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El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, recordó esta mañana que existen demandas por revelar encuestas, lo que, según la Ley de Régimen Electoral, está penado con la pérdida de la personalidad jurídica, no solamente en contra del Movimiento al Socialismo (MAS), sino también contra Juntos y Comunidad Ciudadana. La decisión ahora depende de un veredicto del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El artículo 136 de la Ley de Régimen electoral, inciso III, advierte que “las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”. 

De hecho, en 2015 Ernesto Suárez y más de un centenar y medio de candidatos no pudieron participar en la elección subnacional en Beni, precisamente por este artículo. Lo que complica la decisión que el TSE derivó al TCP.

En la entrevista que concedió al programa Influyentes, que se estrenó este lunes, 14 de septiembre, en EL DEBER Radio, Romero dijo que “es importante señalar cómo se procedió en este caso: Existen las demandas contra el MAS por las declaraciones del candidato Luis Arce Catacora (que reveló encuestas), pero también otras similares en contra juntos, Creemos y CC.

Explicó que una de las partes, el MAS, introdujo un recurso de inconstitucionalidad concreta ante el TCP. “Lo que exige la norma es que cuando esto pasa el caso pasa a esa instancia para determinar si el artículo es constitucional o no".

Complementó que “cuando esto ocurra, el TSE se pronunciará sobre este tema”. Sin embargo, eso abre la posibilidad de que por los tiempos que suele manejar el TCP, no se se emita ninguna resolución antes de las elecciones del 18 de octubre, lo que podría complicar el panorama político si eventualmente determina que el artículo es constitucional y podría afectar a los candidatos del MAS, como a los otros, si son electos.