Diálogo entre el MAS y UD se rompe por la campaña y una ley

En el Movimiento Al Socialismo (MAS) la disputa se generó porque algunas de sus figuras tenían cierta coordinación con políticos de Unidad Demócrata (UD). Esa relación se sostenía por un pequeño hilo que días atrás fue roto por dos motivos: la aprobación de la polémica Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, conocida como la ley de garantías constitucionales, y el inicio de la campaña electoral a la que se sumó la presidenta Jeanine Áñez.

El diputado Víctor Borda (MAS) no esconde su enfado por las reuniones que sostuvieron legisladores del MAS con sus colegas de Demócratas. Esos encuentros se produjeron luego de los conflictos ocurridos a finales de 2019. Borda no quiere lanzar nombres, pero tiene dos posiciones al respecto: que era necesaria la coordinación para pacificar el país y que ahora la parte oficialista incumplió su palabra.

“En el partido asumimos decisiones orgánicas y hubo algunas personas que actuaron de manera individual, no a nombre del MAS. Pero ahora estamos unidos, tenemos reuniones de bancada y estamos preparados para la campaña electoral”, relata Borda.

En la etapa posterior al conflicto el MAS estaba obligado a negociar acuerdos con el Gobierno transitorio, sobre todo, con su ala en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa misión correspondía a la presidenta del Senado, Eva Copa; el jefe de bancada del MAS en la Cámara Alta, Efraín Chambi, y el senador Omar Aguilar.

Este último tenía coordinación constante con el senador Óscar Ortiz, quien decidió quedarse en el Legislativo rechazando ser parte del gabinete de Áñez. Un primer acuerdo se produjo con la posesión de Ortiz como presidente de la Comisión de Constitución del Senado. El MAS cedió esa importante instancia legislativa y todas las leyes fundamentales pasarían por el aval del legislador de UD.

Ortiz tuvo sus últimos contactos con Copa y Aguilar después de que el Ejecutivo decidiera no promulgar el proyecto de ley de cumplimiento de derechos humanos. El legislador de UD decidió presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional porque el proyecto solo había sido debatido y tratado por la bancada del MAS. 

La normativa generó polémica porque aseguraban que estaba dirigida a favorecer a las exautoridades del gobierno, entre ellos Evo Morales.

“Se necesitaba una respuesta del Ministerio de Hacienda y también del Ministerio de Justicia y Transparencia para asegurarnos que no haya ni un intento de dar una protección a quienes han promovido hechos de violencia después de las elecciones. Por eso fue presentado el recurso de nulidad”, detalla Ortiz.

La ley polémica

Copa va más allá y admite que estas decisiones contra la ley anularon “la débil coordinación” que había en el Legislativo. La presidenta del Senado pide a sus adversarios políticos que respeten los acuerdos a los que llegaron para pacificar el país. La legisladora relata que uno de esos pactos consistía en aprobar y promulgar la ley de garantías constitucionales tras las observaciones que se dieron en el pleno camaral.

“Solo pedimos a los demócratas que puedan honrar y cumplir su palabra. Nuestro país, entre octubre y noviembre (de 2019), pasó momentos críticos y difíciles que se resolvieron en mesas de diálogo que se entablaron con el Gobierno de transición, con la Asamblea Legislativa Plurinacional y los sectores movilizados. Entonces, no tenían por qué observar la norma si en ella se puso los acuerdos a los que se llegaron”, dice Copa.

La senadora acota que, incluso, UD pidió anular el artículo en el que se abordaba una supuesta protección a Evo Morales y Álvaro García. “Ese era el artículo siete que al final se eliminó. Luego nos sorprende que haya presentado un recurso de nulidad y ahora la señora Jeanine Áñez también presentó un recurso de inconstitucional. No pueden borrar con el codo lo que escribieron con la mano”, reprocha Copa.

La asambleísta del MAS recalca que ahora la distancia es más larga con UD por las observaciones a la ley de garantías constitucionales y, ahora, por la campaña electoral. Y es así. Ahora las sesiones del Senado son más tensas y existe momentos en los que el MAS utiliza sus dos tercios para aprobar normas. 

En los pasillos de la Asamblea no se escuchan las charlas entre legisladores. Esas charlas amenas están congeladas. El referente de los demócratas, Óscar Ortiz, que ahora es jefe de campaña de la alianza Juntos, que postula a Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina, se limita al saludo y un diálogo cordial con sus oponentes.

Ahora, el TCP admitió el recurso de nulidad de la norma del senador Ortiz. Y en paralelo, también se admitió la consulta previa de constitucionalidad presentada por la presidenta Áñez. Sobre el tema, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, detalla que la normativa promovida por asambleístas del MAS pretende una “dualidad de acciones legales” que ya están establecidas en la Constitución y las leyes, como la institución de una nueva indemnización a las víctimas cuando un decreto presidencial ya estableció resarcimientos a los familiares de quienes perdieron la vida o quedaron heridos en el conflicto del año pasado.

“Creemos que esa ley es innecesaria, es inconstitucional porque intenta una injerencia del Órgano Ejecutivo en el Órgano Judicial, por eso hemos consultado antes que sea promulgada”, explica el viceministro Alanoca.

