El Efecto de los Incrementos Salariales en el Costo Laboral dentro del sector privado

El 1 de mayo de 2024, el gobierno boliviano emitió el Decreto Supremo 5154, que introduce importantes medidas en relación con los incrementos salariales y el salario mínimo nacional para el presente año en el sector privado.

Según esta normativa, el incremento salarial en el sector privado deberá ser acordado entre empleadores y trabajadores, sobre la base del tres por ciento (3%). Este aumento salarial se aplica a todas las modalidades de contratos de trabajo asalariado, sin excepción alguna.

El Salario Mínimo Nacional se fija en Bs 2.500 para los sectores público y privado, lo que representa un incremento del 5,85% respecto al año anterior.

El Decreto Supremo estipula la aplicación retroactiva del incremento salarial y del salario mínimo nacional desde el 1 de enero de 2024, con la obligación de realizar el pago retroactivo antes del 31 de mayo del mismo año. Se confiere al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social la responsabilidad de reglamentar estos aumentos para el sector privado, cuya resolución ministerial se espera en los próximos días.

Conviene precisar ahora, cuál es el impacto económico real que este incremento representa para los empleadores.

Un salario mínimo de Bs 2.500, implica varias obligaciones adicionales para el empleador:

Ø  2% de Aporte para el Fondo Pro Vivienda.

Ø  1,71% al Seguro de Riesgo Profesional.

Ø  3% de Aporte Patronal Solidario.

Ø  10% al Seguro a Corto Plazo de Salud.

Ø  8,33% para Aguinaldo de Navidad.

Ø  8,33% para Indemnización.

Ø  8,33% para Pago de Prima.

En total, un salario mínimo nacional de Bs 2.500 representa un costo mensual para el empleador de Bs. 3.751, un 41,7% adicional, sin contar con otros derechos laborales como el Bono de Antigüedad u otros que pudieran corresponder; como el Subsidio de Frontera, por ejemplo, que equivale al 20% del salario básico del trabajador, lo que aumentaría aún más el costo laboral mensual.

Ahora bien, ¿Este tipo de medidas contribuirán de alguna manera a generar empleo formal en Bolivia? Recordemos que la tasa de informalidad en el mercado laboral boliviano supera a la fecha el 80%. El 87% de estas personas son mujeres y, de este porcentaje, cuatro de cada 10 desempeñan sus actividades por cuenta propia.

La informalidad laboral en Bolivia denota la ausencia de protección social y derechos laborales para los trabajadores. Los empleados en esta situación carecen de acceso a la seguridad social, protección contra el despido injustificado e indemnización en caso de este. Además, enfrentan limitaciones en oportunidades de capacitación y desarrollo profesional en comparación con sus contrapartes formales.

Este fenómeno ha generado efectos adversos en la economía boliviana. Los trabajadores informales no contribuyen al sistema de seguridad social ni pagan impuestos, lo que resulta en una merma en la recaudación fiscal y un mayor peso para el sistema de seguridad social, que debe atender tanto a trabajadores formales como informales.

El Convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece estándares internacionales para políticas de empleo. Su objetivo es fomentar la creación de empleo productivo, equitativo y sostenible, así como mejorar el acceso y las oportunidades laborales, con énfasis en la consulta y participación de trabajadores y empleadores en la formulación de políticas de empleo.

Bolivia, al haber ratificado el Convenio 122 el 31 de enero de 1977, está obligada a implementar políticas que reduzcan la informalidad laboral y promuevan el empleo formal. Estas políticas deben incluir incentivos fiscales para empresas que contraten formalmente, programas de capacitación y desarrollo profesional, y campañas para fomentar la economía formal.

Sin embargo, los aumentos salariales previstos para este año no necesariamente impulsan el empleo formal. Aunque parezca beneficioso para los trabajadores, el aumento de costos laborales para los empleadores puede desincentivar la contratación formal y promover la informalidad laboral. El elevado costo laboral puede llevar a las empresas a optar por alternativas como la contratación informal o la automatización, en lugar de empleo formal.

Para abordar efectivamente la informalidad y promover el empleo formal, es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la creación de un entorno favorable para la contratación formal. Esto implica políticas integrales que incluyan incentivos para las empresas, programas de capacitación y concientización sobre los beneficios del empleo formal.