Gobernación cruceña ve que el proyecto que contempla el recorte del 12% del IDH ayudará a enfrentar el Covid-19
Consideran que es inútil retener los recursos cuando existe necesidad de alimentos para la población y de insumos en el caso de los hospitales. Consideran que esta iniciativa debería ser permanente y no solo mientras dura la emergencia sanitaria
El proyecto de ley que llama a suspender de forma temporal el recorte del 12% del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) para los municipios, gobernaciones y universidades estatales ayudará a contar con más recursos para enfrentar el coronavirus y distribuir alimentos a la población. Así lo observan desde la Gobernación de Santa Cruz.
El secretario general del Gobierno cruceño, Vladimir Peña, señaló que apoyará cualquier iniciativa que signifique "corregir una injusticia" (asumida durante la gestión de Evo Morales) y tener más recursos para enfrentar la pandemia, ya que tener dinero guardado cuando las entidades autónomas necesitan recursos es algo "inútil", sino que se debe dar apoyo a la población y a los hospitales.
El 23 de abril, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que suspende de forma temporal el descuento del 12% del IDH, establecido en la Ley 767 de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, emitida en 2015, hasta que finalice la declaratoria de la emergencia. Esto significa que se devolverá cerca de $us 495,8 millones, dinero en custodia del Banco Central de Bolivia.
El artículo 12 de esa ley dispone que el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Exploración Hidrocarburífera se financiará con el 12% de los recursos provenientes del IDH antes de la distribución a las entidades territoriales autónomas, universidades públicas y otros beneficiarios, aplicable desde enero de 2016.
Peña agregó que dicha norma no debería ser temporal hasta que concluya la emergencia sanitaria, sino que debería anularse porque las entidades requerirán recursos para el día después de la cuarentena.
El proyecto de ley dispone que, del total de los recursos provenientes de su aplicación, el 50% se destinará a actividades de prevención, atención y contención del coronavirus, el equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas.
También establece que el 25% irá a la provisión de alimentos para la población en el marco de los programas de seguridad alimentaria y el restante 25% al fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena y la paralización de actividades para reducir la expansión de la pandemia.
En tanto, las universidades públicas deberán contribuir de forma directa con las actividades de prevención, atención y contención del virus, el equipamiento de hospitales universitarios y la adquisición de pruebas rápidas, según el reporte de ABI.
