Municipios cruceños crean áreas protegidas para defenderse de los avasallamientos

La Chiquitania ya no es lo que era. La hostilidad está en el aire. Las puertas no están abiertas como antaño; hoy, algunas nuevas poblaciones, sobre todo en el distrito 7 de San Ignacio, ubicado en el Camino a Piso Firme, han dejado claras sus reglas a través de letreros: “Prohibido el ingreso a personas ajenas a la comunidad”.

Hoy, una parte de la dirigencia chiquitana dice que no tiene relación con “esa gente intercultural”. Mientras que una porción de esa gente declara no estar tan feliz como parece con su realidad dentro de una dictadura sindical.

Actualmente, los alcaldes afrontan problemas para marcar -en físico- los hitos de las áreas protegidas que declararon a través de leyes municipales. Son interpelados por los supuestos nuevos habitantes de la zona a los que nadie conoce, excepto la dirigencia de la comunidad más grande del lugar, San Martín, que desde hace tiempo aspira a ser un municipio aparte.

En la región donde antes la gente encontraba paz, entorno verde y canto de las aves, hoy suenan la maquinaria pesada que desmonta, los petardos de bloqueadores y cada vez más fuerte la presencia del narcotráfico, que no lidia con el control del Ejército. Lo quitaron hace un tiempo sin dar explicaciones. Al menos el alcalde de San Ignacio, Moisés Salces, no sabe exactamente cuándo.

Casi con la misma discreción se lanzó el decreto supremo 2745, del 27 de abril de 2016, que incorpora la ruta F10 (Santa Rosa de la Roca-Piso Firme), y que une a Santa Cruz con Beni, a la red vial nacional.

Su impacto ha sido analizado en un informe elaborado entre la Cooperación Alemana (GIZ) y el Instituto de Investigación Científica y Social de la Universidad NUR.

Además, paralelamente se analiza una propuesta de cambio en la ley del suelo, de la que la que casi nadie tiene conocimiento oficial, ni siquiera la Gobernación, que tiene la prerrogativa departamental para esa tarea, según reconoció el secretario de Desarrollo Productivo, Luis Alberto Alpire.

La lucha municipal

En un mes y medio, las alcaldías de San Ignacio de Velasco, Concepción y San Javier han declarado áreas protegidas en sus territorios, con casi un millón de hectáreas, 150 mil, y 54 mil, respectivamente, con el apoyo de organismos no gubernamentales pro medio ambiente.

El lunes pasado, Moisés Salces, por cuenta de San Ignacio, y David Mollinedo, alcalde de Concepción, viajaron acompañados de una comitiva para colocar los mojones de las nuevas áreas protegidas. Sin embargo, en el trayecto, fueron bloqueados por cuatro horas por interculturales, de ellos, el conocido de las autoridades era el dirigente de San Martín, Ciriaco Umaña.

La exigencia era que retiren el mojón, argumentando que ellos habitaban la zona. Al final hubo firma de un acuerdo, los interculturales serían incluidos en el plan de manejo del Área Protegida (AP) Bajo Paraguá, y los nombres de las comunidades serían grabados, con plazo hasta este domingo 25. Caso contrario, los colonos retirarían el mojón que marca el inicio del AP.

Más tarde, y superado el impase, en Picaflor, donde se firmó el convenio entre los municipios de Concepción, San Ignacio y la Fundación Natura, Salces aclaró que el acta correría, siempre y cuando se corrobore la legalidad del pedido.

De las siete comunidades que dijeron habitar la actual zona protegida -reserva forestal desde 1988-, al menos tres tienen los mismos nombres (Satélite, Los Cedros, Monte Grande) que estaban apuntados en letreros colocados en brechas abiertas en el AP, y que figuran en una denuncia previa de la Alcaldía de San Ignacio, que fueron constatados por la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT), que además emitió un informe en febrero. 

Estos colonos aseguran que habitan desde hace tres años en la AP Bajo Paraguá/Foto: Claudia Belaúnde

Desde entonces no se pronunció más sobre el tema. Los nombres además constan en el reportaje Tráfico de tierras: Chiquitania, un botín político y económico, publicado por EL DEBER el 18 de marzo.

La Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC) emitió un informe hace un par de días, respaldado con datos satelitales multitemporales. El documento refleja tres momentos, agosto de 2019, julio de 2020, y noviembre de 2020. En esta última fecha recién aparece el desmonte de 67 hectáreas dentro del área protegida Bajo Paraguá, que pertenece a San Ignacio de Velasco, y solo deforestación para brechas, sin registro de asentamientos humanos, contrariamente al argumento de los colonos.

Según Rosa Leny Cuéllar, coordinadora general del proyecto ECCOS, de la FCBC, el informe se hizo porque es necesario que el alcalde esté en conocimiento de la realidad. “En el bloqueo, la gente decía que estaba asentada desde hace tres años, que ya tenía plátano, inversión, etc. y que no iban a sacarlos”, recordó.

Dice que el argumento sorprendió a la organización ambiental, ya que cuando se hizo la consulta pública no había esas brechas ni gente al interior. “Hemos analizado los mapas para hacer la delimitación del área y no había asentamientos dentro, y la propuesta se hizo el año pasado”, aseveró.

Cuéllar informó que los desmontes son de brechas, rectos, ya que hacen caminos para meter maquinaria, “lo más fácil para ellos es desmontar de la brecha central y desde ahí seguir con el resto”.

En contrarruta

Mientras que algunos gobiernos municipales se esfuerzan por blindar sus territorios, las medidas que afectan al medio ambiente van en sentido contrario.

“Hay interés desde el Gobierno nacional de otorgar tierras a gente de otras culturas porque son réditos políticos y eso se está viendo en toda la Chiquitania y la Amazonia. Es tierra fiscal que ellos tienen disponible, porque ellos, a nivel de Gobierno, manejan todos los mapas, a través del INRA, y están entregando básicamente a colonos que no son locales y esa es la queja de los pueblos indígenas, que tienen demandas de tierras, y en ningún momento se les está aprobando a ellos”, detalló Rosa Leny Cuéllar.

Según la ejecutiva de FCBC, es bien vulnerable el tema, porque así como hay alcaldes comprometidos que defienden su territorio, saben de autoridades que ofrecen legalizar tierras y apoyar para asentamientos, con tal de tener ese rédito político.

“Lo hemos visto en San José, en San Miguel de Velasco, donde el alcalde ganador ofreció tierras cuando era diputado y generó conflictos. También hay preocupación con el nuevo alcalde de San Ignacio, porque cuando nos bloquearon los interculturales, dijeron que arreglarían con él. Sabemos que ofreció dar lugar a un nuevo municipio”, aseveró.

María Teresa Vargas, de Fundación Natura, a cargo de la elaboración del plan de manejo del área protegida (AP) Bajo Paraguá, dijo que el paso de crear un AP es el más corto y simple, pero que un AP se consolida cuando tiene gestión. “Cuando deja de ser un área de papel y se convierte en uno que tiene vida. Esa vida se la dan los ciudadanos que se atreven a defender su territorio y conservarlo”, afirmó.

Dictadura sindical

El distrito 7 es el que ha sido habitado en los últimos años por bolivianos que no son de la región. Uno de ellos es Pedro (nombre ficticio), que pertenece a la subcentral 19 de marzo, afiliada a la Central San Martín.

Dice que les prometieron titularle las tierras si aportaban y se asociaban. Sin embargo, después empezó la politización, la más fuerte con la irrupción de las ‘pititas’.

Pedro cree que aún no están titulados, pero los datos del Inra confirman que sí. “Varias veces hemos querido retirarnos de la central, pero como tenían el MAS a favor, amenazaban con trancarnos el título, y no perdonan las multas, por no ir a sus bloqueos, etc., dicen que nos harán desaparecer y que ‘cepillarán’ a las autoridades que no los tomen en cuenta”, compartió.

Según Pedro, el aporte de cada afiliado es de Bs 10 a 30. Multiplicando un aproximado de 30 familias, por 1.400 comunidades asentadas, que aportan Bs 30, la Coordinadora de la zona recibiría un promedio mensual superior al millón 200 mil bolivianos. “Se agarran la plata y no hacen buena rendición”, cuestionó.

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