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Este es un fragmento del texto original publicado por La Brava

Texto: Aleja Cuevas / La Brava
Fotografía y videos: Shirley Ríos / La Brava

*Edición 32 / Lunes 6 de septiembre

Los 11 guardaparques que deben vigilar el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró tendrían que ser superhumanos para cumplir su misión. Personas con capacidades de teletransportación, con sentidos de la vista, el oído y el olfato ultradesarrollados, además de contar con tecnología para enfrentar quemas, tala, cacería y otro tipo de ataques contra un área cuya denominación de “protegida” va resultando una ironía.

En la realidad, muy poco pueden lograr esas 11 personas en medio de las 637.600 hectáreas del parque ubicado en el oeste de Santa Cruz (Bolivia). A cada uno de esos vigilantes, en teoría le correspondería la responsabilidad de velar a lo largo y ancho de 58.000 hectáreas. Lo que hacen, en cambio, es lidiar como pueden para no abandonar la misión ante la falta de medios de transporte,  combustible e incluso de equipamiento básico para moverse por tierra o por río. Además, de salir airosos si se topan con traficantes de recursos naturales, quienes suelen ser no sólo muchos, sino que pueden estar armados.

Esa situación no es distinta a nivel nacional. El país tiene 22 áreas que proteger, con una extensión de 17 millones de hectáreas, lo que equivale a un 17% del territorio. Para lograr una buena cobertura se necesitaría de al menos 1.300 personas, calcula Santos Mamani, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC). Y sólo hay 283, es decir algo más de la mitad respecto de los 509 de 2014, cuando ya era una cantidad insuficiente.

Hay un “desarme” institucional del Sernap, afirma el vocero de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP), Alex Villca, lo que sumado al paquete de normas extractivas aprobadas por el gobierno de Evo Morales, resquebraja la resistencia de quienes por ley están facultados de hacer prevalecer las normas que protegen el patrimonio natural.

El Sernap juega un rol nefasto, dice Villca: es el brazo operativo del Gobierno para facilitar un conjunto de actividades extractivas; dejó su rol de protector, de guardián del patrimonio natural y cultural del pueblo boliviano para ser facilitador y hasta guía para actividades que ambicionan la totalidad de las áreas protegidas.

En la ruta de los guardianes

Con “bolos” de coca en la boca, tal cual acostumbran los guardaparques, emprendemos junto a tres de ellos Pedro, Arturo y Juan (nombres cambiados para resguardar su seguridad ante cualquier intimidación) el recorrido por los ríos Mataracú y Coronel del parque Amboró. Esta reserva natural tiene cuatro ingresos, uno de ellos es por el municipio San Carlos, donde comienza nuestra incursión, en el sector Oriente Chichas.

El cuerpo de protección, como se denomina al grupo de guardaparques, lleva mochilas con bolsas de pan de arroz y botellas de agua, cintas métricas y teléfonos celulares. Es por estas vías y sus afluentes —nos explican— que en época de lluvias los traficantes de madera hacen deslizar tablones talados, técnica que dificulta la detección si no se cuenta con la tecnología apropiada. Este ilícito es una de las primeras amenazas en el área que por su rica biodiversidad motivó el establecimiento de medidas para su protección desde 1973.

La extracción ilegal de madera es una constante en el parque Amboró. Tras el recorrido, que hacemos a pie en época seca y por un río de piedras, ingresamos al Sendero de Interpretación, conocido así porque hay cascadas y piscinas que se forman naturalmente. Observamos pocos árboles de pobre follaje, pero también cenizas de fogón y un tronco de mara que señalan el paso de traficantes de madera. Ese tronco de unos 80 centímetros de diámetro y seis metros de largo es el testigo de la muerte que la ilegalidad siembra cotidianamente. 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) interceptó en enero de 2020, en el trayecto del río Yapacaní, 160 tablones de madera mara proveniente del parque Amboró; y en abril del mismo año, 57 piezas de cuartones de madera. La cuarentena rígida obligada por la Covid-19 frenó la labor de control, pero parece haber estimulado a los depredadores, de acuerdo con el reporte de esta entidad.

