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Según el artículo 238 de la Ley de Régimen Electoral (Ley 026) vigente en el país, son 16 los delitos electorales por los pueden ser procesados los ciudadanos, en cualquier momento, especialmente, durante esta jornada de Elecciones Generales.

1. Comete delito electoral, quien dicte convocatoria a un proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato, de alcance nacional, departamental, regional o municipal; o emita instrucciones contrarias a la Constitución o a la Ley; o ejecute o hiciera ejecutar dichas convocatorias o instrucciones, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cinco años y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un tiempo de cinco años.

2. La persona que se inscriba dolosamente dos o más veces en el Padrón Electoral, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

3. El o la servidora pública electoral, policial, militar o persona particular que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadana o ciudadano, para que se afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral u opción en un referendo o revocatoria de mandato, será sancionado (a) con pena privativa de libertad de uno a tres años. Además, si la autora o el autor fuera funcionaria pública o funcionario público, será sancionada o sancionado con la destitución del cargo, sin que pueda ejercer otra función pública por un tiempo de tres años.

4. La persona particular o autoridad que intervenga, obstaculice o ejerza injerencia de cualquier tipo en procesos de elección o designación de autoridades, representantes o candidaturas en el marco de la democracia comunitaria, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si fuera servidora pública o servidor público, quedará además inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres años.

5. La persona que cometiera delito de falsedad ideológica o material o, utilice documentos falsificados para fines electorales, será sancionada con la pena establecida en el Código Penal para este tipo de delito.

6. Las personas que instalen ilegalmente mesas de sufragio para recibir votos, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si fueran servidoras públicas o servidores públicos, quedarán además inhabilitadas o inhabilitados para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos años.

7. La persona que asalte o destruya ánforas de sufragio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si fuera servidora pública o servidor público, se le impondrá el doble de la pena y además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres años.

8. La persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cinco años. Si fuera servidora pública, además quedará inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos años.

9. La autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción o sufragio en lugar distinto al de su domicilio, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cinco años. Las delegadas y los delegados de organizaciones políticas que sean acreditadas o acreditados en lugar distinto al de su domicilio, no incurren en este delito.

10. La persona que manipule o altere la introducción, procesamiento, transferencia o supresión de datos informáticos consignados en una base o registro electoral oficial, conduzca a error o evite el correcto uso de los mismos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a cinco años. Si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de cinco años.

11. La persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral, en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres años.

12. La servidora pública o servidor público, dirigente político o persona particular, que altere, modifique u oculte los resultados del escrutinio y cómputo de votos de una mesa de sufragio o del cómputo municipal, regional, departamental o nacional, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cinco años.

13. La servidora pública o servidor público, dirigente político o persona particular que altere o modifique datos del Padrón Electoral, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cinco años. Si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres años.

14.- La servidora pública o servidor público electoral que se parcialice con alguna organización política para obtener beneficio propio o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

15. Las personas del Jurado Electoral de la mesa de sufragio que suscriban dolosamente el acta electoral con datos falsos, serán sancionadas con la pena establecida en el Código Penal para este tipo de delito.

16. La persona que hostigue a una candidata o candidato, durante o después de un proceso electoral, con el objeto de obtener contra su voluntad la renuncia a su postulación o a su cargo, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a cinco años.