El otro factor que terminó con el débil acercamiento entre el MAS y UD es el inicio de la campaña. Copa, Aguilar y Chambi, que en determinado momento fueron criticados al interior del MAS, se metieron de lleno al proceso proselitista. Mientras que Ortiz y otros legisladores ahora oficialistas también piensan en la campaña y auspician a sus candidatos. Esta época es difícil coordinar y por ahora el Legislativo solo avanza con normas sin impacto.

Pelea electoral

Fue Eva Copa quien incendió el terreno electoral. La presidenta del Senado comanda la campaña del MAS en la ciudad El Alto. Ella recomienda a sus adversarios políticos que eviten acercarse a sectores “sensibles” de la capital alteña y señala que los opositores al MAS no pueden pedir garantías, debido a que en la urbe todavía existe dolor por lo ocurrido en las jornadas de violencia de 2019.

“Lo más recomendable es que (los candidatos contrarios al MAS) no se acerquen a los lugares más sensibles de nuestra urbe alteña. No nos pueden venir a decir que demos las garantías cuando la ciudad de El Alto es la que ha sufrido un golpe terrible en torno a perder vidas humanas”, señala Copa, que lanzó advertencias a Carlos Mesa, Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho, todos presidenciables de diferentes alianzas.

A esa “sugerencia” se suma también la de la diputada Juana Choque, que representa al trópico de Cochabamba. La legisladora dice que los opositores al MAS deben “pensar bien” en ingresar al bastión de Evo Morales porque todavía hay “dolor” por las muertes de Sacaba, cerca de la ciudad de Cochabamba. “Este Gobierno mató a nuestros hermanos y ese dolor sigue. Deben pensar bien en ingresar a Chapare, no decimos que no entren, pero deben pensar bien”, remata.

En UD toman esas sugerencias como “amenazas” y piden garantías para llegar a esos bastiones del MAS. El senador Homer Menacho pide a las autoridades electorales que actúen de oficio ante las advertencias de legisladores del MAS. El asambleísta recalca que el agotado diálogo con los masistas está quebrado por las amenazas y la intención de proteger legalmente a Evo Morales.

“Son ellos quienes están matando esa coordinación que existía a favor de la población. Ahora llegan amenazas y eso estanca la cordial negociación que había. Tienen que entender que las leyes son a favor de la población”, dice.

Ahora el MAS cambió de estrategia. Sus legisladores dicen que interpelarán a los ministros y que hasta pueden llegar a censurarlos, para lo que dicen que procederán en las fechas marcadas, aunque los ministros intenten postergarlas.

Varias leyes bloqueadas

Existen normas que envió el Legislativo y están en etapa de análisis en el Ejecutivo. Igualmente, el Gobierno espera la aprobación de leyes que propusieron. Una de ellas es la normativa sobre el debate electoral

Varias leyes están bloqueadas. La reconfiguración política del país luego de los conflictos de noviembre y diciembre del año pasado logró que las normativas elaboradas por ambos poderes sean paralizadas y hasta observadas por la instancia que las recibe. Una de ellas es la ley que obliga al debate electoral que fue enviada por el Ejecutivo y que el Legislativo la tiene congelada en una comisión. El Movimiento Al Socialismo (MAS) también se queja de un procedimiento similar, pero la presidenta del Senado, Eva Copa, adelanta que promulgará normas que estén en Palacio Quemado.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, lamenta que la mayoría masista en la Asamblea Legislativa Plurinacional ni siquiera haya puesto en debate el proyecto de ley para obligar a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia a debatir en etapa electoral. La iniciativa fue enviada por la presidenta Jeanine Áñez al Legislativo y esta instancia no tuvo tratamiento ni en comisión. Las elecciones son el 3 de mayo y se estima que la norma no será aprobada por el MAS.

“Es un proyecto que está dormido en la Asamblea porque al MAS no le da la gana de iniciar su tratamiento. Eso pasa con otras leyes que pueden beneficiar a la población, pero el MAS, repito, mira las normas con intereses políticos”, reprocha Alanoca.

Mientras, Copa adelanta que al menos 17 normas serán promulgadas por ella. La legisladora dice que estas leyes fueron sancionadas antes de los conflictos y que el Ejecutivo no las promulgará. Incluso, dice que hay iniciativas que están en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) y en el Consejo de Política Económica y Social (Conape), entidades que dependen del gobierno.

“Esas leyes ya fueron aprobadas. La Cámara de Diputados es la de origen y la de Senadores fue la que la revisó y sancionó. Esas leyes salieron antes del conflicto de octubre y por todo lo que pasó a finales de ese mes y los primeros días de noviembre se vencieron los plazos que tenía el Ejecutivo para su promulgación”, destaca Copa.

La legisladora explicó que las normas son sobre el tabaco, que ya fue promulgada, contratos mineros, transferencias y temas administrativos. “En este momento las está revisando el equipo jurídico de la Asamblea para que nosotros veamos la fecha de su promulgación”, precisó la autoridad.

Pero también hay leyes de declaratorias culturales que están estancadas en el Ejecutivo. Una de ellas es el reconocimiento a iglesias patrimoniales en el departamento de Oruro.