Es importante entender que la resolución emitida por el Banco Central no introduce un marco normativo y solo levanta la mencionada restricción

9 de julio de 2024, 9:02 AM
9 de julio de 2024, 9:02 AM

La eliminación de las prohibiciones sobre criptoactivos, impuestas a las entidades financieras, fue recibida de manera positiva por el público en general; durante estas semanas, hemos visto muchas noticias y artículos de opinión referidos a las oportunidades que emergen a partir de esta nueva política estatal.

Sin embargo, es importante entender que la resolución emitida por el Banco Central no introduce un marco normativo y solo levanta la mencionada restricción. Por tanto, quedan aún muchos temas por regular, siendo el tratamiento tributario uno de ellos.

¿Pero cómo deberíamos tratar fiscalmente a las transacciones que ocurran el día de hoy? Para dar una respuesta y ante la falta de normativa, tendremos primero que entender las connotaciones legales de los criptoactivos.

La Resolución de Directorio abrogada definía a los criptoactivos como unidades digitales emitidas de forma electrónica por agentes privados, no vinculadas a la operativa de Instrumentos Electrónicos de Pago autorizados por el Banco Central. En cristiano, esto implica que no pueden considerase moneda de curso legal, moneda extranjera ni dinero electrónico, criterio compartido por la mayoría de los países de la región.

Tampoco son títulos valores (bonos, pagarés, acciones, etc.) ya que no se encuentran clasificados como tales por el Código de Comercio, ni reúnen las características exigidas por la Ley del Mercado de Valores.

Al contrario y conforme plantean los proyectos de ley que se encuentran en tratamiento, los criptoactivos pueden considerarse “bienes muebles inmateriales”, connotación que guardaría coherencia con el Código Civil.

A partir de este criterio, evaluaremos solo algunos aspectos relativos a los posibles efectos fiscales.

Los pagos realizados con un bien mueble implican su transferencia, motivo por el cual los efectuados con criptoactivos tendrán, para fines del IVA, el mismo tratamiento que cualquier otra venta de bien mueble: la aplicación del 13% sobre el precio de venta y la emisión de la respectiva factura. Esto si el vendedor es una empresa, ya que una persona natural solo tributaría por este impuesto si cumple con el criterio de habitualidad.

A nivel del IUE, la transferencia del criptoactivo tendrá efectos en la medida de que se realice a un valor superior o inferior al registrado en el balance general, tratándose como una ganancia o un pérdida, respectivamente.

Pero en ambos casos resulta fundamental considerar que la tributación se encuentra ligada a un criterio de territorialidad, estando alcanzadas las ventas y rentas relacionadas con bienes situados, colocados o utilizados económicamente en Bolivia (este último concepto, en el caso del IUE). Así, tocará evaluar si, por ejemplo, las transacciones con Bitcoin o Ethereum se entienden como operaciones con bienes muebles ubicados en territorio boliviano, entre otros aspectos.

El tratamiento respecto al IGF para residentes bolivianos resulta más claro, ya que no será relevante el lugar donde se encuentra el criptoactivo, pese a que podrían surgir dificultades respecto a la valoración.

Sin embargo, quedan cuestiones abiertas que ameritan una regulación clara, siendo esencial entender los impuestos aplicables para evaluar cualquier alternativa.