La superficie deforestada en Áreas Protegidas Nacionales en el periodo 2016-2017 fue de 15.396 hectáreas, el 51% de las cuales se encuentra en la categoría de Área Natural de Manejo Integrado; 36% en categoría de Parque Nacional, y 13%, en categoría Reserva Nacional, según el informe Deforestación en el Estado Plurinacional de Bolivia. Periodo 2016-2017.

El 4 de septiembre se recuerda el Día Nacional de las Áreas Protegidas, establecido por Decreto Supremo 28315 de 2005, y asimismo es el aniversario de creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Sobre esta institución recaen los problemas y responsabilidades por la falta de guardaparques, despidos injustificados, situaciones de trabajo precarias para los que quedan, designación cuestionada de directores y escasos recursos nacionales asignados a las áreas naturales. Las consecuencias son una mayor deforestación, extractivismo y avasallamiento en la Amazonia boliviana. 

Oscar otro guardaparque que se quedó en la oficina nos contó que el control en el Amboró era más riguroso hace una década, cuando eran 30 personas las que hacían la vigilancia.

“Había más control y nos respetaban. Estábamos tres o cuatro en cada campamento, espacio bien controlado y equipado, pero luego fueron saliendo los guardaparques, así que, siendo pocos, mientras íbamos a controlar un lugar, ya ingresaban (los traficantes) por otro lado”, dijo.

El abandono de los campamentos y la falta de control y patrullaje fueron justificaciones para que, en marzo reciente, la Central de Comunidades Campesinas de Buena Vista, municipio donde está la oficina del Sernap, tome las instalaciones de esa entidad estatal y exija la renuncia de todo el personal.

En dicha toma, se habría demandado que dos de los nueve guardaparques (sin contar con el jefe de protección y el director) sean del municipio, explicó el director de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Buena Vista, Ambrocio Vallejos, quien se declara “un soldado del proceso” del Movimiento al Socialismo (MAS). Explicó que “hablando políticamente”, hubo mucha gente que hizo campaña y ese esfuerzo debía ser compensado con una oportunidad de trabajo.

Ante esa presión, según Vallejos, se otorgó a los demandantes un cupo de guardaparque, aunque la central llegó a exigir los cargos del Jefe de protección y del Director del Parque Nacional Amboró. En el primer caso, se removió a Alberto Terrazas, quien llevaba un mes en el puesto tras ser cambiado de su cargo como jefe de protección del Parque Nacional Tunariy; en el segundo, Edwin Condori, que asumió el cargo en diciembre de 2020, calificó de “insulso” ese tipo de exigencia, en una entrevista con El Deber Radio.

El funcionario de Buena Vista, al ser cuestionado sobre las decisiones en torno de los guardaparques, admitió desconocer el tema: “Seré honesto, en los dos meses que estoy, hemos estado recién empapándonos, y como hay hartas actividades que hacer, no me interioricé concretamente con todos los guardaparques; apenas una o dos reuniones hemos tenido con el director del Parque para ver qué se hace con el Centro de Interpretación Ambiental”.

Vallejos reconoció, eso sí, que el parque Amboró adolece de guardaparques, pero cree que las organizaciones sociales, como la Central de Comunidades Campesinas, están comprometidas con el cuidado del medio ambiente y son contrarios al tráfico de madera. 

En 2014, el Informe de auditoría sobre el desempeño ambiental respecto de la gestión de las áreas protegidas de carácter nacional, realizado por la Contraloría General del Estado, establece que “ninguna” de las 22 áreas protegidas nacionales cuenta con el personal requerido (de acuerdo a la superficie del área), salvo Torotoro y la Estación Biológica del Beni.

El informe establece que en 2014 las 22 áreas nacionales, con sus 17 millones de hectáreas, contaban con 509 guardaparques, cuando la demanda era de 937; para el 2017, según otro informe del Sernap, había 295. Y en 2021, la cifra es de 283, si se excluye a los 22 jefes de protección y directores, según los cálculos de Santos Mamani, cabeza de ABOLAC.

Como ejemplos de deficiencia, Mamani cita que el Gran Chaco tiene 3 millones de hectáreas y una veintena de guardaparques, y que el Madidi, ubicado en la Amazonía paceña, cuenta con 28 guardaparques para 2 millones de hectáreas, “cuando lo mínimo debía ser de 60”.

