Un monitoreo satelital muestra que, en lo que va de marzo, se han tumbado más de 15 ha de bosque del área protegida municipal. Reunidos en cabildo, indígenas dieron 20 días de plazo al edil para frenar la ocupación ilegal de tierras y los desmontes
(VEA EL VIDEO) Un nuevo desmonte de 7 hectáreas fue realizado entre 6 y 11 de julio de 2022, dentro del Área Protegida Municipal y Reserva Forestal del Bajo Paraguá, de San Ignacio de Velasco, pese a que ese pulmón verde se encuentra registrado como Tierra Fiscal No Disponible
Reportes satelitales indican que entre enero y marzo de este año se abrió una brecha de siete kilómetros. Hay cultivos y nadie se hace responsable
Es conocida por el aprovechamiento del Asaí (Euterpe precatoria), una palmera de la que se extrae su pulpa
Existen cultivos y más de 100 hectáreas deforestadas. El INRA dijo que no dio resoluciones de asentamientos y la ABT reconoció la ilegalidad de los desmontes, pero cinco meses después de las primeras denuncias no se ejecuta el desalojo
El concejal de San Ignacio de Velasco, que integra la comisión sobre territorio y medioambiente, hizo la inspección en el lugar que se disputan las comunidades chiquitana Ebenezer y de colonos Jerusalén 3. Habló de la problemática de la tierra, el aeropuerto y el área protegida Bajo Paraguá
Especialistas del INRA coinciden en que el área no puede ser ocupada porque es espacio protegido. La entidad rechazó 54 solicitudes de dotación, pese a esto hay 12 comunidades asentadas. El documento conmina a la ABT a sacar a los invasores
Una de las primeras tareas que asumirá el Comité de Gestión es dar seguimiento al documento que envió el INRA a la Alcaldía de San Ignacio, donde certifica que no ha autorizado los asentamientos
Señalan que alrededor de 30 personas están tumbando el bosque en esta reserva municipal de San Ignacio de Velasco
Se ha comprobado que los avasallamientos continúan. Se pide una Asamblea de la Cruceñidad para defender las tierras de los municipios chiquitanos
El INRA aclaró que la zona es tierra fiscal no disponible al tener la categoría de área protegida. El 27 de mayo, un grupo de personas ingresó y abrió brechas de ocho kilómetros. La ABT señala que no tiene tuición en el conflicto
La situación afecta a las seis provincias de la Chiquitania. La denuncia de los cívicos da cuenta de que se han abierto brechas de hasta ocho kilómetros para introducir maquinaria pesada para el desmonte
