Escucha esta nota aquí

Asumió hace un par de semanas y ahora se exige su destitución. El Procurador General del Estado, Alberto Javier Morales, realizó entre ayer y hoy revelaciones que complican al candidato Luis Arce y la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) solicita su destitución.

La autoridad reveló esta mañana que el exministro de Economía de Evo Morales y su esposa, Lourdes Brígida Durán Romero, exgerente del Banco Unión, realizaron movimientos económicos irregulares por unos Bs 6 millones, entre 2006 y 2020, atribuibles a enriquecimiento ilícito.

Además, también pidió a la Fiscalía imputar al exmandatario, a Álvaro García Linera y a Juan Ramón Quintana por el fraude en los comicios de octubre de 2019, tras revelar que 13 ciudadanos mexicanos coordinaron con el exministro de la Presidencia las irregularidades perpetradas en ese proceso.

Ante esas actuaciones, la mayoría de los diputados y senadores del MAS aprobó en las últimas horas, de forma sorpresiva, una resolución de objeción a la designación de Morales, argumentando que como abogado ofició recursos contra el Estado en los últimos cinco años.

Sin embargo, esta mañana, en conferencia de prensa, el Procurador calificó de "irracional, baladí y atemporal" ese argumento, porque la última actuación procesal que tuvo fue el 1 de septiembre de 2015 en una acción de amparo constitucional, y su nombramiento es del 17 de septiembre de 2020, por tanto, el supuesto impedimento legal está fuera de tiempo.

“El argumento utilizado está fuera de tiempo, han pasado más de cinco años de esa acción. Una vez que me notifiquen, yo soy hombre de derecho y de fe, como hombre de derecho cumpliré con el cese inmediato de funciones, pero hasta que eso ocurra, ejerceré la función de Procurador”, sostuvo enfáticamente

Desde el MAS, la exministra de Salud Gabriela Montaño, considera que es el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien utiliza al nuevo Procurador para hacer “guerra sucia” contra Arce Catacora, que también es investigado por el millonario desfalco en el Fondo Indígena.