Los incendios forestales han dejado una huella devastadora en Bolivia. En los últimos cinco años, el fuego arrasó 29.997.811 hectáreas en todo el país, según datos del Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), administrado por la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal.
El año más crítico fue 2024, cuando las llamas consumieron 12.858.157 hectáreas, la mayor superficie registrada en las últimas décadas. Santa Cruz concentró gran parte de esa devastación, con 8.503.352 hectáreas afectadas.
Sin embargo, esta crisis no es reciente. El histórico del SIMB muestra que las quemas comenzaron a incrementarse de forma sostenida desde principios de siglo. En el año 2000 se registraron 24.283 hectáreas afectadas. Ocho años después, la cifra ya superaba los 2 millones de hectáreas y, tras una leve disminución en 2009, volvió a dispararse en 2010, cuando el fuego consumió más de 8 millones de hectáreas.
Aunque 2019 marcó un punto de inflexión por la masiva movilización ciudadana en defensa de la Chiquitania, las cifras de ese año —5,2 millones de hectáreas quemadas— terminaron siendo inferiores a las registradas cinco años más tarde, cuando Bolivia enfrentó la peor temporada de incendios de su historia.
En 2025 la superficie afectada disminuyó considerablemente y superó ligeramente los 2 millones de hectáreas. En lo que va de 2026, los reportes de la Gobernación de Santa Cruz y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Tarija estiman que cerca de 30.000 hectáreas han sido afectadas en ambos departamentos.
Prevención y sanciones
Autoridades nacionales, departamentales y municipales coinciden en que la prioridad debe ser la prevención, sin dejar de lado el endurecimiento de las sanciones contra quienes provocan incendios de manera intencional.
Con ese objetivo, el Comité Operacional de Emergencia Departamental (COED) se activó en Santa Cruz el pasado 20 de julio. Durante la reunión, encabezada por el secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, las instituciones acordaron fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la capacidad de respuesta y promover sanciones más severas para los responsables de los incendios.
En la misma línea, la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), a través de su presidente, Neptaly Mendoza, solicitó el apoyo de Defensa Civil para enfrentar las emergencias y demandó que se aplique “todo el peso de la ley” contra quienes generan daños al medioambiente mediante incendios forestales.
Desde el Gobierno nacional, el presidente Rodrigo Paz destacó la coordinación entre las distintas instancias del Estado para combatir los incendios registrados en Santa Cruz y Tarija. No obstante, advirtió que los focos vuelven a concentrarse en las mismas regiones y reconoció que los recursos destinados a las tareas de mitigación provienen, en gran parte, de créditos internacionales, debido a las limitaciones financieras que atraviesa el Estado
Cambios legales
En el ámbito legislativo también se impulsan medidas para endurecer las penas por incendios provocados. Entre ellas destaca el proyecto presentado por la senadora Marcela Guerrero, que plantea hasta 30 años de prisión para quienes ocasionen incendios que provoquen muertes, destruyan áreas protegidas o causen graves daños ambientales.
Por su parte, el presidente del Senado, Diego Ávila, informó que la Cámara Alta aprobó una norma destinada a restringir los chaqueos, iniciativa que ahora deberá ser considerada por la Cámara de Diputados. Además, recordó que, en la gestión anterior, el Senado derogó tres de las denominadas “leyes incendiarias”, normas que aún permanecen pendientes de tratamiento en la Cámara Baja.
En paralelo, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente presentó el Plan de Prevención de Incendios Forestales 2026, sustentado en seis ejes estratégicos: prevención y reducción del riesgo; monitoreo y alerta temprana; coordinación interinstitucional; capacitación y concienciación ciudadana; fortalecimiento de la capacidad de respuesta; y protección de ecosistemas y poblaciones vulnerables.
Como parte de esta estrategia, el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonabosque) lanzó una convocatoria pública para financiar proyectos de prevención, preparación y restauración en territorios recurrentemente afectados por incendios. El programa dispone de Bs 10,7 millones para fortalecer la gestión integral del riesgo.
Con el inicio de la época seca, Bolivia vuelve a enfrentar una de sus amenazas ambientales más recurrentes. Evitar que el país vuelva a registrar cifras similares a las de 2024 será el verdadero indicador del éxito de las políticas implementadas este año.