La regulación de la economía gig en Bolivia: ¿Necesidad o amenaza?
Para MB, La realidad en Bolivia evidencia la importancia y necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la formalización y la inclusión laboral, partiendo de un diálogo entre los diferentes actores involucrados
De tiempo en tiempo, los esquemas laborales y de empleo experimentan transformaciones profundas, cuya evidencia práctica excede las reflexiones tradicionales. La naturaleza y características de estas formas de trabajo representan nuevos retos, necesidades y exigencias que superan ampliamente las respuestas y tratamientos usuales que ofrece el Derecho Laboral y la Seguridad Social.
En América Latina, la irrupción de la economía gig o economía colaborativa constituye una realidad con la que convivimos diariamente. El número de colaboradores que encuentran beneficio en plataformas digitales que conectan el mundo del reparto, movilidad, comida y hospedaje, ha crecido exponencialmente y discurre en una sombra o área gris que todavía no ha sido visibilizada a nivel legislativo.
El día de hoy, a nivel internacional, el debate está abierto sobre la posibilidad de regular la economía gig mediante normas que tiendan a proteger, en alguna medida, la situación precaria de muchos empleados. No obstante, frente a estas postulaciones, surge también el riesgo de eliminar el crecimiento de este sector, cuya esencia radica y se edifica sobre la base de la flexibilidad.
En particular, el caso de Bolivia podría resultar especialmente sensible en cuanto a la regulación de la economía gig, por el elevado grado de informalidad del mercado laboral.
Según el informe Panorama Laboral 2020 de la OIT, Bolivia tenía una tasa de informalidad laboral del 80,1%, la más alta de América Latina y el Caribe, superando a países como Haití (79,3%), Nicaragua (77,9%) y Honduras (76,5%). Los datos señalan que ocho de cada diez trabajadores en Bolivia son informales, sin acceso a la seguridad social.
En este contexto, surge la pregunta sobre la necesidad o la amenaza de regular la economía gig en Bolivia. Por un lado, algunos argumentan que la regulación es necesaria para garantizar los derechos y el bienestar de los trabajadores gig, así como para evitar la evasión fiscal y la competencia desleal con el sector formal. Por otro lado, otros sostienen que la regulación es una amenaza para la innovación, el emprendimiento y la generación de ingresos que ofrece la economía gig, y que podría desincentivar o limitar su desarrollo.
En nuestro criterio, la respuesta a la pregunta no es sencilla ni única, sino que depende de diversos factores y perspectivas. La realidad en Bolivia evidencia la importancia y necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la formalización y la inclusión laboral, partiendo de un diálogo entre los diferentes actores involucrados: los trabajadores gig, las plataformas digitales, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Solo así se podrá diseñar e implementar una regulación adecuada y equilibrada, que reconozca las particularidades y las potencialidades de la economía gig, y que promueva su contribución al desarrollo económico y social del país.
