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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) presentó el jueves los resultados de la investigación del caso fraude electoral. El informe lanza varios datos, entre ellos la coordinación de ministros de Evo Morales con vocales electorales, la participación de 20 mexicanos y un venezolano-argentino en la operación y la aplicación del software mexicano Territorial Visor para alterar los sufragios.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) ve un “afán político” en la indagación y la Fiscalía seguirá el proceso con la contratación de una empresa europea especializada en tecnología electoral.

Fue el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, quien presentó los resultados de la investigación policial. La autoridad, en una conferencia de prensa, ratificó que autoridades del MAS en función de Gobierno coordinaron con vocales electorales con la intención de manipular el sufragio. Además, dijo que se alteraron al menos 8.000 actas de votación de los comicios del 20 de octubre del año pasado.

“El Órgano Ejecutivo interfería en las labores del Órgano Electoral, había una sumisión de esos vocales designados, que, seguramente, terminaron pagando favores. Estas comunicaciones, el propio día de las elecciones, revelan el interés de las autoridades del anterior Gobierno para acceder a información y seguramente para seguir dando instrucciones”, reveló Santamaría.

En el informe policial identifican a los ex vocales electorales nacionales María Eugenia Choque, que era presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz Villca, Édgar Gonzales, Idelfonso Mamani y Lidia Iriarte de ser los coordinadores con autoridades del MAS. 

Se ratificó que Cruz Villca dio la orden de paralizar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero con la aprobación de los otros cuatro exvocales. Se apartó de esas decisiones al exvocal Antonio Costas.

Labor de los exvocales

El documento también incluye a Wilfredo Ovando, quien fue vocal electoral entre 2010 y 2015 y designado por Evo Morales. Con los cinco anteriores, el informe revela que eran parte de una organización afín al MAS denominada bloque Simón Bolívar.

Además, se incluye a Marianela Revollo, exvocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz y también designada por Evo Morales. La investigación detalla que Revollo tuvo comunicación telefónica desde el 20 de octubre -día de las elecciones- hasta el 10 de noviembre del año pasado con los cinco vocales nacionales, con la diputada Sonia Brito y con el exministro Juan Ramón Quintana.

La diputada Brito, de filas del MAS, negó haber tenido contacto con autoridades electorales y calificó el informe policial como parte de un “afán político” a días de las elecciones del 18 de octubre.

“Está clara la intención política de este Gobierno. Tuvieron un año para investigar y ahora a días de las elecciones presentan supuestos resultados con el afán político de dañar al MAS. Lo que hubo el año pasado es un golpe de Estado”, respondió Brito.

En el informe policial se incluye la coordinación con personal de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y jefes de tecnologías de varios ministerios, además del apoyo de 21 extranjeros, que supuestamente estuvieron alojados en un hotel céntrico de la ciudad de La Paz. 

Santamaría incluso aseguró que el MAS alquiló “tres pisos” de un centro hotelero en la sede de Gobierno que funcionó -dijo- como una especie de centro de operaciones para realizar el “fraude”.

La Felcc explicó que las irregularidades se perpetraron por dos vías. La primera fue la adulteración de actas de votación con la ruptura de la cadena de custodia del material usado en el sufragio, evidenciando que una misma persona llenó más de un documento y que muchos notarios delegaron a terceras personas la devolución de los insumos. En este caso, dice el informe policial, que se alteraron al menos 8.000 actas de votación.

“Estos documentos son inconsistentes porque todo ciudadano en este país sabe que quien debe manipularlas, trasladarlas y entregarlas a destino final para el cómputo es el notario electoral. Entonces, hubo un fraude material”, afirmó Santamaría.

La segunda vía de alteraciones fue en el campo informático. La Policía dice que se incorporó un servidor no autorizado con un software mexicano llamado “Territorial Visor”, herramienta que supuestamente irrumpió para solicitar la validación de 30.000 datos que harían variar la tendencia del voto a favor del MAS.

En este punto, se incluye a Marcel Guzmán de Rojas, gerente de la empresa Neotec, que fue la que se encargó del sistema TREP y del proceso tecnológico de los comicios de 2019. La Policía acusa a Guzmán de Rojas, que ahora está fuera del país, de crear un IP desde donde se realizaban las validaciones de los datos. Además, se vincula al empresario de manejar el servidor BO20 (IP 18.220.48.51), que no pertenecía ni era controlado por ninguna entidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

“Este servidor fue creado el 21 de octubre de 2019 a sugerencia del señor Sergio Martínez Beltrán. La orden fue transmitida por el vocal Edgar Gonzales hacia el director de la Dntic, Windsor Saire, y este a sus dependientes. Este servidor no tenía agentes de control y fue configurado por Marcel Guzmán de Rojas. Este servidor estaba ajeno a la infraestructura informática de las elecciones de 2019 y estaba fuera de los protocolos”, dice el informe policial.

La Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe de auditoría a las elecciones del año pasado, señaló que este servidor fue implementado en una tercera red y ocultado al equipo auditor de la OEA desde su arribo a la ciudad de La Paz, omitido en todos los informes y no mencionado por los técnicos entrevistados hasta su detección.

En este campo se vincula a Sergio Martínez, quien fue identificado como el informático-asesor de sala plena del TSE y que tenía acceso a información exclusiva del ente electoral. Martínez salió del país por la frontera con Perú.

El informático trabajó en el Instituto Nacional de Estadística (INE) y 12 días antes de las elecciones se lo presentó como “asesor técnico” de la sala plena. El exvocal Costas lo desconoció.

“Martínez Beltrán no usaba una computadora de la institución, usaba una laptop color plomo marca Toshiba pantalla touch screen de su propiedad, eso limitaba el acceso físico y digital a cualquier funcionario para aplicar protocolos de seguridad dentro de la mencionada laptop”, dice el informe policial.

Autoridades del MAS

Sobre los 21 extranjeros, la Policía identificó a 20 ciudadanos mexicanos y un venezolano-argentino. La Policía acusó a los foráneos de ser parte del fraude electoral, ya que tuvieron contacto con funcionarios del Gobierno del MAS.

El informe lanza el nombre del mexicano Ramón Díaz Ávila, a quien lo vinculan como parte de la estructura del Partido del Trabajo, organización política del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, existe un homónimo del mismo país que es informático.

La Policía llegó a la conclusión de que los exministros Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Wilma Alanoca, ahora con asilo en la embajada de México, fueron parte de la coordinación del fraude. Incluyen al que fue jefe de gabinete de Quintana, Max Eguivar, de haber organizado reuniones en la Casa Grande del Pueblo.