Temen repunte de denuncias y ponen candado a la violencia política

Las mujeres que ejercen la titularidad en los concejos municipales y asambleas legislativas enfrentan una dura batalla en la carrera política; es que en este segundo semestre del año aumenta el temor de que los acuerdos partidarios aceleren la presión para que los suplentes varones asuman los cargos.
El problema surge a consecuencia de los acuerdos internos que existen en los partidos políticos para cumplir con la paridad de género al momento de conformar las listas de candidatos. Esto implica que a la mitad del mandato los hombres exigen la titularidad. Estos casos son calificados como delitos en la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.

Para hacer cumplir la ley y evitar la violencia hacia las mujeres que ocupan cargos electivos, el Tribunal Supremo Electoral elaboró el reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política a mujeres en función pública.

La nueva modalidad, que se aplica desde mayo, establece que las dimisiones tienen que ser presentadas personalmente, no a través de un partido político o del delegado; además, la renunciante será sometida a una entrevista previa, y si en ella se percibe algún indicio de presión, la solicitud no procede.

De acuerdo con las estadísticas de la Asociación de Concejalas de Bolivia, en este primer semestre fueron presentadas 21 denuncias por acoso y violencia política, de las cuales ni una cuarta parte ha llegado a la justicia.

En todo el año pasado fueron sentadas 49 denuncias en todo el territorio nacional, de las cuales 15 ni siquiera ha iniciado proceso, 18 se fueron por la vía administrativa, otras 12 se encuentran en la instancia penal, tres por la vía constitucional y una en el órgano electoral. De todas las que llegaron a la vía penal, ninguna concluyó, pero 11 se resolvieron por vía administrativa y una por la constitucional.

Testimonios
Las lágrimas corrían por el rostro de la concejala de Pailón Jéssica Muriel Justiniano Gutiérrez (MNR) y su voz se entrecortaba cuando relataba los momentos difíciles que vivió el año pasado. Ella sentó una denuncia ante el Ministerio Público por acoso y violencia política, pero el caso se cerró por falta de recursos.

Aseguró que las diferencias internas en su partido, motivadas por otros de sus colegas concejales, detonaron las agresiones que le impedían sesionar. “Presenté las pruebas, pero lamentablemente el caso se cerró porque no tuve apoyo para hacerle seguimiento. Parece que la política es solo para los hombres; la mujer generalmente es utilizada por los partidos en los que una milita, es difícil cambiar la concepción de que los hombres son los que mandan”, lamentó Justiniano.

La asambleísta suplente Neira Buddelman Gómez inició el año pasado un proceso que radica en el Juzgado Segundo de Instrucción Penal y Violencia contra la Mujer. Aseguró que fue presionada para dimitir y lo hizo, pero que al día siguiente retiró su renuncia y ahora el Tribunal  Electoral Departamental le extendió una nueva credencial. 

Estos y otros casos fueron expuestos la semana pasada durante el encuentro departamental Hacia Una Democracia Paritaria y Complementariedad entre mujeres, hombres sin acoso ni violencia política, donde se resaltó que el hostigamiento y la presión son ataduras que todavía no se pueden romper.
El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Eulogio Núñez, afirmó que con la nueva reglamentación las mujeres que renuncian a sus cargos son sometidas a una entrevista con el fin de verificar si su decisión está siendo presentada de forma libre y voluntaria, o si son obligadas. 
Esa entrevista es la que definirá la actuación de las autoridades electorales, porque si existe indicios de acoso y violencia política, la sala plena hará conocer que la renuncia no se considera válida y se remitirá los antecedentes al Ministerio Público o autoridad judicial competente. 

Muchas callan

Una realidad que no se puede esconder es que son muchas más las que callan que las que denuncian un hecho de acoso o violencia política, resalta la presidenta de la Asociación de Concejalas de Santa Cruz, Sarita Arce, que no pudo ocultar su preocupación porque antes de que se cumpla la mitad de gestión ya se están produciendo presiones por los acuerdos internos de las organizaciones políticas para que renuncien las ediles.

La alcaldesa de EL Alto, Soledad Chapetón, señaló que desde el momento que fue candidata al sillón municipal saltaron declaraciones públicas en su contra y que en dos ocasiones presentó denuncia ante el Ministerio Público y fueron rechazadas. “Los problemas nos hacen más fuertes, más resistentes, pero sí existen normas en el país, y si no se las aplican, no sirven de nada”, indicó.

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, resaltó que la mujer que ocupa cargos públicos no debe sentirse disminuida ni victimizarse. “Sabemos que hemos ganado un espacio político importante al lado del hombre”. 

La representante de la Casa de la Mujer en Santa Cruz, Miriam Suárez, destacó que hay una ley “muy hermosa contra el acoso y violencia política”, pero la práctica cotidiana que está marcada por la cultura patriarcal y abusiva. “Lamentablemente muchas veces se involucra a la familia en caso de intimidación y amenazas contra las concejalas”.