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A 19 días de las elecciones generales del 18 de octubre, la presión sobre el Tribunal Supremo Electoral se hace sentir de todos lados. Mientras la amenaza de contagio por coronavirus que hizo postergar dos veces la fecha de las elecciones es un recuerdo lejano y el TSE toma todos los recaudos posibles para evitar propagar más el mal, los ataques sobre el ente electoral vienen desde los partidos que participan de las elecciones, activistas, autoridades y hasta de miembros del cuarto poder del Estado, que ponen en duda la imparcialidad de los encargados de velar por las elecciones.

El sábado se conoció que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz admitió la demanda de la senadora pandina Carmen Eva Gonzales, que presentó una acción de cumplimiento contra el TSE para que falle sobre el pedido de inhabilitación al Movimiento Al Socialismo, como sanción a Luis Arce Catacora por haber difundido los resultados de una encuesta no autorizada.

El 5 de octubre, la Sala Constitucional de La Paz escuchará a las partes y tomará una decisión. 

El TSE a su vez, envió una consulta al Tribunal Constitucional para saber si va en concordancia con la Carta Magna el artículo de la Ley Electoral que permite borrar del mapa a un partido y a sus candidatos por divulgar los resultados de una encuesta no autorizada. Este artículo ya fue utilizado para eliminar a Unidad Demócratas de las elecciones subnacionales de Beni, en 2015, acción que fue criticada por organismos internacionales.

A la espera

Salvador Romero, presidente del TSE, explicó en EL DEBER Radio que esperan la decisión del TCP al respecto y que no solo el MAS está acusado por la divulgación de encuestas, sino también otras dos fuerzas políticas.

Esta no es la única fuente de presión sobre el TSE. También hay dos partidos políticos que han expresado sus reparos sobre su accionar. 

El primero fue Creemos, que en reiteradas ocasiones ha cuestionado que los autores del supuesto fraude de octubre aún trabajan en el órgano electoral.

Se estudia, además, cómo hacer para que el TCP falle sobre este punto lo antes posibles, ya que mientras más cerca de las elecciones se conozca la resolución, más imprevisibles serán sus consecuencias. Si el TCP falla a favor de quitarle la sigla al MAS por difundir encuestas, las protestas callejeras podrían volver. 

Si esto se extiende a las otras dos fuerzas políticas es probable que las elecciones deban ser pospuestas generando una situación compleja no solo por las repercusiones callejeras, sino también por las consecuencias institucionales de una nueva demora, ya que la extensión de mandatos al Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no debía durar más de un año.

Si vota en contra de quitar siglas y eliminar candidaturas por difundir encuestas, la molestia de los militantes del bloque antimasita podría empañar los comicios. Por el contrario, si demora su decisión hasta después de las elecciones, el fallo del TCP podría atentar contra la legalidad del resultado electoral.

Reconstrucción inconclusa

Romero y el resto de la sala plena asumieron funciones hace 10 meses, luego de que los vocales nacionales y departamentales que administraron las fallidas elecciones de 2019 fueran detenidos y procesados por fraude electoral.

El principal sospechoso de haberse beneficiado del supuesto fraude es el MAS, el segundo partido que pone en duda el trabajo del TSE. Su candidato aseguró que la única forma que pierda las elecciones es con fraude.

Consultado sobre si confiaba en el órgano electoral, Arce aseguró que no y que exige la presencia de observadores electorales para garantizar la transparencia de las elecciones.

Otra fuente de presiones y críticas al TSE es el padrón electoral, que ya fue puesto a disposición de los partidos a través de los laboratorios del padrón. Según un vocal del TSE, la única alianza política que no envió a sus representantes a esta actividad fue Creemos.

Dunia Sandóval, exvocal del TSE que renunció en enero de 2019, explicó que el padrón electoral fue severamente auditado y que es un instrumento seguro. Señaló que el problema de las elecciones de octubre fue que a última hora se incluyó en el padrón a más de 400.000 depurados.

El TSE presentó hace unas semanas las estadísticas del padrón, que creció por debajo del índice de crecimiento población y que tuvo un alto número de depurados. 

Según el Supremo electoral, es estadísticamente posible que algún fallecido se haya escapado de la depuración, pero que eso no significa que vaya a votar. Para mantener un chequeo cruzado de este tipo de supuestas anormalidades, se digitalizarán todas las listas índice de la votación.

Pero las críticas más complicadas de manejar por el TSE vienen desde adentro y llegaron con una renuncia el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Saúl Paniagua. El jurista anunció el viernes por la mañana su dimisión, pero la retiró horas después. El sábado en EL DEBER Radio aseguró que el 70% de los notarios contratados para el 18 de octubre trabajaron en la elección fallida del año pasado. 

El día antes había dicho que entendía que no se podía cambiar todo de la noche a la mañana. Esta declaración extrañó a los vocales nacionales, que explicaron que la contratación de notarios depende de los órganos departamentales.

La situación del tribunal cruceño preocupó al Supremo, ya que si se concretaba la renuncia de Paniagua, el TED Santa Cruz quedaba con solo tres vocales en ejercicio, ya que la vicepresidenta está con permiso de maternidad por tres meses.

Desde La Paz creen que la raíz del problema con Paniagua es económico y tiene que ver con que el vocal cruceño no ha podido cobrar ningún sueldo. En toda sus entrevistas, Paniagua aseguró que trabajaba ad honorem, pero esto fue por una observación que, desde el Ministerio de Economía, le hicieron al TSE. 

El abogado constitucionalista figuraba como catedrático de la Universidad Gabriel René Moreno con 200 horas aulas, lo cual significaba que dictaba ocho horas de clases de lunes a viernes y media jornada los sábados, con seis materias. Esa ocupación no es compatible con la de vocal electoral, que admite la cátedra universitaria como ocupación secundaria.

Paniagua asegura que bajó su carga de 200 horas a 24 y que sigue dando el resto de las materias de forma gratuita y no es cierto que las hubiese encargado a dos familiares suyos, como trascendió tras su renuncia.