En el Departamento de Santa Cruz, por ejemplo, hay al menos 35.000 productores que generan empleo para más de 300.000 familias

3 de septiembre de 2024, 7:52 AM
3 de septiembre de 2024, 7:52 AM

El sector agropecuario en Bolivia, motor de la economía y sustento para miles de familias, presenta características únicas que requieren una regulación laboral específica. En el Departamento de Santa Cruz, por ejemplo, hay al menos 35.000 productores que generan empleo para más de 300.000 familias. Sin embargo, debido a la dispersión geográfica de los centros de actividad, muchos de estos trabajadores se encuentran en la informalidad, especialmente en lo que respecta al acceso a la seguridad social.

Por otro lado, los propietarios de tierras agrícolas también enfrentan desafíos, como la incertidumbre jurídica y las cargas administrativas excesivas. Es fundamental garantizar que las políticas públicas, incluyendo una ley laboral especial, promuevan la inversión y la producción en el sector agropecuario, sin perjudicar los derechos de los propietarios.

La legislación laboral general, si bien es un marco normativo importante, no es suficiente para abordar las necesidades y realidades específicas del sector agropecuario.

Una ley laboral especial para el sector agropecuario permitiría establecer estándares mínimos de trabajo, jornadas laborales razonables de acuerdo a la actividad a desarrollar, descansos remunerados y condiciones de trabajo seguras y saludables, fomentando la afiliación al seguro social a corto y largo plazo y la creación de registros laborales para garantizar la protección social de los trabajadores.

En efecto, este régimen especial debería considerar establecer porcentajes menores o diferenciados en los aportes tanto para empleadores como para trabajadores a los entes gestores. Esto contribuiría a formalizar el acceso a la seguridad social y a asegurar el cumplimiento efectivo de las normas laborales.

Además, es fundamental que la ley laboral especial busque un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y los derechos de los propietarios de la tierra. En este marco, las inspecciones laborales deberían centrarse en verificar el cumplimiento de las normas laborales y no en cuestionar la función económico social que al fin de cuentas pretenden encontrar justificaciones para revertir el derecho propietario. Al mismo tiempo, los propietarios deben tener muy claras cuales son sus obligaciones laborales y respetar los derechos de sus trabajadores.

Una ley laboral especial para el sector agropecuario debe ser integral y debería considerar mínimamente los siguientes aspectos:

Ø  Establecer una definición amplia que incluya a todos los trabajadores que realizan actividades agropecuarias, dependiendo su gran diversidad (agricultores, ganaderos, porcicultores, avicultores, etc.)

Ø  Brindar protección especial a mujeres, niños, jóvenes y trabajadores del agro, precautelando un acceso a la seguridad social digna a corto y a largo plazo.

Ø  Crear un sistema de inspección laboral eficiente y transparente, que recoja las verdaderas necesidades del productor.

La elaboración de una ley laboral especial para el sector agropecuario boliviano debe ser un proceso inclusivo y participativo que garantice el consenso entre todos los actores involucrados. Es fundamental que esta normativa se construya a partir de un diálogo abierto y constructivo entre el sector privado, los trabajadores agropecuarios y el gobierno central, para así desarrollar un marco legal que sea justo, equitativo y sostenible a largo plazo.

Para lograr este objetivo, es necesario que las partes interesadas participen activamente en la discusión y que sus necesidades y preocupaciones sean debidamente consideradas. Este enfoque colaborativo no solo asegurará que la ley refleje la realidad y las particularidades del sector, sino que también promoverá un mayor compromiso por parte de todos los actores en su implementación y cumplimiento. De esta manera, se fortalecerá la efectividad de la ley, se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores y se incentivará el desarrollo sostenible del sector agropecuario en Bolivia.