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Los partidos conminan al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a la Fiscalía y al Gobierno a que garanticen la seguridad para que puedan hacer campaña en todas partes del país, incluidas zonas del Altiplano, El Alto y Chapare, donde opositores al MAS no tienen pisada o sufren agresiones.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó que la Policía no está en Chapare y habría que preguntarle al presidente del TSE, Salvador Romero, si esa instancia desarrollará elecciones en el trópico en esas condiciones. Desde el jueves en la noche, hasta el cierre de esta edición, el viernes a las 19:00, Romero no respondió la solicitud de entrevista de este medio para abordar este tema.

El MAS, por su parte, también pide cuentas al presidente del Órgano Electoral, pero por permitir una persecución política que califica de “despiadada” y que también la cataloga como violencia en tiempo de elecciones.

El miércoles, un grupo de supuestos simpatizantes del MAS cercaron el hotel Alexander, de El Alto, donde minutos antes Marco Antonio Pumari había anunciado el inicio de su campaña electoral con Luis Fernando Camacho.

Este hecho subió un peldaño más a los ‘choclazos’ contra Luis Fernando Camacho (Creemos) en la inauguración de la Alasita, empujones en la calle a Samuel Doria Medina (Juntos) a fines de enero, insultos a Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) al finalizar el recorrido por una feria en Santa Cruz e intentos de agresión a Jerges Mercado (MAS) tras una conferencia en la misma ciudad, hechos de intolerancia que marcaron la agenda de enero y febrero, activando así la alerta de una escalada de violencia.

Tras un acto realizado esta semana en El Alto, un grupo de personas arrojó piedras al edificio donde aún se encontraba el candidato a vicepresidente por la alianza política Creemos.

Pumari reiteró que pese a ello iniciará una gira nacional. “El ataque que recibimos es una muestra de que los únicos que somos el terror del MAS somos nosotros, es Creemos, porque no vamos a pactar ni negociar con ese partido. No fue la ciudad de El Alto, son grupos organizados que responden a Evo Morales”.

¿Se puede hacer campaña así?, se le consultó. El postulante a vicepresidente considera que “las autoridades deben hacer respetar el Estado de derecho y la Constitución Política del Estado, que nos garantiza a todos circular por todo el territorio nacional, pero vemos que estas son precisamente las que permiten que mantengan esos privilegios de algunos sectores que están al margen de la ley”.

El Gobierno “debe hacer cumplir estas normas y hacer prevalecer el derecho de circular. Eso exigiremos, pero sabemos que esos grupos actúan en complicidad con el MAS”.

Dice que fueron grupos del MAS, con este argumento: “Empezaron a gritarles ‘motines’ a los policías, vendepatrias, neoliberales o golpistas, ¿de quién es ese discurso si no es de ellos?”.

Considera que su seguridad pudo estar en riesgo, pero “gracias a la Policía que intervino en su momento pudimos salir sin más problema que los vidrios rotos”.

Con respecto al TSE, considera que su misión “debe ser garantizar que todos los candidatos estemos en igualdad de condiciones para hacer una campaña política equitativa, y esa instancia debe coordinar el resguardo a todos los actos en lugares que sean críticos”.

El coordinador del comité nacional de campaña de Juntos, el senador Óscar Ortiz, manifestó que la alianza oficialista rechaza y condena cualquier agresión a un candidato como a cualquier ciudadano. “Somos un país democrático, la gente quiere paz, ha rechazado a los violentos. Lo que corresponde es que la Policía y la Fiscalía puedan actuar para identificar a los que promueven agresiones, y obviamente procesarlos y sancionarlos como corresponde”. Mientras, el TSE “de oficio debe pedir la intervención del Ministerio Público, al Ministerio de Gobierno y solicitar la seguridad de todos los candidatos”.

Esto implicaría una labor de coordinación preventiva entre esas instancias, en lugares críticos. “Afortunadamente son casos aislados, pero será trabajo de los organismos de seguridad priorizar las labores de investigación para ver dónde es necesario tomar medidas preventivas, El Alto, Chapare y donde haya agresiones. No compartimos la violencia”.

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, advirtió de que hay que entender que una parte del país considera “que tú no eres la mejor propuesta, por lo tanto, te puede criticar, silbar, manifestarte su rechazo o lo que fuera”.

Para él, la respuesta es el autocontrol y “saber que esa persona tiene derecho a expresar sus ideas”. Pero, esa expresión democrática no debe dar el paso siguiente “que es la agresión o violencia dura, que puede ser apedrear, golpear o quemar. Quiero hacer un llamado muy fuerte, ante la agresión contra Pumari, en El Alto, lo que critico y condeno, porque aunque sea de otra tienda política, es un candidato, es una persona que se debe respetar”.

Lo que para Mesa es un camino equivocado, “es lo que lamentablemente hizo el expresidente Morales, no solamente incitó, sino pidió a su gente que ejerza violencia y que bloquee la posibilidad de que otros distintos a su sigla ingresen a su cato personal”, y planteó el desafío de recuperar los espacios de todos, que se puede dar solo con el ejemplo para “reconstruir lo que es la tolerancia”.

El candidato a diputado por CC, Carlos Alarcón, indica que las autoridades competentes, de acuerdo con la gravedad de los hechos, para garantizar que los partidos puedan hacer campaña en todo el país son “el TSE, el Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de Gobierno”.

Cuando se generan hechos ilícitos, “el Órgano Electoral debe garantizar que sea una campaña lo más democrática posible. Cuando se consuma la violencia debe intervenir la Fiscalía. No interesa la filiación política ni el lugar donde se cometa la violencia, sea quien sea, no importa el partido al que pertenezca, debe procesarse”.

Mientras, que en función preventiva, la Policía y el Ministerio de Gobierno deben actuar “ante las amenazas que hacen en regiones a las que no puede ingresar tal o cual candidato, ahí el TSE debería coordinar con la Policía, el Ministerio de Gobierno y adoptar las garantías para que ese postulante pueda hacer su campaña. Y ojo, solo la amenaza ya es delito”.

El MAS, a través de la diputada Sonia Brito, consideró que el caso de Pumari fue resultado de la indignación en El Alto, “porque este personaje, junto a Camacho y la actual presidenta Áñez, el ministro Arturo Murillo y el de Defensa, Fernando López, tienen que ver con la masacre de Senkata. Que uno de ellos vaya a hacer un acto en esa ciudad es un insulto que generó esa reacción de personas que no necesariamente son militantes del MAS. Hay muertos a los que no se les hizo justicia, no hay una causa abierta ni detenidos”.

Negó rotundamente que hubiera sido un hecho preparado. “Esta acción de violencia se la entiende porque esta gente intentó hacer campaña en este lugar”.

La legisladora denunció que el MAS no solamente sufrió agresiones de campaña, “nosotros estamos ante una persecución política despiadada. Nuestros candidatos no tienen la libertad de salir y hacer campaña gozando de todas las garantías constitucionales. “Son perseguidos, acusados, tienen procesos, y eso también es una agresión, y exigimos que el señor (presidente del TSE) Salvador Romero y el TSE asuman acciones sobre esto”.

El dirigente cocalero Leonardo Loza dijo que se permitirá que todos los partidos hagan campaña. Murillo comprometió dar seguridad a todos, “pero debe ser un principio que el país sea absolutamente democrático y también es importante escuchar la voz del TSE. ¿Hay condiciones democráticas para llevar adelante elecciones en Chapare, donde no entra la Policía?, eso es clave”.

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