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Berthy Vaca Justiniano

La Fundación Centro de Salud Mental Blanca Áñez de Lozada, con 47 años de servicio en Santa Cruz, pasa por una profunda crisis económica que lo ha llevado a tomar medidas extremas e incluso a incurrir en una conducta reñida con la norma, como es la decisión de no pagar los impuestos por el predio que ocupa en el tercer anillo interno, a un par de cuadras de la avenida Santos Dumont.

La suspensión unilateral del pago de la carga impositiva es un acto desesperado por tratar de equilibrar la balanza entre los egresos, que son mayores que los ingresos, y de esa forma evitar el cierre del centro siquiátrico más antiguo de Santa Cruz, fundado por un grupo de mujeres voluntarias el 2 de septiembre de 1972.

Hasta hace dos años, el Gobierno central costeaba algunos ítems de salud, así como la Gobernación y el Gobierno Municipal aportaban con subvenciones económicas al centro, pero las cortaron, por lo que la administración se las bate sola, estirando la mano a la gente solidaria para no desaparecer, según Rolando Aróstegui, presidente del directorio.

Aprietos económicos

Es más, Aróstegui, conocido hombre de la política y exprefecto del departamento, fue una especie de tabla de salvación, pues lo invitaron a que asumiera el cargo cuando nadie quería hacerlo a raíz de la pesada carga económica.

El actual presidente, que asumió hace un año, se topó en su escritorio con una larga lista de acreedores que abulta el déficit en $us 100.000, por deudas de salarios a los médicos, a las enfermeras y a los proveedores.

En diciembre de 2018, el Gobierno asestó una estocada al hospital al decretar el doble aguinaldo, por lo que recurrió a sus amistades y, en la cena de fin de año, les vendió el majao más caro de la historia: a $us 300 por plato, con un vaso de chicha. “Fue la única forma de recaudar fondos para pagar los dos aguinaldos a los trabajadores”, contó Aróstegui.

“Le doy ejemplo de por qué estamos en números rojos: viene un muchacho con un trauma siquiátrico o una adicción y lo recibimos, aunque no tenga un peso, lo cual hace que los ingresos sean menores que los egresos. Por eso, he resuelto no pagar los impuestos del centro. Es una decisión de sobrevivencia. Es una retención al Estado porque no cumple con su responsabilidad”, dijo Aróstegui. El centro siquiátrico funciona en un predio de 17.000 m2.

Algunos gastos

Blanca Áñez, expresidenta del centro, informó de que la planilla mensual de sueldos ronda los Bs 112.000, para pagar salarios a seis siquiatras, a ocho enfermeras, a tres sicólogos, a cuatro administrativos y a seis personas que se encargan del servicio.

Todo el personal está afiliado a la Caja Nacional de Salud, con el respectivo depósito a las AFP.

La administración debe tener, además, alrededor de Bs 22.000 al mes para la compra de alimentos, Bs 9.000 para el pago de agua, luz y teléfono, sin contar el stock de medicamentos y el presupuesto que se necesita para el mantenimiento de la infraestructura.

“Espero que haya cambios en la visión de los tres niveles de Gobierno y que podamos fortalecer el centro en el tratamiento, la rehabilitación y en la formación de nuevos profesionales en la siquiatría para servir a la comunidad, pues este es el único hospital escuela del país”, indicó Aróstegui.

Jéssica Estrada, responsable de Salud Mental del Ministerio de Salud, dijo desconocer el problema del centro siquiátrico y reveló que hay un proyecto de salud mental que cambiará el abordaje de esta enfermedad, fortaleciendo los primeros niveles de atención y se crearán, para empezar, unos 10 Centros de Atención Integral de Sanidad Comunitaria en el eje troncal del país.