La presidenta Jeanine Áñez aprobó, en la víspera, un decreto de indulto y amnistía para privados de libertad mayores de 58 años y mujeres que tengan uno o más hijos, para que puedan abandonar las cárceles desde los 55 años.
La disposición debe ser elevada a rango de ley y el Gobierno confía en que se llame pronto a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para agilizar la salida de las personas de los penales.
“Es importante tomar estas medidas en este momento en el que hay un hacinamiento en las cárceles”, dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ratificando la necesidad de evitar que existan contagios de coronavirus en los centros penitenciarios.
La autoridad aclaró que el beneficio solo llegará a quienes no cumplan penas por violación o feminicidios y busca garantizar el bienestar de la población vulnerable de contagiarse con la pandemia.
En el caso de las mujeres, con un hijo, podrían abandonar su reclusión desde los 57 años, y en caso de tener más, la edad podría bajar hasta los 55 años.
Hace casi una semana, la Defensoría del Pueblo sugirió adoptar la medida, debido a que las cárceles bolivianas tenían en enero pasado unos 19.000 presos, casi el doble de su capacidad, y que dos tercios de eran ciudadanos detenidos sin condena, en espera de juicio.
Los datos indican que en los penales hay más de 700 adultos mayores, al menos 300 enfermos de sida, más de 2.000 enfermos de diabetes y unas 13.000 personas con infecciones agudas diversas, que no reciben adecuada atención.
La falta de ventilación y las malas condiciones sanitarias favorecen las enfermedades contagiosas, que preocupa en las prisiones de todo el mundo. En las cárceles es casi imposible aplicar las medidas de distanciamiento que preconizan los gobiernos y la OMS ni lavarse las manos con frecuencia.