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La exministra de Comunicación, Gísela López, “escapó” de Bolivia el 22 de noviembre con rumbo a Argentina y el Gobierno nacional formalizará hoy una denuncia penal contra más de 23 personas, algunos exfuncionarios, por los contratos firmados con la empresa mexicana ‘Neurona’, según informó este lunes la actual titular de ese despacho, Roxana Lizárraga.

En conferencia de prensa junto al senador Óscar Ortiz, que investigó el caso, la autoridad detalló que la expersonera de la administración de Evo Morales se habría apersonado a la embajada de México para solicitar asilo, pero después salió de territorio nacional, de acuerdo al informe migratorio.

Los datos indican que fueron cuatro contratos y cuatro órdenes de servicio encargadas, de forma directa, sin licitación, a la firma extranjera, por un monto de 13 millones de bolivianos y sobre los que se sospechan hechos de corrupción que ocasionaron un daño económico al Estado.

Lizárraga manifestó que López salió vía Yacuiba (Tarija) y que se pedirá a Interpol activar la alerta roja para que se dé con su paradero y se pueda tramitar su retorno al país, para que rinda cuentas ante la justicia.

La conferencia de prensa:


“Fue un robo a las arcas públicas”, afirmó la ministra de Comunicación, detallando que de los 23 denunciados, 14 son exfuncionarios de esa cartera de Estado y los otros fueron intermediarios de ‘Neurona’, anticipando que realizarán auditorías a unos 90 contratos firmados en la gestión del MAS.

Ortiz anticipó que se constituirá en parte denunciante y reprochó el accionar de la Contraloría General del Estado, que habría dilatado el informe sobre las irregularidades hasta ahora, pese a que se requirió la conclusión de las investigaciones desde hace varios meses.

Los datos indican que la empresa fue fundada un mes antes de aterrizar en Bolivia (tenía escritura legal del 19 de febrero de 2018) y ser contratada por el Estado, y apenas contaba con un patrimonio de 5.000 dólares, accediendo luego a millonarios contratos en el país.

Finalmente, la ministra relacionó a la empresa mexicana con el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, considerando como una suerte de pago del “favor” el trato que ahora recibe Evo Morales en su condición de asilado.