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Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Elizabeth Cornejo Gallardo, Gonzalo Hurtado Zamorano y Petronilo Flores Condori fueron acusados por el diputado Víctor Borda, de manipular las demandas ante este ente para beneficiarse y evitar los juicios de responsabilidades que tienen en la Asamblea Legislativa.


De acuerdo con el recuento de los hechos, el 13 de marzo de este año, el diputado Gonzalo Jarro Salluca (PDC) presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, contra las leyes 044, para el juzgamiento del Presidente, Vicepresidente, autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público y contra la Ley 612 que modifica la primera. Desde marzo hasta agosto, en seis meses los juicios de responsabilidades quedaron paralizados.


En este momento, la Asamblea tiene 150 juicios de responsabilidades contra ex autoridades, incluidos magistrados del TCP, que se tramitan ante la comisión de Justicia Plural, que estaba en disputa de la bancada del MAS.


El “otrosí”


En el memorial de demanda del diputado Jarro Sullaca, destaca el “otrosí tercero” donde solicita como medida cautelar “la suspensión de todos los juicios de responsabilidades, que se están llevando en contra de ex-autoridades y actuales autoridades por casos de corrupción”.


Según los legisladores, el 17 de marzo de este año, la Comisión de Admisión, a través del Auto Constitucional 0070/2020-CA, admite la demanda del diputado, pero aclara que no se admite el pedido de medida cautelar, por tanto los juicios de responsabilidades en el Parlamento podían continuar.


Este auto constitucional no fue notificado a las partes hasta el 21 de julio, es decir cuatro meses después y en ese auto no figuraba la medida cautelar de suspensión de los procesos. Así lo conocieron el diputado demandante y la presidenta de la Asamblea, Eva Copa.


Otro fallo


Sin embargo, el 7 de septiembre aparece el auto constitucional el 023/2020-CA/S de fecha 17 de marzo, en el mismo aparece la medida cautelar como otorgada y de ese modo se debe suspender todos los juicios de responsabilidades en Bolivia.


Lo que llama la atención es el número de auto constitucional, el que no admite la medida cautelar está cifrado como 0070/2020-CA y el que dispone suspender todos los juicios de responsabilidades es el 023/2020-CA/S, ambos del 17 de marzo. Pero el primero fue notificado el 21 de julio y el segundo recién el 7 de septiembre.


El diputado demandante, dijo que él presentó esta demanda porque el anterior gobierno tenía sometidos a los magistrados con amenazas de juicios de responsabilidades, entonces la única forma era quitar esa facultad al Legislativo hasta que se analice la constitucionalidad de la Ley 044 y la 612 que  la modifica.


Los legisladores afirman que los magistrados envueltos en este conflicto son Elizabeth Cornejo Gallardo, Gonzalo Hurtado Zamorano y Petronilo Flores Condori, que tienen juicios instaurados en la Asamblea Plurinacional.