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La investigación realizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) concluye que una célula del MAS al interior del ente electoral, en coordinación con personal de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), y jefes de tecnologías de varios ministerios, y con el apoyo de 21 extranjeros, son responsables del fraude en las elecciones generales de octubre de 2019.

En una extensa conferencia de prensa, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, presentó los datos que arrojan las pericias realizadas en casi un año. Reveló que existieron llamadas telefónicas entre vocales electorales con autoridades del “instrumento político” y que se llegó a contratar tres pisos de un hotel de La Paz para idear la forma en la que se adulteraron los datos para que Evo Morales resultara nuevamente ganador de los comicios.

Las irregularidades, de acuerdo a la explicación, se perpetraron por dos vías. La primera fue la adulteración de actas con la ruptura de la cadena de custodia del material usado en el sufragio, evidenciando que una misma persona llenó más de un documento y que muchos notarios delegaron a terceras personas la devolución de los insumos.

La segunda fuente de las alteraciones fue informática, con la incorporación de un servidor no autorizado con un software provisto por la empresa ‘Territorial visor’, que irrumpió para solicitar la validación de 30.000 datos, que harían variar la tendencia del voto a favor del MAS.

La autoridad reveló que un cruce de llamadas comprobó que existieron contactos entre la vocal electoral de La Paz, Marianela Revollo, con la autoridad nacional, Lucy Cruz, ambas delegadas presidenciales de Evo Morales, pero además con la diputada Sonia Brito y con el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hoy refugiado en la residencia de la embajada de México.

“El Órgano Ejecutivo interfería en las labores del Órgano Electoral, había una sumisión de esos vocales designados, que, seguramente, terminaron pagando favores. Estas comunicaciones el propio día de las elecciones revelan el interés de las autoridades del anterior Gobierno para acceder a información y seguramente para seguir dando instrucciones”, denunció Santamaría.

Los datos también revelan que 21 ciudadanos extranjeros, 20 mexicanos y un venezolano-argentino, llegaron a Bolivia entre agosto y septiembre, coordinando tareas con Max Javier Eguivar Estrada, jefe de Gabinete de Quintana, y con Sergio Martínez, funcionario del ente electoral, que habría operado el fraude.

“Se verificó que el padrón otorgado a la empresa Neotec tenía un grave problema. Dentro de las listas de habilitados (para sufragar), el señor Marcel Guzmán incorporó a fallecidos, inhabilitados, actos que fueron dolosos. Un testigo señala que se tenía conocimiento de esta irregularidad y que, pese a eso, se siguió con el TREP. Sabían que no podían de forma correcta ganar la elección y por eso permitieron la incorporación de ciudadanos no habilitados (al padrón), ese margen es el que se utiliza para proclamar ganador al MAS”, detalla el informe.

Otra revelación que realizó el viceministro es la dirección de IP desde donde se realizaban las validaciones de los datos. Dicha dirección le pertenece a Marcel Guzmán de Rojas, de la empresa Neotec, que está fuera del país. “Se alteró, se atacó a través de las solicitudes de validación el servidor principal y obviamente por eso se paraliza el TREP”, explicó el titular.

Finalmente, la autoridad del Ejecutivo resaltó todos los hallazgos de la labor realizada por la Felcc, lamentando que la Fiscalía requiera ahora una pericia extranjera para seguir con las indagaciones, por lo que instó a que exista celeridad y se toman en cuenta todos estos datos aportados. “Al Gobierno no le queda duda que el MAS, el partido de Evo Morales, no es un partido o una organización social, es una organización criminal que por todos los medios buscaba atornillarse en el poder”, enfatizó.

Declaraciones de la autoridad: