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Un informe difundido en las últimas horas por la organización Human Rights Watch (HRW), denominado ‘La justicia como arma: Persecución política en Bolivia’, pide que se retiren los cargos de terrorismo que existen contra Evo Morales, atribuyéndolos a “motivaciones políticas”.

El documento, que consta de 53 páginas, considera “desproporcionadas o infundadas” las acusaciones contra el jefe del MAS, observando “violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.

“Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de dicho organismo. “Sin embargo, es crucial que la fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del Gobierno de turno”, agregó.

En el país el líder cocalero afronta varios procesos judiciales, uno por un audio en el que coordina el cerco a las ciudades para dejarlas sin alimento, otro por el fraude cometido en las elecciones de octubre de 2019 y el último por el bloqueo de 12 días que ocasionó la muerte de 40 enfermos por falta de oxígeno medicinal.

Para elaborar el informe, Human Rights Watch sostiene que examinó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales en 21 de esos casos, y en febrero de 2020 tuvo acceso a todo el expediente de la investigación por terrorismo contra Morales, conformado por más de 1.500 hojas. 

También entrevistó a 90 personas, entre ellas el ministro de gobierno, Arturo Murillo; la defensora del pueblo, Nadia Cruz; fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones (a favor y en contra de Morales), testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes asesinados.

En su momento el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, criticó el accionar de Vivanco, por su silencio ante el prolongado conflicto que vivió el país en agosto, donde organizaciones afines al MAS protagonizaron movilizaciones por 12 días, causando un enorme perjuicio a las ciudades.

Detectamos evidencia de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”, señala el documento, que, además, menciona los procesos abiertos contra la exjefa de Gabinete de Evo Morales, Patricia Hermosa, el internauta Mauricio Jara, y Edith Chávez, niñera del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.