Cuidar tiene un precio

Juan —con décadas de experiencia— detiene su paso para identificar a un ave por su trinar. Arturo, diestro en el registro de la fauna, fija su atención en las pisadas de un posible felino: mide el tamaño de las huellas con cinta métrica y las fotografía, tal cual haría un biólogo. Pedro también es un buen observador, deduce por la cantidad de huellas que el animal estaba acompañado por sus crías. El registrar nuevas especies también es parte del apoyo a la investigación.

Los conocimientos adquiridos por los guardaparques no los tiene ni un docente ni un catedrático, considera Jorge Landívar, exdirector de cuatro áreas protegidas, San Matías, Noel Kempff Mercado, Amboró, Kaa Iya del Gran Chaco.

Las desvinculaciones de sus colegas y la intención de jubilar a los que tienen más de 60 años, so pretexto de dar paso a gente con supuestas mejores condiciones físicas para patrullar, subir cerros y nadar, lo tienen molesto, sobre todo porque al problema de perder gente con experiencia hay que sumar lo peor: la cada vez menor cantidad de personal.

La primera tarea del director Ejecutivo del Sernap, Teodoro Mamani (MAS) —exsecretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesino de Bolivia (CSUTCB), posesionado el 20 de noviembre de 2020— fue despedir al personal de las áreas protegidas, entre ellos al ingeniero forestal Landívar. La respuesta a esta medida fue de rechazo y los defensores del medio ambiente enviaron una carta al ministro del rubro, Juan Santos, denunciando que los despidos son injustificados.

Al respecto, el Sernap — mediante un comunicado posteado en su red social Facebook, el 19 de enero de ese año— detalló que, “17 (jefes de área) han sido ratificados en sus puestos, cuatro de ellos son nuevos funcionarios y queda un técnico por designar”. Y que los directores fueron asignados de “manera interina” en sus cargos hasta el lanzamiento de la nueva convocatoria, según normativa institucional. Además, los 289 guardaparques fueron ratificados en sus cargos y cinco de ellos habría presentado su renuncia voluntaria.

La ahora exguardaparque Carola Vaca, con 25 años de experiencia, cuestionó que la “cabeza” del Sernap se está deshaciendo de un capital humano en cuya capacitación invirtieron el Estado boliviano y organizaciones internacionales. Un ejemplo es el convenio con la Unión Europea que entre 2015 y 2017 destinó un millón de euros (1.180.850 dólares) para formar a guardaparques en protección de las áreas naturales.

Parte de esa formación —añadió Vaca— es el conocimiento de las leyes y la conciencia del rol fiscalizador que debe asumir, lo que también lo convierte en vulnerable al momento de frenar una acción. Si no lo logra fiscalizar, sobre todo por las limitaciones ya descritas, bien puede dar la excusa para su despido. Si lo hace afectando al poder detrás de las acciones ilegales, como los avasallamientos a nombre de movimientos sociales, igualmente se expone al despido.

La rotación, es decir el destinar al personal a un área distinta, se considera un despido indirecto. Esto sucedió con Marcos Uzquiano, jefe de Protección del Parque Nacional Madidi. En su caso, gente que desarrolla actividad minera contaminante emitió un voto resolutivo en su contra, el 24 de julio de 2021, firmado por la Central Agraria Pata y siete cooperativas auríferas, entre ellas, “Glorioso”, “Unificada San José 2”, “Unificada Playa Rica”, “Amantala” y “Santa Rosa de Apolo”.

A Uzquiano lo “desconocieron” y pidieron su destitución, luego de que el guardaparque denunciara el ingreso de maquinaria minera. Un mes después le llegó el memorándum de “cambio de ítem” como Jefe de Protección en la Estación Biológica del Beni.


Política por encima del reglamento

El Reglamento General de Áreas Protegidas —aprobado en julio de 1997— establece que la dirección de un área protegida debe recaer en un profesional con título, con experiencia no menor a tres años en temas referidos al manejo de recursos naturales, administración y gestión de proyectos.

