Sucedió en la capital colombiana, Bogotá. Una movilización logró reunir 800 firmas digitales y que 11 adultos mayores regresaran al hogar que creían perdido

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24 de septiembre de 2017, 17:08 PM
24 de septiembre de 2017, 17:08 PM

Un hogar de ancianos en Bogotá reabrió sus puertas gracias a una movilización que logró reunir 800 firmas digitales y apoyos en redes sociales, informó este domingo el Ministerio del Interior, que promueve en Colombia la iniciativa virtual "Causas Ciudadanas".

"Gracias a la participación ciudadana y de voluntarios organizados a través de las redes sociales se garantizó el regreso de 11 adultos mayores, algunos abandonados por su familias, al hogar que veían perdido", explicó el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, citado en un comunicado difundido por su despacho.

La petición de salvar el hogar de ancianos Casa San Pablo que la Secretaría de Salud de Bogotá ordenó cerrar por sus condiciones de infraestructura fue iniciada por 23 jóvenes voluntarios, que recibieron el apoyo del Ministerio del Interior.

Así se logró la remodelación del piso, techo y escaleras de la casa, situada en el tradicional barrio Gustavo Restrepo en el sur capitalino, así como la dotación de la cocina, pintura de los espacios, fumigación y muebles nuevos, entre otros.

"Estas son las iniciativas que le interesan realmente a la gente y frente a las cuales el Estado debe ser receptivo. El programa Causas Ciudadanas nos demuestra una vez más que el poder de la gente es más grande que la gente en el poder", añadió el viceministro.

El pasado 6 de julio, el Gobierno emprendió el programa "Causas Ciudadanas" para gestionar peticiones formuladas por ciudadanos en las redes sociales y en internet.

La iniciativa consiste en asesorar y acompañar las peticiones de interés colectivo que cuenten con al menos 20.000 "me gusta" y firmas en redes sociales y plataformas como Change.org, para así conseguir una respuesta por parte de las autoridades competentes.

Las solicitudes deberán ser de interés general, defender la garantía de los derechos, así como ser de
competencia estatal y no discriminatoria
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