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Fernando Soria / Iván Paredes

La explosión de una granada en la cárcel de Mocoví, Trinidad, que mató a dos internos e hirió a 32, cuya autoría fue asumida por el reo brasileño Lucas Rossendi, miembro del Primer Comando de la Capital (PCC), ha derivado en que el Gobierno boliviano apunte su atención en esa organización criminal brasileña, a la que sindica de pretender tomar el control de las cárceles del país.

Además, ayer, el director general de Régimen Penitenciario, coronel José Dulfredo García, afirmó, en un comunicado de prensa del Ministerio de Gobierno, que el PCC tendría presencia en el trópico cochabambino negociando con la producción de cocaína.

Sumado a lo sucedido en Mocoví y el anuncio del Ministerio de Gobierno de expulsar a nueve miembros del PCC que están presos en distintas cárceles de Bolivia, ayer, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Miguel Mercado, aseveró que el anterior domingo, cuatro internos del PC-4 del penal de Palmasola resultaron con quemaduras pero no por un incendio accidental, sino por un intento de amotinamiento y de fuga liderado por extranjeros que serían miembros del PCC.

Aseveró que el intento de fuga se originó en el denominado ‘bote’ (sitio de castigo) del PC-4, donde se quemaron algunos colchones y que según informes de inteligencia, ese hecho tendría conexión con lo sucedido en Mocoví.

Por otra parte, ayer en Trinidad, el brasileño Lucas Rossendi, que mató a dos internos con una granada e hirió a otros 32, se sometió a un juicio abreviado y fue condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto por el delito de asesinato.

PCC en Chapare y caso Fuminho​

En cuanto a la presencia del PCC en Chapare, García aseguró que
como el PCC trafica con droga, tiene a Bolivia como un país “muy apetecido” y que “hasta me animaría a señalar que en Chapare debe existir gente del PCC, porque ya han estado ahí, es un tema relacionado a la seguridad nacional”.

Uno de los antecedentes al respecto fue un informe del periódico O Globo de Brasil, que en abril de 2018, citando fuentes policiales de Bolivia, afirmaba que uno de los líderes del PCC, Gilberto Aparecido dos Santos, alias Fuminho, tenía una hacienda en Chapare, y que contaba con influencias con el Gobierno boliviano de entonces. El exministro de Gobierno Carlos Romero afirmó que Fuminho había ingresado a Bolivia en 2008 con un nombre falso y que salió al poco tiempo hacia Paraguay.

“Según reportes de inteligencia de Brasil, el PCC (...) quiere apropiarse de las cárceles como en el caso de Bolivia…No tienen límites, son violentos, tienen casi una estructura militar, manejan armamento de grueso calibre, tienen también una fortaleza económica”, acotó García.

Dos de los PCC en Palmasola

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que por lo menos nueve brasileños presos en Bolivia y ligados al PCC serán expulsados a su país. En los archivos de EL DEBER, entre 2012 y 2016 se consignan los nombres de 26 personas relacionadas con esa organización, de las cuales 17 eran brasileños. Sin embargo, algunos fueron abatidos, como el caso de los asaltantes de Eurochronos; otros fueron expulsados, como los que asaltaron un cuartel en Pando en 2017, y otros habrían salido del país, como el caso de Fuminho.

Los que constan que están presos en Bolivia, ambos en Palmasola, son Mariano Tardelli, implicado en el caso Brinks, y Carlos Roberto de Jesús Magrao (cuyo verdadero nombre es Joelcio Márquez da Souza), sindicado como el ideólogo del atraco a la joyería Eurochronos.

Protesta en San Pedro de La Paz

Los internos del penal de San Pedro en La Paz se “amotinaron” ayer a raíz del malestar por las declaraciones de una ex autoridad penitenciaria. “Denigró a los privados de libertad, declaró que las cárceles están llenas de prostitutas y los internos salen por las noches para delinquir”, dijo García. Régimen Penitenciario y los privados de libertad del penal acordaron iniciar medidas legales.

Se buscará, entre otras cosas, conocer el plan de acción y los protocolos usados en Las Américas

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó de que se solicitó al Consejo de la Magistratura realizar una auditoría jurídica al caso terrorismo, que fue cerrado tras 11 años de iniciado el proceso, debido a que fue “contaminado” por intereses políticos. “Por las características del juicio que fue contaminado por los intereses políticos, urge la necesidad institucional de esta cartera de Estado para solicitar al Consejo de la Magistratura la inmediata instrucción para la ejecución de la auditoría jurídica de todo el proceso con carácter de urgencia”, señala la carta que envió a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Dolka Gómez.

La auditoría deberá establecer cuál fue el plan de acción o los protocolos utilizados en la intervención del hotel Las Américas.

Coimbra adelantó que entre los responsables de urdir ese caso se encuentra el exfiscal Marcelo Soza, que tiene una sentencia de 12 años de prisión por extorsión a los procesados en el caso terrorismo, y que se encuentra en calidad de refugiado en Brasil.

La autoridad dijo que se prevé que los resultados de esa auditoría estén listos en un plazo no mayor a seis meses, además consideró que la solicitud no es incompatible con una querella que tiene previsto iniciar el Ministerio de Gobierno. /ABI