En la página oficial del Sernap aparecían, incluso hasta el 31 de agosto, las convocatorias para directores de áreas protegidas, en las que los requisitos indispensables son: “Estudios a nivel licenciatura en ciencias agronómicas y zootecnia, forestales, sociales, económicas y financieras, ambientales, políticas, biológicas y ramas afines, con Titulo en Provisión Nacional”. Como “no obligatorio” figura el tener diplomado o maestría en gestión pública, gestión ambiental y de proyectos.

Contra esto apunta la observación de Miguel Ángel Sardán  —licenciado en Turismo y con maestría en Áreas Protegidas y Medio Ambiente—, desvinculado por Mamani de su puesto en la Dirección del Área Natural de Manejo Integrado el Palmar (2016-2021). Los nuevos directores no cuentan con experiencia de manejo público ni se formaron en áreas protegidas. “Qué se puede esperar de eso (…) con los despidos se ha dejado en indefensión a las áreas protegidas”, afirma.

Incluso quienes se identifican como parte “del proceso” de cambio, es decir del MAS, tienen observaciones a la designación de los directores porque no son gente de la zona, por lo tanto, desconocen la realidad de las áreas protegidas.

Así lo expresó Ambrocio Vallejos al referirse a Edwin Condori, nuevo director del Parque Nacional Amboró. “Ésa es la incongruencia; es otro ecosistema, otra condición, que nos envíen (gente del MAS al Parque Amboró) no estoy en contra, también son del proceso de cambio, pero respetaremos las canchas, cada cual en su canchón”, enfatizó.

En los últimos 24 años, entre 1997 y 2021, 14 directores ejecutivos pasaron por el Sernap. Menos del 50% contaba con una profesión pertinente con las áreas protegidas y el otro porcentaje era de representantes de pueblos originarios, dirigentes sindicales y políticos del MAS.



Los recursos llegan de afuera

El 70% del presupuesto del Sernap depende de “donaciones extranjeras”, las mismas “que no están garantizadas en el tiempo”, decía en 2014 el Informe de Auditoría sobre el desempeño ambiental respecto de la gestión de las áreas protegidas de carácter nacional.

Evidentemente, la crisis económica comenzó a notarse en 2006, cuando desaparecieron los financiadores; algunos guardaparques renunciaron y el Sernap no contrató nuevos y, si lo hizo, fue con sueldos bajos y cuestionables condiciones de trabajo.

“Antes nos dotaban de dos pares de uniformes y con el tiempo ya solo fue uno”, describe Santos Mamani. “Teníamos mochilas de campo, 50 carpas contra incendios, bolsas de dormir, cocinillas de campo, utensilios, pero ya no más; estamos con equipos de hace 10 años, deteriorados, y con carpas agujereadas”.

Una de las necesidades primordiales tiene que ver con el transporte, es decir con un presupuesto suficiente para la compra de combustible. En el caso de El Palmar, el Sernap entrega al año un presupuesto para 1.000 litros de gasolina, es decir Bs 3.744, cuando ese monto es lo que gasta la alcaldía de Presto en un solo día.

Ataque desde distintos flancos

Al “desarme” institucional del Sernap hay que sumar a todo este panorama el rol del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que según el investigador, Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Pablo Villegas, abre paso a las ocupaciones de tierras.

“Se tiene una ofensiva seria y hasta descarada, no sólo contra el medio ambiente, sino contra los derechos de humanos y de toda la sociedad”, concluye quien observa que es bastante obvio que existe un “ataque final” contra el Sernap.

Entrevistar a Teodoro Mamani, director del Sernap, es difícil, como lo es hablar con cualquier funcionario del gobierno actual. Hay que enviar nota escrita y esperar respuesta, la que puede tomar tiempos imprevisibles. La Brava habló con el responsable de comunicación el 19 de agosto y se envió la solicitud y preguntas por WhastApp, porque así se exigió. Para el 24, la respuesta fue que el ejecutivo estaba en la zona de incendio.

Después de unos 10 minutos de descanso en el campamento “Mataracú”, retomamos la caminata para salir del parque Amboró. Uno de los guardaparques alerta sobre el ruido de motosierra, así que todos apuramos el paso, mientras ellos dicen que deberá regresar en motos para hacer un nuevo patrullaje. Superhéroes no son, pero villanos hay.


Puerta de ingreso a las oficinas del Sernap en el municipio de Buena Vista

Un guardaparques observa la cascada Dinosaurio

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