Por: Diego Zeballos Patton - Asociado de Gumucio Litigation Corporate
En Bolivia, cerca del 80% de la economía opera en la informalidad. Esta cifra suele analizarse desde el comercio, el autoempleo o las actividades productivas no registradas. Sin embargo, existe un área que también merece ser abordada, y que es igual de crítica: la informalidad en la contratación de trabajadores. Es decir, relaciones laborales que existen en la práctica, pero no en el marco de la ley.
Hablar de informalidad laboral suele hacerse desde el reproche. Se la asocia con evasión, abuso o incumplimiento deliberado. No obstante, cuando este tipo de contratación se convierte en la norma y no en la excepción, la pregunta deja de ser quién incumple y pasa a ser por qué el sistema empuja a incumplir.
La formalidad en la contratación de trabajadores cumple una función social incuestionable. Un empleo formal garantiza acceso a seguro a corto y largo plazo, protección frente a riesgos laborales, estabilidad mínima y una proyección de seguridad futura. Los beneficios sociales no son un privilegio ni un gasto arbitrario: son herramientas de previsión colectiva, diseñadas para proteger al trabajador, aliviar la carga social del Estado y garantizar una economía más estable.
Sin embargo, en la práctica, para gran parte del tejido empresarial boliviano —compuesto mayoritariamente por micro y pequeñas empresas— contratar formalmente no implica únicamente pagar un salario. El costo real de la relación laboral se incrementa significativamente por aportes obligatorios, beneficios acumulativos, primas, cargas administrativas y riesgos legales. De esta manera, el salario acordado rara vez refleja el verdadero costo de mantener un empleo formal.
El sistema laboral parte de una premisa que no se ajusta a la realidad nacional: asumir que la mayoría de los empleadores tiene la capacidad económica de absorber estos costos. En un país donde la informalidad económica alcanza al 80%, exigir esquemas de contratación pensados para empresas consolidadas produce un efecto previsible: la exclusión de la formalidad.
En este escenario, la informalidad en la contratación de trabajadores no siempre responde a una decisión arbitraria. Muchas veces es una respuesta de supervivencia: empresas que necesitan operar para mantenerse, trabajadores que priorizan el ingreso inmediato frente a una protección futura incierta, y un mercado laboral que se adapta, de manera precaria, a un sistema que no ofrece vías reales de incorporación progresiva a la formalidad.
El resultado es un círculo vicioso: trabajadores que quedan sin protección efectiva, empleadores permanentemente expuestos a contingencias legales y un sistema de seguridad social enfocado más en sancionar que en facilitar la formalización. Así, se normaliza el incumplimiento y se consolida la informalidad laboral estructural.
Cuando la mayoría de las relaciones laborales se desarrollan fuera del marco formal, el problema deja de ser únicamente la conducta individual. Es una señal clara de que el modelo de contratación laboral necesita ser revisado. Un sistema que resulta inviable para la mayoría no logra ordenar la realidad social; simplemente queda al margen de ella.
Cuestionar esta situación no implica rechazar los beneficios sociales ni desconocer su importancia. Por el contrario, significa reconocer que la protección laboral no puede construirse sobre un esquema que, en los hechos, excluye a la mayoría de los trabajadores que pretende proteger. Defender la formalidad también exige preguntarse si las reglas actuales realmente permiten que todos puedan acceder a ella.