PAÍS
SIP Bot: preocupa el cierre de un medio de comunicación en Bolivia
El SIP Bot es una herramienta de inteligencia artificial de la Sociedad Interamericana de Prensa que monitorea en tiempo real violaciones a la libertad de prensa.
El SIP Bot es una herramienta de inteligencia artificial de la Sociedad Interamericana de Prensa que monitorea en tiempo real violaciones a la libertad de prensa.
Gary González Borda denuncia persecución política por parte del MAS. Afirma que hay una lista con al menos 10 personas a las que se pretende encarcelar.
Los dos sujetos que atracaron en un supermercado integraban una banda criminal que cometió en los últimos días por lo menos siete atracos. Además del aprehendido durante la persecución, un segundo ladrón fue capturado y hay otros dos prófugos
El ministro de Justicia no logró convencer a gremiales de El Alto que le piden anular el proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas
La Iglesia le dijo al Gobierno que la supuesta persecución penal que realiza en realidad es persecución política contra sus opositores
Paola Aguirre asegura que hay más órdenes de allanamiento emitidas por una juez de la capital cruceña
Mario Cazón dijo que esperará pruebas de la supuesta persecución y deslizó que la entidad que dirige cobra impuestos sin distinciones de ninguna clase
Roxana Graz recordó que dos dirigentes de Comcipo están declarados en la clandestinidad y un expresidente (Marco Pumari), preso 10 meses
Evo Morales se queja de una supuesta manipulación de la justicia para perseguirlo; el mismo reclamo que le hicieron muchas veces sus adversarios políticos que fueron enjuiciados
Los dirigentes de Adepcoca presentarán este martes la información del celular de un presunto infiltrado. Hay cruce de acusaciones y el oficialismo culpa al nivel central de entrometerse en el conflicto en 2021
Las ONG's contabilizan 244 presos políticos en las cárceles venezolanas. En el caso de Javier Tarazona se han suspendido 13 veces las audiencias que deben considerar su situación legal
En el último año, el gobierno ha ilegalizado unas 1.500 entidades, entre organizaciones de la sociedad civil o universidades, y se apropió de los inmuebles