Longaric dice que se notificó al exagente Rodríguez Veltzé por no entregar informes del caso Silala y que el tema marítimo debe ser analizado por el siguiente gobierno

29 de septiembre de 2020, 7:47 AM
29 de septiembre de 2020, 7:47 AM

_¿Cómo califica la actual relación con Argentina?
El Gobierno de Bolivia buscó y busca tener buenas relaciones diplomáticas con todos los países, especialmente con nuestros vecinos. Lamentablemente, el gobierno del señor y la señora Fernández, desde el primer día, tuvo una actitud hostil hacia Bolivia y hacia nuestro proceso democrático. Por eso, las relaciones entre Bolivia y Argentina no pasan por un buen momento.

_¿Se paralizaron las relaciones comerciales y de cooperación por la difícil situación?
No. Las relaciones comerciales se mantienen sin ningún problema al margen de las dificultades surgidas por la pandemia. Las relaciones consulares también son normales. Es más, hay algo que debemos aclarar. Por un lado, el gobierno argentino afirmó que no reconoce al gobierno constitucional de Bolivia, pero por otro lado, el gobierno argentino acreditó a diplomáticos ante nuestro gobierno, quienes en muchas ocasiones pidieron nuestra colaboración en distintos temas. Es decir, existe una contradicción extrema entre los discursos del gobierno de Alberto Fernández y de su Canciller Felipe Solá.

_¿Tuvo contacto en su gestión con alguna autoridad argentina?
Sí. Tuve contacto con el anterior gobierno argentino. Incluso conversé con el expresidente (Mauricio) Macri en el marco de la cumbre del Mercosur el año pasado. Sin embargo, no he tenido contacto con ninguna autoridad argentina desde el inicio del gobierno del presidente Fernández.

_¿Qué nuevas medidas asumirá nuestra Cancillería ante la posición de Argentina?
Por el momento, hemos comunicado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) nuestra preocupación por las declaraciones de funcionarios argentinos. También hemos sugerido al TSE que pida una misión internacional e imparcial de observadores para las elecciones en territorio argentino. Creemos que, dada la situación actual, una misión de observadores es lo mínimo que podemos hacer para asegurar las elecciones limpias y transparentes.

_¿Cómo se encuentran las demandas contra Diego Pary y Rubén Saavedra por la compra con supuesto sobreprecio del tinglado en Buenos Aires?
La denuncia es por comprar un inmueble que –en primera instancia– fue categorizado como habitable por la comisión verificadora para la compra. Sin embargo, poco después de adquirir esta antigua fábrica, el excónsul de Bolivia en Buenos Aires envió una solicitud de casi 550.000 dólares para acondicionar el inmueble. Esta contradicción muestra la falta de transparencia en la compra. Ahora, el señor Pinto, actual Cónsul General de Bolivia en Buenos Aires, debe aún enviar documentación complementaria sobre esta compra para continuar con las investigaciones sobre otras irregularidades. Hemos conminado a nuestros funcionarios a enviar la información lo antes posible, porque ya son meses que esperamos la llegada de estos documentos desde Buenos Aires.

_¿Todavía no se emitió autorización de ocho países para que bolivianos puedan emitir su voto?
De los 30 países donde se realizarán elecciones, solo falta que cinco países otorguen su aquiescencia para autorizarnos la realización. (La respuesta fue entregada el pasado viernes).

_¿Hay riesgo de que no se vote en algunos países?
Podría ser. Esto depende de la aquiescencia de las autoridades extranjeras que seguramente evaluarán las condiciones sanitarias en sus países antes de autorizarnos a realizar las elecciones en sus territorios.

_¿Pudo hablar con el exagente Eduardo Rodríguez Veltzé para la entrega de información del caso Silala?
No. El ex agente Rodríguez debe, por ley, entregar la documentación que tenga sobre el caso Silala o transmitir la información que dice guardar en su memoria. Al negarse a entregar información reservada, el exagente Rodríguez incumple con su deber constitucional. No sé si lo hace para protegerse a sí mismo o para proteger a sus amigos del anterior gobierno. Pero este es un asunto de Estado, no un asunto privado, por eso lo hemos notificado. En caso de que no cumpla con su deber constitucional, la Junta de Procesos Administrativos determinará su responsabilidad.

_¿Cómo se debe encarar una nueva estrategia en el tema marítimo?
En mi condición de canciller, debo ser muy cautelosa respecto a este tema. Además, esta es una tarea que le corresponderá analizar al siguiente gobierno. Sin embargo, en mi gestión hemos tomado acciones que con seguridad contribuirán a la elaboración de una nueva estrategia en el tema marítimo. Por ejemplo, reactivamos la Unidad de Análisis de Política Exterior, estamos creando mecanismos para facilitar el intercambio formal de criterios entre Cancillería y expertos.