La Defensoría del Pueblo presentó su informe de media jornada sobre la segunda vuelta electoral, destacando que el proceso se desarrolla con “regularidad”, aunque acompañado de una serie de incidencias administrativas y logísticas que reflejan tensiones habituales en este tipo de jornadas.
Para este operativo, la institución desplegó 127 personas —76 voluntarios y 51 funcionarios— en cinco departamentos del país, alcanzando a 16 gobiernos municipales y verificando un total de 128 recintos electorales. El objetivo fue observar el desarrollo de la votación, las condiciones de acceso y el respeto a los derechos ciudadanos en distintos contextos.
“El informe de media jornada nos lleva a la conclusión de que se ha desarrollado la jornada electoral con regularidad, con incidentes administrativos que generalmente se presentan y que, sin embargo, no empañan la regularidad del acto electoral”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Calisaya.
Mesas de sufragio
Uno de los aspectos que llamó la atención fue la composición de las mesas de sufragio. A pesar de que en varios recintos las mujeres son mayoría entre los jurados electorales, el 64% de las presidencias de mesa están ocupadas por hombres, frente a un 36% por mujeres. El dato pone sobre la mesa un debate recurrente sobre la distribución de roles dentro del sistema electoral.
En términos de control político, el 79% de las mesas contó con al menos un delegado de organizaciones políticas, lo que refuerza los mecanismos de fiscalización. Sin embargo, el informe también advierte una limitación estructural persistente: el 23% de los recintos no es accesible para personas con dificultades de movilización, lo que restringe el ejercicio pleno del voto para este sector de la población.
El registro de incidencias alcanzó los 152 casos a nivel nacional, de los cuales 81 (53,3%) fueron subsanados de manera inmediata. La mayor concentración de reportes se registró en Oruro con 72 casos, seguido de Beni con 49, Santa Cruz con 23, Tarija con 7 y Chuquisaca con 1.
Irregularidades menores
Las principales irregularidades detectadas están vinculadas a la emisión de certificados de impedimento (58 casos) y la instalación de mesas fuera del horario establecido (48 casos). También se reportaron problemas como voto asistido, voto preferente, falta de señalización y ausencia de puntos de información en algunos recintos.
“La mayor recurrencia está en la certificación de impedimento y en mesas que se instalan fuera de horario”, explicó.
Uno de los hechos más relevantes se registró en Santa Cruz, en la unidad educativa Adela Zamudio, donde varias mesas fueron habilitadas fuera del horario reglamentario. En ese mismo departamento, se detectó el cobro irregular de dos bolivianos a votantes en las mesas 16, 22 y 26, presuntamente para pagar a jurados improvisados ante la ausencia de los designados. La situación fue reportada al Tribunal Electoral Departamental y corregida durante la jornada.
En Oruro, en tanto, se identificaron retrasos en la apertura de mesas en unidades educativas como Beneméritos de la Patria, Zeque y Otero de la Vega. En estos casos, el ausentismo de jurados obligó a reorganizar las mesas, lo que derivó en demoras que posteriormente fueron subsanadas.
Incidentes
En el ámbito de la conflictividad electoral, el informe registra un único incidente significativo en el municipio de Exaltación, en Beni. Allí, un grupo de pobladores intentó impedir la instalación de mesas en la unidad educativa José Max Paredes, argumentando que en la primera vuelta no pudieron votar. Tras la intervención de la Policía y la coordinación con el Tribunal Electoral, se logró restablecer la votación con normalidad.
La Defensoría también puso énfasis en el monitoreo de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se visitaron seis recintos penitenciarios, dos centros de reintegración, cuatro celdas policiales, siete unidades militares y seis hospitales o centros de salud.
Entre los hallazgos, se reportó un caso de presunta falsificación de permiso de circulación en celdas policiales de Santa Cruz.
En el penal de San Roque, en Sucre, se verificó la instalación oportuna de cuatro mesas de sufragio, con la participación de 816 personas entre privados de libertad y ciudadanos que recuperaron recientemente su libertad.
En el ámbito militar, la Defensoría identificó una dificultad recurrente: muchos efectivos no pudieron ejercer su derecho al voto debido a su despliegue en tareas de resguardo electoral en recintos alejados. Esta situación fue reportada en distintas unidades, como en Camacho (Oruro) y en el Regimiento de Infantería II “Mariscal Antonio José de Sucre”, donde se confirmó que conscriptos e instructores fueron enviados a puntos distantes, impidiendo su participación.
En contraste, en el sector salud se observaron esfuerzos organizativos para garantizar el voto sin afectar la atención médica. En el hospital Santa Bárbara de Sucre, por ejemplo, el personal fue trasladado por turnos a sus recintos electorales, asegurando la continuidad de servicios críticos como laboratorio, emergencias y terapia intensiva.
En general, según Calisaya, la jornada electoral se desarrolla con normalidad. Las incidencias registradas —principalmente de carácter administrativo— son consideradas habituales y, hasta el momento del reporte, no comprometen la legitimidad del proceso.
La institución adelantó que continuará con el monitoreo durante el resto de la jornada y que emitirá un informe final que permitirá evaluar con mayor precisión el desarrollo integral de la segunda vuelta electoral en el país.