Alejandra Tarima Cenzano - Asociada Senior
En la obra literaria Rebelión en la granja, George Orwell no se burla del pueblo ni ridiculiza sus necesidades. Su advertencia es más profunda: muestra cómo una causa nacida bajo la promesa de justicia puede ser capturada por quienes, en nombre de los demás, terminan hablando solo por sí mismos. Esa lectura resulta incómodamente vigente frente a la coyuntura político-social que atraviesa Bolivia.
En todo país democrático, la protesta y la organización colectiva cumplen un rol importante, vale decir que, los sindicatos y demás asociaciones sectoriales reflejan intereses concretos, y esa representación es válida. Lo discutible surge cuando un sector pretende hablar como si fuera la voz absoluta del país, como si Bolivia entera pudiera resumirse en una demanda, una marcha o una medida de presión.
El problema, entonces no está en la existencia de colectivos o movimientos sociales, sino en el hecho que determinadas dirigencias se atribuyan la representación del “pueblo” y conviertan esa palabra en un recurso de poder. En ese momento, la voz popular deja de ser plural y se convierte en una voz administrada. Ya no se escucha al ciudadano común y corriente, solo al dirigente que dice hablar por él.
Ahí aparece la imagen orwelliana, no como insulto, sino como advertencia. Y es que, en la granja de Orwell, los mandamientos nacen como ideales nobles: igualdad, justicia, dignidad y liberación frente al abuso. Pero, poco a poco, esos principios se modifican, se reinterpretan y se acomodan hasta justificar exactamente aquello que prometían combatir. La regla deja de ser un límite y se vuelve una herramienta que se tuerce a conveniencia.
Ese mismo riesgo aparece cuando las demandas sectoriales se formulan sin considerar sus efectos generales. Exigir mejores ingresos es legítimo, pero después de un incremento del 20% al Salario Mínimo Nacional, plantear nuevos ajustes exige discutir quién asumirá ese costo y el impacto que tendrá en el empleo formal, la informalidad y la sostenibilidad de las empresas. Desde una perspectiva laboral, también debe observarse si ese incremento preserva fuentes laborales, si puede pagarse sin destruir empleo y si no termina trasladando el costo al ciudadano común.
Y es en ese punto que se debe puntualizar que, Bolivia necesita dirigencias que representen, no que sustituyan; bases que piensen, no que repitan; protesta social que interpele al poder, no que tome de rehén al ciudadano. Necesita entender la diferencia entre movilización democrática y presión abusiva, entre reclamo legítimo y castigo colectivo. Porque cuando el discurso dice “todo es por el pueblo” y las medidas de presión castigan principalmente al más vulnerable, entonces la causa termina golpeando primero a quienes dice defender.
Orwell publicó Rebelión en la granja en 1945, pero su advertencia no ha perdido vigencia y sigue intacta. La corrupción de los ideales no parece ser un accidente de la historia, sino un ciclo que se repite cuando una causa justa es capturada por quienes aprenden a administrarla en nombre de los demás.