Los uniformados portaban armamento militar cuando traspasaron los límites. Desde la fiscalía chilena se cuestiona la participación de los militares en algún operativo contra el contrabando
Este lunes se celebró una audiencia virtual y la defensa de los uniformados pidió revocar la detención preventiva. Ahora, los efectivos estarán con arresto domiciliario en un hotel de Pozo Almonte
Hoy se desarrolló la audiencia ante la Corte de Apelaciones de Iquique y el abogado defensor repitió los antecedentes del caso, pero esta vez dijo que los uniformados cruzaron por “error” la frontera
Uno de los abogados defensores de los uniformados anunció que se negociará con la Fiscalía de Chile un procedimiento abreviado sin que se reconozca el delito de robo
Chile instaló tres nuevos puestos de control en la frontera y el ministro Novillo insiste en buscar una salida diplomática.
El juzgado de Pozo Almonte observó que los efectivos bolivianos no hayan acudido a la cooperación de sus pares chilenos para evitar pasar la frontera. La jueza validó todas las argumentaciones de la Fiscalía y se sumó a la posición de que los uniformados son un 'peligro' para la seguridad chilena
El abogado chileno Christian Castro Hernández argumentó que las supuestas víctimas huían de Bolivia y Chile y que los tres militares realizaban una persecución
Los uniformados fueron acusados por pasar la frontera y disparar contra carabineros chilenos. Además, se los denunció por robo de vehículos. El fiscal Hardy Torres pidió su detención
La posición de la autoridad chilena es más agresiva y no va en sintonía con la del Ministerio de Defensa de Bolivia, que pretende resolver el impasse por la vía diplomática. El futuro de los tres detenidos aún es incierto.
Los efectivos nacionales se encuentran detenidos en el lado chileno y un juez de Pozo Almonte decidió su reclusión por tres días en el penal de Alto Hospicio. El sábado será su audiencia formal
El servicio pasivo expresó su preocupación. El Gobierno analiza el reporte del GIEI sobre la violencia que estalló con las fallidas elecciones de ese año
Cuatro de los detenidos son comandantes de alto rango. El Ejecutivo ha formalizado la expulsión de otros 24 uniformados. Todos ellos están acusados de traición a la patria instigación a la rebelión y el decoro militar
