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Una wiphala estaba detrás de Eugenio Zaffaroni. Es abogado de Evo Morales en Argentina, pero al mismo tiempo funge como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que debate consultas sobre la reelección presidencial indefinida como derecho humano.

Los demandantes bolivianos reclamaron por la presencia del magistrado de origen argentino y pidieron que suspendiera su participación por su relación con el expresidente boliviano. Es juez y parte.

La segunda sesión virtual del caso boliviano fue dirigida por la presidenta de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito, y durante toda la audiencia estuvo presente el juez Zaffaroni. El jurista solo escuchó las intervenciones.

Zaffaroni, en 2013, levantó una posición en Argentina sobre esta temática. El jurista, cuando era juez de la Corte Suprema de ese país, dijo que la “re-reelección” no es viable. Así, movió los pisos del kirchnerismo, que buscaban una tercera repostulación a la Presidencia de Cristina Fernández.

“No creo viable políticamente una reforma de la Constitución Nacional para la re reelección de la Presidenta (Fernández)”, afirmó Zaffaroni en esa época.

El lunes, el Gobierno de Bolivia solicitó al juez Zaffaroni excusarse del análisis de la opinión consultiva sobre la reelección indefinida, porque el magistrado es abogado del expresidente Morales.

El martes se cumplió la segunda jornada de audiencias de la Corte IDH sobre la consulta si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano. La petición surgió por el Gobierno de Colombia. Organizaciones académicas, de la sociedad civil de Latinoamérica, así como ciudadanas y ciudadanos a título individual, brindaron sus observaciones ante la Corte IDH sobre el asunto. Una mayoría no está de acuerdo en que la repostulación indefinida sea establecida como un derecho humano.

Petición de Bolivia

El encargado de negocios de la embajada de Bolivia en Costa Rica, William Herrera, consideró que la participación de Zaffaroni puede, eventualmente, no ser la más imparcial, sino más bien posiblemente interesada, en mérito a la relación que tiene con el exmandatario, quien apeló a la Convención Americana de Derechos Humanos para postularse sin límites legales a la presidencia, incluso por encima de la Constitución Política del Estado.

“Somos conscientes de que es una opinión consultiva, que no es un proceso controversial y que la normativa no permite directamente una excusa”, dijo Herrera, pero recalcó que la participación de Zaffaroni genera “algún tipo de susceptibilidad”.

El martes, junto a Zaffaroni, estuvieron presentes los jueces de la Corte IDH Patricio Pazmiño Freire y Ricardo Pérez Manrique. La presidenta Odio Benito dijo que se tomará en cuenta la solicitud del gobierno boliviano de apartar al juez Zaffaroni.

Los tres jueces solo escucharon las posiciones de los participantes y se los vio anotar algunas consideraciones. Zaffaroni está en permanente contacto con Evo Morales en Buenos Aires, donde se encuentra con refugio político desde diciembre de 2019, país al que llegó procedente de México. Es su abogado y lo defiende ante los anuncios de interponer al exmandatario demandas en organismos internacionales.

Sobre las audiencias, Jorge Asbún Rojas, presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, consideró el caso boliviano. Para él, cuando Evo Morales logró, a través del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), llegar a una cuarta reelección presidencial se rompió el marco normativo boliviano y se desconoció el voto popular del 21 de febrero de 2016, que negó modificar la Constitución para que la reelección sea indefinida.

Esa situación en el caso boliviano, se ha tornado aún más arbitraria dado que el “supuesto derecho humano a la reelección” ha sido impuesto incluso por encima de la voluntad popular expresada en el referéndum del 21F/2016 que rechazó la reforma constitucional sobre reelección. Es decir, en el caso de Bolivia, incluso se llegó a inaplicar una decisión del pueblo expresada democrática”, explicó Asbún, quien fue parte de las sesiones de la Corte IDH.

El miércoles se cerraron las sesiones de este caso, hubo participación del expresidente Jorge Quiroga y del abogado constitucionalista Luis Vásquez.