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El senador Óscar Ortiz anunció esta tarde que el oficialismo presentó dos recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en la ciudad de Sucre.

Uno de inconstitucionalidad y otro de nulidad contra de la Ley de Postergación de las Elecciones, a través de la cual los dos tercios del MAS le pusieron plazo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevar adelante las elecciones generales en un plazo máximo de tres meses, es decir, hasta el 2 de agosto.

El argumento principal es que, acortar los plazos para las elecciones en momento de emergencia sanitaria, de cuarentena, constituye una amenaza a la salud y a la vida de la población. Además, señalamos todos los cuestionamientos que existen a una sesión viciada de nulidad, porque se realizó sin una convocatoria previa, lo que viola todas las normas establecidas para el desarrollo de las sesiones legislativas”, aseguró.

Los dos recursos fueron presentados por Ortiz, en compañía de la senadora Carmen Rosa Guzmán y la diputada Rose Marie Sandóval. “Somos tres parlamentarios, la ley nos habilita, son dos recursos distintos”, indicó.

Detalló que el recurso de inconstitucionalidad va al fondo del texto que refiere acortar los plazos y poner en riesgo a la población. El de nulidad, cuestiona el procedimiento seguido por la presidenta del Senado. “Nosotros consideramos que la sesión en la cual se aprobó esta ley está viciada de nulidad”, precisó.

Nueve minutos tardó la presidenta Jeanine Áñez en responder a la Ley de Postergación de Elecciones que sancionó el Senado el jueves 30 de abril. En esa carta, Áñez solicitó mantener la redacción del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los plazos para los comicios y en la parte final prometió que las elecciones se realizarán este año

Ortiz explicó que la presidenta lo hizo para no dejar la más mínima duda de que el país podía caer en una situación de incertidumbre o de vacío legal. “Eso hubiera ocurrido si es que pasábamos el 3 de mayo”, dijo.

La presidenta del Senado, Eva Copa, reinstaló la sesión esa misma noche, el pleno rechazó las observaciones de Áñez y la norma fue sancionada. Ese procedimiento es el que para el oficialismo está viciado de nulidad. 

“Lo correcto era convocar a una nueva sesión del Senado, y según el reglamento se lo debe hacer en 48 horas, aunque Copa lo hace 24 horas antes amparándose en una parte del reglamento de Diputados”, cuestiona.

El jefe de bancada en el Senado, Efraín Chambi, dijo que “al presentarse el recurso, obviamente la decisión está en manos del Tribunal Constitucional”.

Cuando se le consultó si es que la bancada del MAS estaría dispuesta a ponerse al hombro una catástrofe si es que a raíz del día de las elecciones se disparan los contagios, Chambi dijo: “Algunos informes médicos podrían revertir la decisión, pero dependerá mucho de la disciplina y compromiso del pueblo boliviano, como del Gobierno transitorio, ante una efectiva acción de contención del Covid-19”.

El candidato presidencial Carlos Mesa, advirtió que desde su punto de vista “la discusión no tiene que ver con la constitucionalidad. No hay posibilidad de objetarla desde el punto de vista del TCP. A mí, lo que me parece, es que se trata de una acción política del MAS, para forzar una fecha muy ajustada e irresponsable. No veo razones constitucionales para modificar nada”.

El abogado y analista Iván Lima sentenció que no importa lo que digan los políticos. “Esta situación va a ser resuelta por el Tribunal Constitucional. Lo que dice el Gobierno, yo no concuerdo, es que el derecho político y el de la salud, amparados en la Constitución, están contrapuestos. El TCP puede, en una interpretación, definir que el periodo de Jeanine Áñez y la Asamblea sea indefinido y que puedan quedarse hasta que desaparezca la pandemia”. 

El jefe de campaña de CC, Ricardo Paz respondió que no es así. “El TCP debe responder a lo que se le pregunte. Esta ley es válida o nula, constitucional o inconstitucional. Los recursos solo buscan la no aplicación de la norma, no la modificación de elecciones, en este caso. Los únicos que pueden hacerlo son los miembros de la Asamblea”.

De hecho, la decisión del TCP orientará el camino, pero las instancias que harán los cambios, si es necesario, son el TSE y la Asamblea Legislativa.

El candidato a la vicepresidencia por Juntos, Marco Pumari, ratificó que este frente no coincide en que se priorice lo político antes que el tema de la salud. 

“No estamos midiendo la magnitud con la que la pandemia golpeará nuestra economía. Consideramos que esta Asamblea debe ser cerrada porque no apoya a las necesidades de la población. Lo de la nueva fecha es un cálculo político que favorece al MAS, como del partido en función de Gobierno”, afirmó.

Consideró que el TCP puede poner orden en todo esto. “Debería y puede hacerlo, pero consideramos que el MAS sigue manejando esta instancia. El Gobierno de Áñez no ha podido desarticular ese aparato montado en 14 años, es uno más de sus apéndices, así que poco se puede hacer al respecto”, cuestionó.