política a escala nacional. Las autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) no tienen una posición fija. 

El recurso abstracto de inconstitucionalidad que presentó el oficialismo contra todos los artículos de la Ley Electoral 026 y cuatro de la Constitución Política del Estado que ponen límite a la reelección de autoridades alcanza también a los gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales. 

Revilla aseguró que no le interesa ir a la reelección en 2020, pero no descarta ser candidato un año antes, cuando se celebren los comicios nacionales. 

“Ratifico que no seré candidato en las siguientes elecciones municipales”, dijo.  Sin embargo, anunció que su agrupación, Soberanía y Libertad (Sol.bo), busca ingresar al ámbito nacional, pero admitió que ese proyecto quizá no aterrice en las elecciones nacionales de 2019.

Igual posición asumió Costas, quien descartó ser candidato nuevamente a la Gobernación de Santa Cruz,  pero al igual que Revilla, la autoridad cruceña quiere posicionar al Movimiento Social Demócrata (MDS) a escala nacional. Y aunque no decidió postularse como candidato 
presidencial, esa posibilidad está latente. 

Los otros dos gobernadores de oposición son Félix Patzi, de La Paz, y Adrián Oliva, de Tarija. Ambos cuestionaron la idea del MAS de buscar la reelección indefinida de Evo Morales, pero ninguno prometió no ser candidato en 2020. Es más, la autoridad paceña dijo que busca postularse en las elecciones nacionales y así intentar expandir su proyecto político, que se llama Movimiento Tercer Sistema (MTS). 

En el MAS, las autoridades regionales dijeron que esa decisión depende de los sectores sociales. El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, afirmó que las 
organizaciones son las que deciden en el oficialismo. “Ellos nos sugieren para ser candidatos”, expresó.